Golpe bajo

Al juez ecuatoriano Daniel Méndez le bastaron 15 minutos para dictarle una orden de captura a Juan Manuel Santos. A las 10 y 20 de la mañana del 29 de junio, en un modesto despacho de Sucumbíos, en la húmeda Amazonia ecuatoriana, escuchó durante ese cuarto de hora los argumentos del fiscal que investiga la muerte de 25 personas en el bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' y, sin dudarlo, le imputó los cargos al ex ministro de Defensa de Colombia por el ataque al campamento de las Farc ocurrido en esa región el primero de marzo del año pasado.

A pesar del tropicalismo de la escena, que incluyó al juez en guayabera, los manoteos de un defensor de oficio y el sopor propio de la selva, la decisión de Méndez ha tenido profundas implicaciones políticas: Santos es el candidato que encabeza las encuestas presidenciales y la orden de arresto tendrá un coletazo en su eventual campaña; las relaciones bilaterales, ya de por sí agrietadas, se resquebrajan aun más; y en el nivel internacional se abre una ardua batalla jurídica y política que puede durar muchos años.

En Colombia todo el mundo cerró filas alrededor de Santos. El presidente Álvaro Uribe fue radical: "El gobierno no permitirá que toquen al ministro", dijo. Los partidos políticos, incluidos los de oposición, no dudaron en darle su respaldo. El ex presidente César Gaviria, a nombre del Partido Liberal, rechazó la actitud del juez ecuatoriano, y reconocidos adversarios de Santos consideraron disparatada la orden de captura del juez. Casi todos coinciden en que se trata de una agresión contra el país, y no sólo contra Santos, y que es un eslabón más en la ya larga cadena de provocaciones del presidente Rafael Correa.

Algunos analistas consideran que este affaire disparará la campaña de Juan Manuel Santos. Ocurre en un momento electoral, justo cuando él ya no es ministro, y mientras varios candidatos se disputan el guiño de Uribe para sucederlo. Un estratega político no lo habría pensado mejor: la acusación del juez une a los colombianos para defender no tanto a Santos, sino al símbolo de los triunfos militares del gobierno contra las Farc -tanto la muerte de 'Reyes' como la Operación 'Jaque', y el combate a los santuarios guerrilleros en las fronteras-. Eso le va a permitir seguir cabalgando en la cima de las encuestas por un tiempo más. Además, ha acercado a Santos y a Uribe frente a un episodio que se ha vuelto un asunto de Estado. Por eso no faltan quienes dicen, irónicamente, que Correa se convirtió en el jefe de campaña del ex ministro, y que este incidente lo catapultará en la contienda política interna.

Pero el cuadro no es tan alegre y optimista. La simpatía por Santos se puede disparar y él, que es un viejo zorro político, le sabrá sacar todo el jugo mediático y electoral. Pero cuidado. Se enfrenta a un intríngulis jurídico largo y complejo. Y quién sabe qué tan culebrero.

¿Despiste o libreto?

Hasta cierto punto, el juez de Sucumbíos está actuando en derecho. El bombardeo ocurrió en territorio ecuatoriano, donde quedaron tendidos 23 cadáveres -cuatro mexicanos y el resto, presumiblemente, colombianos-. Otros dos cuerpos fueron trasladados a Colombia: el de 'Raúl Reyes' y el del ecuatoriano Franklin Aisalla, cuyo cadáver fue posteriormente repatriado a su país. Estas muertes son las que investiga la Fiscalía de Ecuador.

Lo que no quedó claro en la imputación de cargos de la semana pasada es con base en qué criterios jurídicos y probatorios el juez responsabiliza penalmente a Santos. Bien pudo haber acusado al general Óscar Naranjo, comandante directo de los hombres que entraron al territorio ecuatoriano. O al general Freddy Padilla, comandante general de quienes hicieron el bombardeo. O al propio presidente Álvaro Uribe, que autorizó la operación y dijo públicamente que se hacía responsable de ella.

Al respecto el juez le dijo al diario El Comercio que Santos: "planificó, dirigió, coordinó y ordenó la Operación Fénix" y que por eso lo ha vinculado formalmente al proceso. Aunque jurídicamente es absurdo que un juez de un pueblo juzgue a un alto funcionario de otro país, por un acto que se puede considerar de Estado, lo que ha quedado claro hasta el momento es que el juicio seguirá adelante contra viento y marea.

