Gobierno objetó proyecto de ley que acorta a la mitad tiempos de respuesta a derechos de petición

El pasado 9 de noviembre, la representante Juanita Goebertus celebró la aprobación en último debate del proyecto de ley que pretende acortar los tiempos de los trámites de entidades estatales, prolongados en contingencia a la pandemia del covid-19. Mediante el mismo, aprobado por unanimidad en el Senado, se busca derogar los artículos 5 y 6 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

Según el decreto que se pretende modificar, estas tenían plazo hasta por treinta días siguientes a la fecha de recepción. Según la representante Juanita Goebertus, la tardanza de los derechos de petición afectó el acceso a la información y a la libertad de expresión. Sin embargo, después de cantar victoria, el presidente Iván Duque objetó el proyecto de ley por inconveniencia.

Por medio de una carta dirigida al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara, Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, Duque devolvió el proyecto de ley a la Cámara en la que tuvo origen sin la sanción presidencial. Según lo dispuesto en la ley colombiana, volverá a debates en sesión plenaria en ambas cámaras. De aprobarse, sin posibilidad a objeción, Duque deberá sancionarlo. En caso de que no cumpla el trámite en los tiempos estipulados, será tarea del presidente del Congreso.

En las objeciones, Duque aclara que la norma en el decreto expedido por su administración recalca que se trata de una medida tomada durante la emergencia sanitaria, que sigue vigente hasta el 28 de febrero de 2022. Además, argumenta que esta ampliación de los plazos no aplica para actuaciones relativas a la efectividad de los derechos fundamentales.

En el mismo documento se expusieron también los antecedentes de la variante ómicron de la covid-19 en otros países y los trabajos epidemiológicos que estos requieren para mitigar una posible nueva ola de la enfermedad.

“Por su alto grado de transmisión puede cambiar de nuevo el rumbo de la pandemia, en especial la causa de su impacto en la vacunación, lo cual, a su vez, podría dar lugar a la adopción de nuevas medidas sanitarias de distanciamiento y aislamiento”, indicó el documento, recalcando la pertinencia de las medidas que iniciaron la pandemia.

En ese sentido, Duque reiteró que la medida es “materialmente necesaria” por los riesgos que existen de un recrudecimiento de la pandemia o de una cuarta ola de contagios por la llegada de la variante. “La revisión de archivos físicos o la atención de la alta demanda de peticiones es proporcional para proteger la salud y la vida de los trabajadores del país”.

Por su parte, la representante Goebertus lamentó la objeción de Duque. “Muy triste. El gobierno acaba de objetar nuestro proyecto de ley que buscaba devolver a la normalidad los tiempos de respuesta del derecho de petición. Llevan duplicados durante un año y nueve meses porque, durante la pandemia, Duque expidió un decreto ley en el marco de la emergencia que le permitía duplicar esos tiempos de respuesta”, aseveró Goebertus.

A pesar de las objeciones, la congresista reafirma que esto solo era permisible durante la época más dura de la pandemia, con la crisis y la pandemia impidiendo que los funcionarios públicos accedieran a información física. Ahora, dijo, “es una gravísima violación al acceso a la información pública, va en detrimento de la libertad de prensa, de la capacidad de la investigación periodística, de las veedurías ciudadanas y del control político”.

Esa es la tercera vez que le objetan un proyecto de ley a Goebertus, pero la representante piensa volver a “derrotarlos” en el Congreso y contempla la posibilidad de que este caso llegue hasta la Corte Constitucional. “Muy grave decisión del gobierno Duque para nuestra democracia”, expresó.