Agenda mínima de Iván Duque en el Congreso

Hay una regla no escrita, pero ampliamente aceptada, sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Dice que la primera legislatura es del presidente. Es decir que las iniciativas gubernamentales tienen un alto grado de probabilidad de pasar. Tradicionalmente, los presidentes entrantes se juegan a fondo para sacar adelante, en sus primeros meses, el mayor número posible de temas y, sobre todo, los que generan mayor resistencia.

El gobierno de Iván Duque se ha apartado de esta costumbre. Aunque ha radicado 20 proyectos, ha preferido concentrarse en uno clave –la ley de financiamiento, como ha bautizado a la reforma fiscal– y otros que no buscan cambios amplios, sino que más bien se concentran en aspectos puntuales. Esta estrategia se debe, por una parte, a la decisión presidencial de acabar con la mermelada, puestos y contratos a los congresistas a cambio de apoyar las iniciativas de la Casa de Nariño. Y por la otra, a la atomización entre las fuerzas políticas del Congreso, donde ninguna de las bancadas tiene mayoría –la más grande, la del Centro Democrático, ronda el 20 por ciento– ni hay una coalición formal entre varios partidos.

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El actual Ejecutivo tiene una estrategia legislativa diferente. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lidera lo que en los corredores del Capitolio llaman una “agenda mínima” de proyectos estratégicos y puntuales. Y su colega de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la semana pasada sacó adelante el presupuesto y en la próxima presentará la crucial reforma tributaria. El siguiente es el estado de las principales iniciativas que están en manos del Congreso.

Reforma política

Desde la Constitución de 1991 se han realizado dos reformas políticas, en 2003 y en 2009. Los acuerdos de paz con las Farc incluyeron otra más, con el objeto de crear condiciones para la incorporación del nuevo partido emanado de esa guerrilla y de hacer más competitivo y abierto el sistema político. El gobierno de Juan Manuel Santos creó la Misión Electoral Especial (MEE) para que hiciera recomendaciones en el trámite de los ajustes normativos e institucionales necesarios. Pero en medio de la polarización y del ambiente de campaña electoral, no prosperaron.

Ahora el Congreso tramita una nueva versión, que ya pasó por la Comisión Primera del Senado, con los siguientes aspectos fundamentales: lista cerrada sin voto preferente; democracia interna de los partidos por medio de un registro de militancia o de afiliación a las colectividades; financiación estatal de los partidos políticos; paridad de género en las listas y restricciones al mecanismo de recolección de firmas, el cual no podrán utilizar quienes hayan militado en partidos o movimientos políticos durante los dos años anteriores a la fecha de inscripción para cargos de elección popular.

Reforma a la justicia

Esta reforma también enfrenta un camino espinoso, a pesar de que pasó el primer debate en la Comisión Primera del Senado. La creación de un tribunal de aforados fue una piedra en el zapato criticada particularmente por la oposición, que señala que esa medida beneficiaría al expresidente Álvaro Uribe en sus procesos pendientes ante la justicia. Adicionalmente, no hay consenso en la manera de escoger los magistrados de ese tribunal.

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La senadora Paloma Valencia, ponente de la reforma, propone elegirlos mediante un mecanismo complejo, de difícil consenso: uno por la rama judicial, de una terna de candidatos postulados por el procurador, el contralor y el defensor del Pueblo; otro del presidente de la república, de una terna propuesta por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional; y un tercero por la Comisión de Carrera Judicial, de una terna presentada por el Senado y la Cámara de Representantes.

Al proyecto le quedan tres debates más hasta diciembre y otros cuatro hasta el 20 de junio. El gobierno tiene todavía oportunidad para que su propuesta cale entre los congresistas, pero no va a ser una pelea fácil.

Ley de financiamiento

También conocida como reforma tributaria, la propuesta viene del Ministerio de Hacienda. Desde la campaña, el presidente Duque habló de reducir los impuestos de las corporaciones para fomentar su competitividad, lo que obligaría a ampliar la base de otros impuestos y buscar ingresos adicionales para mantener el nivel de ingresos fiscales. El borrador está en manos del mandatario desde la semana pasada. También incluye elementos para modernizar y hacer más eficientes los mecanismos de recaudo y para reducir la evasión. En la campaña, Duque habló de percibir 12,5 por ciento más por esta vía. Como ha ocurrido siempre, aprobar nuevas normas que tocan el bolsillo de los colombianos implica una dura batalla en el Congreso.

Paquete anticorrupción

Después de que la consulta anticorrupción no pasó, el gobierno realizó tres mesas técnicas con un representante de cada partido en las que discutieron los siete mandatos que planteaba la consulta. Esto dio como resultado un paquete anticorrupción que contiene los puntos de la consulta, pero también nuevas propuestas de Presidencia, Vicepresidencia, Procuraduría, Fiscalía y de los partidos políticos. Aún siguen en trámites legislativos y está a la espera de que designen el total de ponentes.

El paquete abarca los siguientes puntos: limitar a tres periodos los cuerpos colegiados de elección popular; hacer imprescriptibles los delitos contra el patrimonio público; convertir en deber constitucional de los funcionarios publicar la declaración de renta y de activos; extender los pliegos tipo a todos los sectores; ampliar la prescripción de la acción disciplinaria a 20 años para sancionar las conductas de servidores públicos; congelar y reducir los salarios de los congresistas; desindexar el salario de los congresistas con los otros sueldos de la administración pública, para que no afecten la estructura de otros sectores; reglamentar que los asuntos de conflicto de interés sean públicos; hacer públicas y más eficientes las rendiciones de cuentas de los altos funcionarios del Estado y miembros del Congreso; adelantar los procesos de audiencia pública para socializar los presupuestos en materia de inversión nacional y regional; fortalecer instrumentos para perseguir el patrimonio de corruptos y reforzar las herramientas que regulen el cabildeo.

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Además de los ya mencionados, tres proyectos de acto legislativo van a segundo debate en la Cámara el 23 de octubre y hacen parte de las promesas de campaña del presidente Duque. El primero es el límite de tres periodos sucesivos para candidatos a cuerpos colegiados, que ya tuvo su primer debate en Cámara. El segundo busca romper la eventual conexidad del delito político con el narcotráfico y el tercero levantaría la reserva del patrimonio de los funcionarios, es decir, la declaración de renta y de bienes, cuando estos se posesionan.

Se trata, en fin, de una agenda realista. Algunos sectores opositores consideran que al gobierno Duque le faltan liderazgo y manejo político. Pero dentro de la administración piensan que se trata de un cambio en la política, necesario y coherente con las promesas de campaña del candidato del Centro Democrático. Modificar normas cada cierto tiempo no garantiza cambios de fondo en el comportamiento, sino que –dicen en el gobierno– puede terminar en la máxima del Gatopardo: cambiarlo todo para que todo siga igual. Y el país requiere transformaciones de verdad, no cosméticas.