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Atención: Gobierno Petro revocó resoluciones que le entregaban licitación de pasaportes a Thomas Greg
La cartera de Relaciones Exteriores aseguró que se cumplirá el contrato actual que va hasta octubre de este año.
El proceso de solicitud de pasaportes se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los colombianos. Durante los últimos meses, las quejas por demoras en el proceso y poca disponibilidad para sacar citas, se han hecho cada vez más sonoras.
La problemática se debe principalmente al proceso licitatorio con la empresa que realiza actualmente esos documentos, Thomas Greg & Sons. Esto debido a que el canciller Álvaro Leyva, decidió suspender dicho proceso, asegurando que la compañía mencionada presentaba supuestas irregularidades.
Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación decidió suspenderlo el pasado mes de enero, tras considerar que este se habría extralimitado en el cumplimiento de sus funciones. Luego de esa decisión, el secretario de la Cancillería de ese entonces, José Antonio Salazar, decidió finalmente adjudicar la licitación contra Thomas Greg & Sons. Una decisión que fue vista como una traición por el Gobierno Nacional.
Pese a ello, en las últimas horas, el Ministerio de Relaciones anunció nuevas medidas en este proceso, que aún deja dudas frente a la disponibilidad de pasaportes y la asignación de citas.
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El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció este jueves, 28 de marzo, nuevas decisiones adoptadas en el proceso de la contratación para la expedición de pasaportes, que no ha dejado de tener tropiezos durante este año y el año pasado.
La cartera aseguró que, tras varios análisis jurídicos, se revocaron las resoluciones expedidas por el anterior secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que fueron emitidas “por fuera de todo marco legal”. Comentaron que la decisión se dio en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales en la función administrativa.
Además de ello, afirmaron que la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que se investiguen los delitos asociados a la expedición de actos administrativos.