El fiscal general de Ecuador, Washington Pesantes, les dio a los fiscales y al juez todo su respaldo. "Me siento muy satisfecho con la actuación de la justicia", dijo el presidente Rafael Correa el viernes pasado, horas después de que su gobierno le pidió formalmente a la Interpol que capture a Santos en cualquier lugar del mundo. Es decir, el juicio de Sucumbíos puede tener mucho de folclórico, pero responde a una estrategia calculada a varias bandas en tribunales nacionales e internacionales.

No obstante, pasado el impacto de la sorpresa, se ha empezado a notar que la artillería jurídica de Ecuador está diseñada para sostener una escaramuza durante algún tiempo, pero no tiene la potencia para convertirse en una carga de profundidad contra Colombia o sus gobernantes. En primer lugar, es muy improbable que la Interpol expida una circular roja para detener a Santos. El hecho de que Ecuador solicite la captura no garantiza que esta se efectúe. Interpol tiene que analizar el caso y ver si se ajusta a su reglamento. Esa entidad prohíbe expresamente que se actúe en casos claramente políticos o de guerra. Y este sin duda tiene de los dos: es político y está circunscrito a un acto de guerra. Eso lo sabe Interpol mejor que nadie, pues fue la entidad que certificó que los tres computadores incautados en el campamento de 'Reyes' no fueron alterados ni manipulados por las autoridades colombianas.

Aun en el caso remoto de que se expida una orden de captura internacional, todavía faltaría que el país donde se encuentre Santos la haga efectiva, pues esto también depende de consideraciones políticas y judiciales de cada nación. Baste recordar el caso reciente de Agim Cekú, ex primer ministro de Kosovo que tuvo que salir abruptamente de Cartagena cuando se activó una circular roja en su contra por crímenes de guerra. Cekú es protegido por varios países europeos y aún sigue en libertad.

En segundo lugar, a pesar de que el juez ecuatoriano se base en las leyes ordinarias de su país para castigar delitos comunes, Colombia puede demostrar que el bombardeo al campamento de 'Reyes' fue un acto de guerra contra un blanco legítimo de combatientes y no de un crimen contra personas inocentes, como presume el juez Méndez. Es decir: hay muertes, pero no hay delito. Si acaso hubiese lugar a una demanda sería por la incursión de Colombia en territorio ecuatoriano, pero esto sería un litigio entre Estados, en tribunales internacionales, y no un problema de una persona, en este caso Santos, con un juez local. Demanda que, por cierto, no se ha interpuesto aún.

En tercer lugar, Colombia puede alegar la inmunidad de Santos. Si bien las leyes internacionales protegen con este beneficio sólo a jefes de Estado, de gobierno o cancilleres, desde 2007 hay un debate al respecto en el seno de Naciones Unidas. Muchos países alegan que altos funcionarios tendrían que estar protegidos si se les enjuicia por actos que cometieron como parte de un gobierno. En ese debate juega a favor de Colombia que ninguna nación seria quiere abrir la puerta a que sus funcionarios sean juzgados en cualquier parte y no en sus propios tribunales, como es natural. Por eso juristas de todo el mundo observan el caso de Santos como una oportunidad para sentar un precedente de impacto internacional.

Inmunidad y competencia

De todos modos, hay dos antecedentes que demuestran cómo en los altos tribunales la balanza tiende a inclinarse a favor de la inmunidad. Cuando en 1998 el juez español Baltasar Garzón pidió la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet, la Corte Suprema de Gran Bretaña se la negó. Los jueces de Londres respetaron la inmunidad, aunque se le reclamaba por crímenes de lesa humanidad. Lo mismo ocurrió en 2002 cuando Bélgica quería juzgar al canciller del Congo, también por crímenes atroces, y la Corte Internacional de Justicia le ratificó la inmunidad. Hoy día está claro que estos casos deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional y no por tribunales nacionales. Algo que nada tiene que ver con Santos, pues no se investiga por ningún crimen de guerra ni de lesa humanidad.

Pero Santos no es Presidente, ni canciller ni diplomático. No está clara su inmunidad y por eso el Presidente pidió el viernes que se acelere la solicitud de medidas cautelares ante los organismos de la OEA y anunció que se le mantendrá un pasaporte diplomático para blindarlo de una posible captura.

