Si se venden bienes de la mafia, el Estado recuperaría más de 3 billones de pesos  

En el Gobierno y con el aval de todas las entidades a cargo del tema, está lista para ser presentada al Congreso una reforma al Código de Extinción de Dominio. El documento promete abrir un duro debate político acerca de la venta de bienes recién incautados por su presunta procedencia ilegal. 

Aunque el Estado ha dado muestras históricas de su incapacidad para administrar bienes (vehículos, fincas, ganado, sociedades, arte), en Colombia las propuestas en este sentido se han ahogado antes de llegar al Congreso.
 
Uno de los casos más emblemáticos es el de la Posada Alemana, el lujoso palacio de Carlos Ledher en Quindío, que terminó no sólo saqueado y en ruinas sino bloqueado por un proceso de extinción de dominio de más de 20 años. Caso similar al de la casa de Gonzalo Rodríguez Gacha, en el barrio Chicó en Bogotá, que después de 25 años en poder del Estado y completamente destruida, se intentó sin éxito subastar.
 
Casos como estos hay en todo el país. Y pese a ello, sólo en el 2014, a través del Código de Extinción tramitado por el exfiscal Eduardo Montealegre, se incluyó una disposición que permite que previa autorización del fiscal o del juez se puedan enajenar tempranamente, chatarrizar, demoler o destruir activos que amenacen ruina. 

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Sin embargo, este aparte se quedó corto en medio de un universo de 20.000 bienes bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), 85 % de los cuales están en proceso de extinción de dominio. De dar vía libre a esta iniciativa, se calcula que el Estado podría monetizar bienes por más de tres billones de pesos.
 
De la mano del fiscal general de la Nación, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Hacienda, de la Sociedad de Activos Especiales, del Consejo Superior de la Judicatura y de la misma Presidencia de la República, esta iniciativa llegará al Congreso. Ya el Consejo Superior de Política Criminal le dio la bendición a la propuesta.
 
“Es mas fácil cuidar plata que bienes”, explicó Juan Carlos Restrepo, director de Seguridad Ciudadana de la Presidencia y quien como director de Estupefacientes condujo a la cuestionada entidad a su liquidación. “Hemos venido trabajado para eliminar cuellos de botella para agilizar el proceso de extinción, así como para poner los bienes en favor del Estado”, expresó. 
 
Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Londoño, indicó que esta iniciativa apunta que el Estado no se desgaste administrando bienes para los que no tiene capacidad: “Se termina convirtiendo en una puerta abierta a la corrupción, ya hemos visto los riesgos en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes”. 
 
Según información suministrada por la Fiscalía, el 90 % de los casos de extinción de dominio terminan en fallos a favor del Estado; el 10 % es de decisiones que ordenan la devolución a los afectados. Por ello, el proyecto de Ley estipula que se cree una reserva técnica en el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) del 20 % del valor monetizado. 
 
“Se constituirá una reserva técnica del 20 % de los dineros producto de la enajenación temprana y los recursos que generan los bienes productivos en proceso de extinción de dominio, destinada a cumplir las órdenes judiciales de devolución de los bienes, tanto de los afectados actualmente como de los que se llegaren a afectar en procesos de extinción de dominio”, dice el documento conocido por Semana.com.
 
De ser aprobado el proyecto, de entrada el Estado podría hacer uso de gran parte de los 500.000 millones de pesos incautados, que por estar en proceso de extinción están congelados. La iniciativa también da un efecto extendido del avalúo comercial, de manera que aunque se actualizará cada año con el reajuste del Gobierno, tendrá una vigencia de tres años. 
 
Persecución de bienes en el exterior
 
El fiscal general, Nestor Humberto Martinez, es enfático en que perseguirá los dineros mal habidos en Colombia y en el exterior. Por ello, también buscará a través de la reforma que se le permita aplicar la presunción de ilegalidad sobre bienes de grupos organizados al margen de la Ley o que sean producto del crimen organizado. Esto evitaría que los bienes de una organización ilegal tengan que ser individualizados para su incautación
 
“Cuando los bienes perseguidos en extinción de dominio estén asociados a grupos armados al margen de la ley u organizaciones de crimen organizado, se presume su origen y su destinación en la actividad ilícita”, dice el documento. En cumplimiento de esta presunción, la Fiscalía presentará demanda de extinción de dominio ante el juez, quien en los 20 días siguientes emitirá sentencia. Si existen terceros de buena fe, podrán demostrar ante el juez el origen lícito de los bienes.
 
El documento fue discutido a puerta cerrada y ya ha generado voces en contra que consideran que amenaza las garantías de personas que son afectadas con incautación de sus bienes. Sin embargo, expertos del Gobierno que llevan años estudiando el tema explican que la extinción de dominio es la mejor herramienta contra el crimen organizado, sin embargo, en Colombia, con las dilaciones y procesos de mas de 10 años, termina por perder su contundencia.