Gobierno pide extender salvoconductos para las FARC

Este martes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le pedirá al Congreso que, con urgencia, apruebe la prórroga de la ley de orden público. La misma que en el pasado permitió zonas de despeje y los diálogos del Caguán y que hoy habilita la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC en La Habana.

La ley de orden público es la que permite que cabecillas como Iván Márquez, Rodrigo Granda, Jesús Santrich, Pablo Catatumbo, Fabían Ramírez, Pablo Alape, y hasta el mismísimo Timochenko hayan podido desplazarse a La Habana.

Es la ley que permite la suspensión de las medidas de aseguramiento y órdenes de captura, incluso, para condenas por delitos atroces.

Hace cuatro años, el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, la tramitó con relativa agilidad en el Congreso, pero decidió incluirle una cláusula. La prohibición de cualquier zona de despeje en el país. Pr eso nunca habrá procesos de paz como el Caguán o Santa Fe Ralito.  

Esta vez le tocará a Juan Fernando Cristo, quien además pedirá la prórroga de esta ley por cuatro años, es decir, extender su vigencia hasta el 2018, precisamente el año en que termina su gobierno Juan Manuel Santos.

Aunque la prórroga, por el actual momento en que se desarrollan las conversaciones, es necesaria, los contradictores del proceso tienen la lectura de que con ella los diálogos se extenderán más de la cuenta.

Sin embargo, la prórroga de la ley de orden público también se hace necesaria ante un eventual proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, con la que, según se ha informado, se han adelantado algunos acercamientos.

El debate sobre la ley será una nueva oportunidad para que la bancada uribista, crítica acérrima del proceso de paz, exponga nuevos argumentos en contra de la forma como el gobierno maneja los diálogos.

Para los santistas, hay más argumentos para extender los alcances de la ley. El ponente, Roy Barreras (La U), explica que contiene las herramientas jurídicas para permitir la desmovilización de grupos armados ilegales.

“La prórroga de Ley 418 es indispensable para mantener las condiciones de desmovilización de  2.000 miembros de grupos armados al año y garantizar la seguridad jurídica de 56.514 que ya dejaron las armas. La ley, que vence este 21 de diciembre, tiene vigencia de cuatro años y necesita ser renovada, pues dejaría en el limbo temas como desmovilizaciones y desminado humanitario”, explicó Barreras.

En todo caso, el debate que adelantarán de forma conjunta las comisiones primeras de Senado y Cámara será un nuevo round entre uribistas y la Unidad Nacional.