Es oficial: no habrá acuerdo entre el Gobierno y los bancos para resolver parte del pleito con Odebrecht

La semana pasada, un tema levantó la indignación de muchos colombianos. Según una columna de María Jimena Duzán, el Gobierno estaba negociando un acuerdo con los bancos acreedores del proyecto de la Ruta del Sol 2, el cual fue adjudicado a una concesionaria conformada por Odebrecht en sociedad minoritaria con Episol, filial de Corficolombiana que a su vez hace parte del Grupo Aval. Como se sabe, Odebrecht logró esa –entre otras adjudicaciones– gracias a la influencia de sus multimillonarios sobornos.

Antes de que ese escándalo explotara a nivel mundial, la firma brasileña formuló una serie de recobros al Estado por supuestos sobrecostos registrados en la obra y los cuales serían responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura. Ese pleito llevó a que se creara un Tribunal de Arbitramento al que se sumaron luego otros asuntos en pleito. Desde entonces, cerca de 1,2 billones de pesos están en el limbo. Los bancos acreedores los reclaman mientras que una buena parte de la opinión pública considera que dado que fue el consorcio que encabeza Odebrecht el que solicitó esos préstamos, le corresponde a estos hacer esos pagos.

Por eso fue tan polémica la revelación de Duzán, dos semanas atrás, sobre un acuerdo de pago que se estaría cocinando entre el Gobierno y los bancos para que a cargo del presupuesto se desembolsara el pago de los 1,2 billones con el compromiso de que a su vez los bancos desistirían de cobrar los intereses, una suma entre 230.000 y 250.000 millones de pesos. Tanto la Procuraduría como la Contraloría se pronunciaron en contra del eventual acuerdo. La ministra Orozco insistió en que no había acuerdo aunque admitió que efectivamente el tema estaba en discusión, sin concretarse aún. Y resaltó que ya antes se habían hecho dos pagos parciales a los bancos. 

“Los colombianos no deben soportar ninguna carga fiscal adicional por el caso Odebrecht. Como Procuraduría nos oponemos”, puntualizó el procurador encargado Juan Carlos Cortés. El funcionario fue categórico al señalar: “Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol 2 tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”.

El Ministerio Público –así como buena parte de los críticos de la idea– cuestionó que se tratara de hacer un acuerdo en vísperas de que el Tribunal de Arbitramento revele su veredicto. El procurador ordenó una vigilancia inmediata al proceso, teniendo en cuenta que el anuncio del eventual acuerdo se conoce 15 días antes de que el Tribunal de Arbitramento resuelva si declara nulo el contrato por el escándalo de sobornos que compromete a Odebrecht. Entre otras puntualizaciones que hará el laudo arbitral está señalar cuánto vale el 52 por ciento de la obra entregada por el consorcio, así como los costos y pagos ejecutados. Así mismo deberá definir la suerte final del contrato y en caso de anularlo señalar los responsables y las consecuencias. 

Esta mañana, desde la China, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, dejó oficialmente claro que el eventual acuerdo no se dará definitivamente. "Era una conversación que estábamos sosteniendo. No es que desistamos, es que no llegamos a un acuerdo. El Gobierno estaba evaluando esa posibilidad sobre una base: que los bancos renunciaran al cobro de los intereses que están tasados en cerca de 250.000 millones de pesos. Pero no se llegó a un acuerdo sobre la forma de pago. Aclaro, era una conciliación judicial, tenía que ser aprobado por el tribunal. El Gobierno no estaba haciendo nada detrás de nadie".

La Procuraduría informó que no se opuso a los pagos parciales hechos antes a los bancos por cerca de 250.000 millones de pesos porque estos no fueron a cargo del erario sino hechos con recursos de la fiducia. El contrargumento allí –según expertos del Ministerio de Transporte– es que los fondos que había en la fiducia son recursos públicos pues provienen de los peajes y de los aportes del Estado, y que fue de allí que se dispusieron esos pagos parciales.

Dado que un eventual acuerdo de pago a los bancos tendría que contar con la aprobación del Tribunal de Arbitramento, resultaba muy difícil que este prosperara. No solo por la estrechez del tiempo y la inminencia del veredicto, sino porque el pleito es entre el Estado y la Concesionaria Ruta del Sol 2, es decir, los bancos no son propiamente parte en la disputa y con ese argumento los arbitros podrían rechazar el acuerdo que ya no será.  

Aquí puede leer la columna de María Jimena Duzán: Jugando a la ruleta.

Con el anuncio de la ministra de Tranposte de que la posibilidad de un acuerdo está descartado cobra aún más expectativa lo que ocurrirá el próximo martes cuando el Tribunal de Arbitramento de Bogotá dé a conocer sus conclusiones. 

Este tema fue la portada de SEMANA el domingo pasado.

Los platos rotos de Odebrecht

El país quedó conmocionado con la noticia de la semana pasada: los colombianos tendrían que pagar una buena parte del descalabro de Odebrecht. Pocos entienden cómo, después de probados los sobornos de esa multinacional, esta reclama billonarias sumas sobre las cuales un Tribunal de Arbitramento tendrá que fallar en los próximos días.

