Gobierno se resiste a ver morir reforma política y circunscripciones de paz

La dinámica política de un año electoral siempre pone en aprietos la gobernabilidad de cualquier Gobierno y mucho más si este va de salida. Los congresistas ya no salen con la misma vehemencia a defender temas que venían respaldando durante el cuatrienio e incluso, dependiendo de lo impopulares que puedan ser ante la opinión pública, prefieren salir a criticarlos fuertemente.

Esto es lo que le está pasando al Gobierno de Juan Manuel Santos, que en el momento clave de la reglamentación de los acuerdos de paz de La Habana está viendo desmoronarse casi por completo a las mayorías que lo acompañaron en el Capitolio y cómo varios proyectos vitales están que se hunden. Claro que en esto también tiene responsabilidad el Ejecutivo, que muy poco trabajo político y de cabildeo les ha exigido a sus ministros.

Es por eso que la reforma política y las circunscripciones especiales tienen los ‘santos óleos’ encima y su muerte legislativa es más viable que su subsistencia en los debates que les restan. Además, pero con un pronóstico menos oscuro, la Justicia Especial para la Paz (JEP) también se encuentra en vilo. Eso sí, la Casa de Nariño se resiste a la defunción de estas iniciativas y aún espera jugarse un par de cartas antes del 30 de noviembre cuando se acaba el fast track.

Por los lados de la JEP se discuten aspectos procedimentales sobre cuál texto avalar, si el aprobado en la Cámara o el que salió de Senado, pero hay avances concretos que vaticinan una conjugación de ambos articulados y finalmente una votación favorable durante la conciliación en ambas plenarias.

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No obstante, los otros dos proyectos agonizan. Están a punto de morir y se busca una última fórmula que los salve. Por los lados de las circunscripciones especiales para la paz –iniciativa con la que se busca crear 16 curules para las víctimas del conflicto– se analiza la posibilidad de incluirle un acápite que le dé facultades especiales al jefe de Estado para que por razones de amenaza al orden público se puedan suspender los comicios en algunas de esas 16 zonas.

Esta es una salida ante la dura oposición que a última hora hizo el Partido Conservador durante la conciliación del proyecto en el Senado, poniéndose, incluso, muy cerca de las posturas del uribista Centro Democrático. Los 18 legisladores de la colectividad azul argumentaron que –de avalar el proyecto– serían las Farc y hasta el narcotráfico los que elegirían a las personas que llegarían a esas 16 circunscripciones.

El vocero de la bancada conservadora, el senador Juan Diego Gómez, afirmó que la preocupación principal está en las regiones de Catatumbo, Buenaventura, Tumaco, Guaviare y Caquetá, donde señaló que existe una fuerte presencia de las disidencias de las Farc y de bandas criminales que podrían influir en las decisiones del electorado. Sin embargo, no refirió que algunos de sus colegas de partido tienen amplias votaciones en esas zonas.

Las facultades especiales le servirían al presidente de la república, previo concepto del Ministerio de Defensa, para suspender antes de diciembre próximo los procesos electorales en algunas de esas regiones y designar por una figura parecida al decreto a quienes deberían ocupar las curules de las circunscripciones especiales donde no se votó por razones de orden público.

Si esta decisión política no logra convencer a la bancada conservadora y a los otros sectores que se sumaron a su postura, como se vio con algunos congresistas de La U y de Cambio Radical, se acudiría a un plan B que, de paso, ayudaría a salvar el otro gran proyecto que está en peligro de muerte: la reforma política.

De acuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, lo que se haría es incluir un párrafo nuevo en el texto de dicha reforma, en el apartado relacionado con el régimen de adquisición progresiva de derechos, con el que se les daría vida a esas 16 circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto.

Esta propuesta la ventiló la senadora liberal Viviane Morales, pero genera dudas por aspectos de constitucionalidad y consecutividad de contenidos, por lo que se comenzó una maratónica consulta de conceptos jurídicos para determinar su viabilidad.

Cualquiera de las dos propuestas que se acoja  será definida en la mañana de este miércoles, porque el consenso político que se requiere entre los partidos que aún acompañan al Gobierno es amplio. Además, las mismas colectividades quieren determinar hasta qué punto respaldar o no alguna de estas dos propuestas puede traducírseles en un castigo electoral que les reste votos en las elecciones del 2018.

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Es por eso que el senador de La U Roy Barreras, ponente de estos dos proyectos que están agonizando, criticó duramente a sus compañeros en el Capitolio, pues dijo que anteponen sus intereses electorales a los de defender la paz. Incluso, volvió a alertar por la eventualidad de un estado de conmoción para tramitar lo que no se alcance a pasar por fast track.

Ante esta radiografía, además, queda vigente un tema que ha vuelto a pasar de agache, pero que despierta interés entre casi todos las colectividades y los candidatos presidenciales.

Resulta que, si se opta por salvar la reforma política incluyendo en su contenido las 16 circunscripciones especiales para las víctimas, el transfuguismo y las coaliciones de partidos también quedarían vivos. Una jugada a varias bandas que el Gobierno está dispuesto a ejecutar para evitar la muerte de dos iniciativas claves. El debate sigue abierto.