Gobierno pidió a Pastor Alape “no mentirle al país” sobre supuesta reducción del esquema de seguridad

El Gobierno nacional realizó una fuerte respuesta al exjefe de la antigua guerrilla de las FARC, Pastor Alape, quien denunció por medio de sus redes sociales que había sufrido una reducción en su esquema de seguridad, situación por la que responsabilizaba a los funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque.

La reacción no se hizo esperar por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que por medio de su director Alfonso Campo Martínez instó a Alape a no mentirle al país y no alterar la realidad. El funcionario del Gobierno nacional le recordó al excombatiente que tiene un esquema de seguridad robusto.

“Aclaro que @Pastor_Alape posee medidas de protección robustas, vigentes desde el 17 de marzo de 2017, y que en cumplimiento de la Misión como #UNP, respondimos desde este 26 de nov ante la @JEP_Colombia lo solicitado. El llamado es a NO mentirle al país a NO alterar la realidad”, trinó el director de la UNP.

Ese mensaje se derivó en respuesta a los siguientes trinos de Alape: “Con el ánimo de liberar de responsabilidad al personal de protección que me asignaron, en caso de cualquier eventualidad contra mi vida, los responsables son los funcionarios de gobierno de @MinInterior @UNPColombia @AlfonsoCampoM”.

Y agregó: “Desde el sábado 27 se redujo la capacidad de respuesta del esquema por el daño de un vehículo. Estoy en el Caquetá con todos los riesgos que hay en la región. Esta situación la vengo enfrentando desde el 12 de noviembre y no hay solución”.

También señaló en la red social Alape: “La situación de desprotección agudizada, a pesar de que la JEP ha ordenado soluciones inmediatas, se entiende que es una orientación del Gobierno. Si no tuviera compromisos en la implementación del Acuerdo de Paz y con las víctimas, no reclamaría estos esquemas y protocolos”.

Y concluyó: “Llamo a la @JEP_Colombia @ComisionVerdadC comunidad internacional, @MisionONUCol Paises Garantes, @IAP_Colombia @PBIColombia si pueden darme acompañamiento y no depender de las medidas de protección que brinda el Gobierno nacional”.

Protección para ex-FARC

Hace varios días se conoció que el Gobierno nacional ha realizado una inversión superior a los $760.000 millones de pesos en tres años, los cuales han sido destinados para la seguridad de exguerrilleros de las FARC en medio del proceso de reincorporación.

En ese sentido, el consejero presidencial de Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, entregó cifras puntuales sobre los recursos para la seguridad de excombatientes, las cuales parten desde 2018 hasta el 30 de junio de 2021: $214.702 millones en 2018, $242.102 millones en 2019, $114.899 millones en 2020 y $159.612 millones con corte al 30 de junio de 2021.

“No se han ahorrado esfuerzos para la protección de excombatientes. Todas las entidades del Estado, incluidas la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, los jueces penales y la JEP han estudiado las condiciones y están haciendo aportes: debemos estar todos unidos contra las fuerzas ilegales que las atacan”, dijo Archila.

En esa oportunidad, el funcionario de la Presidencia de la República insistió que en Colombia no existen amigos o enemigos de la paz, al señalar que todos los sectores la quieren y desean su consolidación. No obstante, aseguró que “los hampones” no quieren un resultado positivo sobre la reincorporación.

“En un Estado de derecho, el Gobierno está a disposición de esos escrutinios y que cada vez que se han realizado las instancias, se ha concluido sobre lo gigantesco que es el esfuerzo, lo detallado de la coordinación institucional que se ha logrado y los muy relevantes logros en protección, investigación y condenas de los responsables”, insistió.

Sin embargo, Archila aseguró que el Gobierno nacional no ha ahorrado ningún esfuerzo para entregar las herramientas necesarias de apoyo y proyección ante las amenazas de grupos armados, disidencias y organizaciones como el ELN y Clan del Golfo que son, según la Fiscalía, quienes los han atacado.

“Para el Gobierno, cualquier afectación a los reincorporados, sin importar las circunstancias, debe tratar de evitarse y, si ocurre, investigarse y sancionarse de manera firme dentro de la ley. Sin embargo, es falso que ninguna afectación sea producto o consecuencia de la no implementación del Acuerdo”, concluyó.