Gobierno se opone al referendo de Viviane Morales

A una semana de que la Comisión Primera de la Cámara discuta el proyecto que pretende convocar un referendo para que el pueblo decida si la adopción debe ser exclusivamente para parejas conformadas por un hombre y una mujer, el gobierno emitió un fuerte concepto en contra de la iniciativa que lidera la senadora Viviane Morales.

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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, les envió una carta a los representantes encargados de la decisión en la que recomendó abstenerse de aprobar tal iniciativa. En el documento de cinco páginas enumera las razones por las cuales un referendo que podría afectar los derechos de las minorías es inconstitucional.

“La propuesta que hoy se debate para limitar la adopción de niños sólo para parejas conformadas por un hombre y una mujer resulta inconstitucional e inconveniente porque se pretende emplear un mecanismo de participación ciudadana para incorporar un texto que desconoce derechos fundamentales de personas cuyas condiciones y situación se encuentran protegidas por la Constitución. Con un proyecto de esta naturaleza, se socavan, además, los límites de la regla de la mayoría”, explica el Ministro.

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Para el gobierno, el proyecto de la senadora Morales pretende modificar el catálogo de sujetos habilitados para la adopción con el fin de restringirlo taxativamente a parejas conformadas por un hombre y una mujer. “La adopción no sería solamente prohibitiva para personas y parejas con una orientación sexual no normativa, sino se extendería también a otras configuraciones familiares que escapan del concepto de familia nuclear. Excluiría no sólo a las parejas homoparentales sino a las familias monoparentales –ensambladas y/o de crianza–, a las personas solteras, divorciadas y, en general, a toda configuración familiar que no encaje en el concepto de familia formado por hombre, mujer e hijos”.

Aunque el proyecto tiene el propósito de desarrollar el artículo 44 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental de los niños a tener una familia, en la práctica busca reglamentar la adopción entendida como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a tener una familia de aquellos niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, dice el gobierno, “una norma constitucional como la que se pretende someter a la voluntad popular debe ser evaluada en sus efectos y en el impacto sobre los derechos fundamentales de personas que no caben dentro su corta definición de familia”.

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Cristo cita sentencias de la Corte Constitucional para explicar que en una sociedad plural como la colombiana “no puede existir un concepto único y excluyente de familia”, por lo que señala que el proyecto de referendo “desconoce la protección constitucional a toda forma de familia, basada en lazos de amor y cuidado. En términos de costos constitucionales, censura toda forma de familia que no esté en armonía con la noción de familia nuclear tradicional”.

Para el gobierno no puede someterse al voto de la mayoría la decisión de restringir o limitar un elemento esencial de un derecho fundamental. “En las democracias constitucionales, el contenido y elementos esenciales de los derechos fundamentales no están sujetos a la opinión o disposición de las mayorías”.

Por eso Cristo considera que el proyecto impulsado por la liberal Viviane Morales “aleja a la sociedad colombiana y al ordenamiento jurídico de uno de sus pilares fundamentales: el pluralismo”, pues se pretende con este proyecto consagrar con base en una voluntad mayoritaria un texto constitucional “que contiene un déficit en el reconocimiento jurídico de la realidad de muchas parejas del mismo sexo, familias diversas y personas con situaciones diversas”.

Para el Ministerio del Interior, “darle vía libre en el seno de una democracia constitucional a una iniciativa como la que se estudia constituye un precedente peligroso para nuestra democracia, concretamente, para los miles de niños, niñas y adolescentes en situación de difícil adoptabilidad, los cuales contarán con menos opciones. En definitiva, constituye un fraude a los principios democráticos de igualdad, libertad y respeto en los que descansan los pilares del Estado colombiano. Se abriría una peligrosa puerta hacia el futuro para que, utilizando cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución, se afecte el reconocimiento de los derechos que históricamente fueron alcanzando las minorías en Colombia”.

El concepto del gobierno, sin embargo, no significa el hundimiento de la iniciativa. El próximo martes la Comisión Primera de la Cámara deberá dar tercer debate al proyecto y serán los partidos políticos quienes determinen la suerte de este referendo por el que la senadora Morales se ha jugado gran parte de su capital político.