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El asunto es muy complejo tanto política como jurídicamente. En el pleito están metidos, además de la multinacional brasileña, el hombre más rico de Colombia, siete bancos, la ministra de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Contraloría, la Procuraduría, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Industria y Comercio. Y el dinero en juego se cuenta por billones de pesos, lo que lo acerca al recaudo de una reforma tributaria.

Todo comenzó cuando en enero de 2017 el entonces senador Iván Duque le mandó una carta al entonces superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, para pedirle investigar “las prácticas y responsabilidades de la empresa Odebrecht por la eventual violación del régimen de libre competencia… y traslade los hallazgos a los que haya lugar a las autoridades penales en el evento de encontrarse la comisión de conductas punibles”. En lenguaje raso, Duque pedía que, como ya eran conocidos los sobornos de Odebrecht, Robledo le abriera una investigación a la multinacional para determinar las responsabilidades administrativas o penales.

Para ese momento, el escándalo internacional ya había estallado, y en Colombia el exviceministro Gabriel García Morales y Otto Bula estaban presos por recibir sobornos de 11 millones de dólares. En esas circunstancias, el Gobierno tenía dos alternativas: dar por terminado anticipadamente el contrato o decretar la caducidad del mismo.

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Ambas tienen consecuencias totalmente diferentes. Cuando se decreta la caducidad, la firma concesionaria queda señalada como responsable de los hechos irregulares, tiene que pagar una multa y es inhabilitada para contratar con el Gobierno entre cinco y diez años. Eso implica, además, que no hay posibilidad de pataleo nacional ni internacional, ni indemnizaciones a cargo del Estado.

La otra alternativa, la terminación del contrato, recibe un manejo mucho más suave. Aunque se considera que una de las partes incurrió en un acto irregular, el tratamiento jurídico les da a las dos partes el derecho a defender sus intereses. Eso deja abierta la posibilidad de emprender reclamos judiciales tanto a nivel nacional como internacional.

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El superintendente Robledo optó por la terminación anticipada del contrato, y no por la caducidad. Argumentó, en primer lugar, que la superintendencia no tenía esa facultad, y agregó que, en su opinión, la caducidad no procedía porque faltaba un elemento clave para poder imponer esa sanción: el incumplimiento de las obras. En todo caso, la terminación anticipada del contrato que él impulsó le cerró las puertas a la posibilidad de caducidad por sustracción de materia. 

Al superintendente Robledo sus críticos le están cobrando esa decisión, pues hizo imposible la caducidad. Teniendo en cuenta los sobornos conocidos de Odebrecht en ese momento, decretarla no era descartable. El escándalo de Odebrecht ya era mundial, y en otros países había sido objeto de sanciones y multas drásticas. Por otra parte, si el requisito para llegar a la caducidad era el incumplimiento, hay quienes argumentan que los sobornos son una forma de incumplir porque se supone que las partes deben actuar legalmente.

Pero en Colombia la posibilidad de decretar la caducidad enfrentaba otro problema. La multinacional no estaba sola en ese negocio. Odebrecht tenía el 62 por ciento en la sociedad concesionaria, y Episol, una firma del Grupo Aval, el 33. El grupo Solarte poseía el 5 por ciento restante, por lo que su participación no era relevante. El hecho de que una empresa de Luis Carlos Sarmiento tuviera la tercera parte de la sociedad le creaba un conflicto a las entidades que tenían que tomar decisiones sobre ese asunto. 

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La filial del Grupo Aval, Episol, no solo negó categóricamente tener conocimiento de los sobornos, sino que se declaró víctima de su socio mayoritario, Odebrecht. Decretarle la caducidad al contrato hubiera implicado extender la responsabilidad de los sobornos al hombre más rico de Colombia, cosa sobre la cual no había pruebas. Un tiempo después de esos hechos, se presentó el carcelazo de José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, el holding de Sarmiento y dueño de Episol, quien terminó condenado por tener conocimiento de los sobornos. Sin embargo, Melo no admite su culpabilidad ni tampoco la extiende a otras personas.

La participación de Sarmiento en la sociedad concesionaria no era la única consideración que se pudo haber tenido en cuenta para no decretar la caducidad. También había consideraciones políticas de por medio. La Ruta del Sol 2 era una de las apuestas del Gobierno Santos en materia de infraestructura. Cualquier pleito alrededor de una obra de esa importancia podría paralizar la totalidad del programa de vías 4G, cosa que, en parte, sucedió.

Y a lo anterior hay que agregarle que no solo estaba de por medio la viabilidad de la locomotora de la infraestructura del Gobierno. También, la salud del sistema financiero que había comprometido billones de pesos en apalancar estas obras. Siete bancos habían financiado la Ruta del Sol 2, cuatro de ellos de Luis Carlos Sarmiento. La caducidad del contrato hubiera implicado un duro golpe a los indicadores financieros de esos bancos y habría bloqueado definitivamente los créditos para otros proyectos de infraestructura.