Gobierno y Alcaldía, en desacuerdo con protocolos para la protesta social

Durante los últimos tres días, la Alcaldía de Bogotá, el Gobierno nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la Policía han trabajado conjuntamente para establecer los protocolos de la protesta social, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, por desacuerdos, los funcionarios pidieron 60 días de plazo para terminar de ajustar el documento. Una vez finalizado este deberá ser presentado al Tribunal de Cundinamarca.

Son varios los puntos de discordia, especialmente entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá, una disputa que ya se ha visto en otros escenarios por las diferencias entre Claudia López e Iván Duque.

El Gobierno presentó un documento en el que dejaba estipulado lo que considera se debe hacer frente a la protesta social.

Uno de los puntos que no le gustó a la alcaldía fue que se establecía prohibir el uso de las capuchas en los manifestantes.

Para la alcaldía este hecho es extremista en el sentido de que se sabe que muchos de los manifestantes que llevan capucha no necesariamente lo hacen para cometer actos vandálicos sino que muchas veces es usado para cubrirse de los gases.

El Gobierno también buscó establecer que se prohíba el uso de armas contundentes, químicas o incendiarias que muchas veces son usadas para atacar a los uniformados o incendiar los establecimientos como sucedió en semanas anteriores.

En este punto es claro que estos hechos no deberían presentarse, pero para algunos es redundante que esto se establezca porque estos ya son delitos que estas estipulados y prohibiciones que ya se contemplan en otras normas.

Igualmente, un elemento que sí causó diferencia de criterio fue el uso de aerosoles. Para la alcaldía este elemento no se puede criminalizar entendiendo que entre los derechos a la protesta se contempla el uso de carteles y este puede que llegue a ser usado para estos fines y no actos vandálicos, como también muchas veces se utiliza.

Con respecto a las restricciones para la fuerza pública se hablaba de que se les restringiera el uso de armas de fuego. Sin embargo, tanto la alcaldía como el Gobierno y las demás entidades saben que esto no es posible, pero que sí debe haber diferenciación, protocolos y medidas para el uso de estas armas.

Por ejemplo, desde la alcaldía volvieron a proponer los protocolos que ya se habían establecido desde enero con los gestores de convivencia debidamente capacitados. Si esto no funciona para despejar las vías o desmanes, actúa la fuerza disponible ; y si finalmente sigue el caos interviene el Esmad.

Para la alcaldía los policías que combaten bandas criminales deben seguir teniendo su arma de dotación y esta debe ser usada de manera disuasiva o según se establezca en los protocolos.

Una de las peticiones y grandes problemas que se espera queden pactados en los protocolos es que se hable sobre las investigaciones que se realizarán en hechos de abuso de autoridad policial. Para muchos es una preocupación que los casos queden en la impunidad y no se resuelvan.

Sobre el Esmad se deberán aclarar varios puntos. Uno de ellos será el polémico uso de la escopeta calibre 12, la misma que fue usada por el uniformado que terminó causándole la muerte a Dilan Cruz y que la Corte dijo que no se debería usar hasta que se establezcan estos protocolos.

Así mismo, en lo que se ha conocido del documento se sigue permitiendo el uso de armas aturdidoras, de goma y de gases, así como armas de electrochoque como la pistola táser que se utilizó previo a la muerte de Javier Ordóñez. Se esperaría que en los protocolos pueda quedar establecido el uso de estos elementos.

También ha generado polémica que en lo presentado por el Gobierno se establece que el encargado de llamar al Esmad será el comandante de la Policía Metropolitana de cada ciudad, es decir que los alcaldes no tendrían esta autoridad.

“Será ordenada exclusivamente por los comandantes de la región metropolitana y el departamento de Policía. En los casos en que el grupo especializado antidisturbios se encuentre a órdenes del jefe del servicio, este solicitará al comandante de unidad la autorización para su intervención”, dice el documento.

En últimas, las preocupaciones por parte de la alcaldía y los implicados en las marchas es que con los protocolos que está planteando el Gobierno se estarían restringiendo derechos fundamentales de la protesta y se estarían estigmatizando algunas prácticas.

En ese sentido pareciera que durante estos dos meses tendrán que ceder ambas partes para establecer unos protocolos que dejen las reglas de juego claras de ahora en adelante para que los manifestantes tengan la seguridad de que sus derechos serán respetados pero que la autoridad tenga la suficientes capacidades y herramientas para hacer su trabajo y judicializar a quienes cometan delitos.