Gobierno otorga funciones judiciales a procuradores para adelantar trámites de adopción

El presidente Iván Duque le encontró una salida al bloqueo de procesos de adopción por cuenta del coronavirus. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez, anunció este miércoles que el Gobierno decidió otorgarles funciones judiciales a los procuradores para que adelanten trámites de demandas y sentencias de estos procesos tanto de familias nacionales como extranjeras.,

Según Arbeláez, gracias a esta decisión, fruto de un trabajo del ICBF con el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, se logrará desbloquear la adopción de al menos 67 menores. En particular, hay 25 casos relacionados con adoptantes extranjeros que están pendientes y requieren definición urgente.

“Con este apoyo por parte del presidente Iván Duque se ratifica su compromiso con la niñez del país, en esta época de covid-19. Seguiremos salvaguardando los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia", manifestó la directora del ICBF.

Según explicó la entidad en un comunicado, el aislamiento preventivo ha impedido resolver el limbo jurídico de niños, niñas y adolescentes en procesos de adopción.

Para  expedir el decreto, el Gobierno echó mano de la ley estatutaria de los estados de emergencia, específicamente del artículo 21, que prevé el escenario de que no haya jueces o estos estén impedidos para cumplir su función judicial.

El presidente Duque y el procurador Fernando Carrillo, las dos figuras centrales de la decisión.

Este artículo señala que el Ejecutivo podrá determinar qué autoridades civiles ejecutivas podrán ejercer esas funciones judiciales, "las que deben ser claras y específicamente establecidas, sin que incluya la posibilidad de investigar o juzgar delitos, y que sus decisiones puedan ser revisadas por un órgano judicial”, explicó el ICBF en su comunicado.

Por efecto de la emergencia sanitaria, los trámites de adopción quedaron suspendidos debido al cierre de los juzgados encargados de llevarlas.

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Esto resultó particularmente traumático para un grupo de familias extranjeras que habían venido a definir sus adopciones y se encontraron con este problema, agravado por las presiones de sus embajadas de retornar a sus países de origen lo antes posible debido a la misma crisis del coronavirus.

Teniendo en cuenta esto, la Procuraduría le había solicitado al Consejo Superior de la Judicatura una excepción para estos procesos de adopción, de tal manera que los jueces de alguna manera definieran con prontitud los procesos que ya estaban en desarrollo.

Sin embargo, el Consejo mantuvo la suspensión de términos y solo autorizó darles continuidad a los casos que tenían auto admisorio de demanda, que en total eran tres.

"El Consejo de la Judicatura violó el derecho a la igualdad de los niños con esa decisión", dijo Lorena Vargas, directora de la Fundación Casa de la Mujer y el Niño. "En este país resulta que sí hay jueces para definir si un preso sale o no de la cárcel, pero no para proteger los derechos de los niños", agregó.

En un principio, en el Gobierno se pensó habilitar a los defensores de familia para reemplazar a los jueces en el trámite de las adopciones, pero finalmente el procurador general Fernando Carrillo planteó darles la facultad a los procuradores, lo cual fue acogido por el presidente de la República.

Este decreto puede generar un debate jurídico, pese a estar fundamentado en atribuciones legales y constitucionales. No faltará quien lo interprete como una intromisión del Ejecutivo en los asuntos de otro poder y un precendente que en el futuro pueda dar a usos más discutibles.

Sin embargo, para Lorena Vargas el mensaje que están enviando el presidente y el procurador con esta decisión es muy poderoso: "Estan diciéndole al país que, no importa en qué circunstancia, los derechos de los niños, como lo dice la Constitución, prevalecen".