Por último, para todo el mundo está claro que la justicia ecuatoriana no es competente para investigar ni juzgar a Santos. Lo que tendría que haber hecho Ecuador es pedirle a Colombia que investigue la conducta del ex ministro. De hecho, la Fiscalía del país vecino le solicitó a la Fiscalía colombiana una gran cantidad de información sobre la operación de 'Reyes', que Colombia no entregó por considerarla de seguridad nacional, y también solicitaron interrogar a los altos mandos militares y a Santos, a lo cual se negó Colombia justamente porque es de sentido común que los altos funcionarios de un país son investigados en casa. De hecho, la unidad de antiterrorismo de la Fiscalía lleva un proceso por la muerte de 'Reyes'.

Tan clara es esta doctrina, que incluso el propio gobierno de Ecuador entabló una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla en la Operación Fénix, pero de nuevo es el Estado el que debe responder, y no un individuo. Se sabe que Correa está haciendo un fuerte cabildeo en Washington para lograr una condena para el Estado colombiano. Correa también demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones en la frontera. Es decir, está librando la batalla en varios frentes. Y que hará de esta su mejor arma política

Aun así, el juicio de Sucumbíos no se detendrá. "Cuando un imputado que ha sido notificado no se presenta, su defensa la tendrá un defensor de oficio", ha dicho el juez ecuatoriano. .

Mientras el juez Méndez y el fiscal Carlos Jiménez acusaban a Santos, le daban la libertad a José Ignacio Chauvín, ex asesor del gobierno de Rafael Correa a quien se investiga por nexos con las Farc y con narcotraficantes de Sucumbíos. No es la primera vez que el juez toma decisiones que favorecen a personas vinculadas a las Farc.

En el recién publicado libro El juego del Camaleón, del prestigioso periodista ecuatoriano Arturo Torres, se presentan las pruebas de cómo este mismo juez en el año 2004 anuló el proceso contra Nubia Calderón, militante activa de las Farc y contacto directo de 'Raúl Reyes' con políticos y empresarios de Quito. Calderón había sido detenida con varios miles de dólares en su poder y con papeles falsos. Méndez ordenó que se le suspendiera el proceso y, además, que se le devolviera el dinero. El asunto es que en el computador de 'Reyes' hay indicios de que hubo un "arreglo" de las Farc con la justicia para lograr la liberad de Calderón. Aunque no está claro si 'Reyes' movió influencias en los tribunales o si pagó por ello (ver recuadro).

Mejor tarde que nunca

No se necesita ser sabio en leyes para entender que tras los artilugios judiciales hay una estrategia política clara. Ecuador no ha superado el agravio que sintió con el bombardeo a 'Reyes' en su territorio, ni el escarnio que le significó ver a altos funcionarios de su gobierno -como el ministro Gustavo Larrea- expuestos públicamente como eventuales cómplices de un grupo guerrillero. Resulta obvio que Correa, y también Hugo Chávez, consideran a Juan Manuel Santos un adversario peor que Uribe. En varias ocasiones el ex ministro los ha impugnado ante la comunidad internacional y ha defendido sin titubeos la tesis de la "legítima defensa".

Colombia, por su parte, que había optado por bajar el tono en esta amarga disputa con Ecuador, ha tenido que reaccionar con todas sus baterías, y lo más pronto que puede, para recuperar el tiempo y la iniciativa que ha perdido.

Primero, al solicitar las medidas cautelares para Santos. Segundo, al frenar a toda costa una circular roja en Interpol, y tercero, al convertir el ataque en la mejor defensa. El grupo de alto nivel que conformó el Presidente ya no sólo defenderá al ex ministro, sino que también entablará demandas contra Ecuador por diferentes motivos, y en varios tribunales. Así las cosas, la reconciliación entre los dos países está más lejana que nunca.
Para Santos, más allá de los riesgos jurídicos, el episodio ha sido una especie de bálsamo político que le ayuda en sus aspiraciones presidenciales. No sólo lo convierte en un mártir como resultado del éxito de su gestión, sino que le da un estatus presidencial al volverlo protagonista de un conflicto binacional. Sin embargo, a pesar de las ventajas transitorias de esas circunstancias, muchos consideran que no deja de ser preocupante que un posible próximo Presidente de Colombia sea el enemigo acérrimo de los dos jefes de Estado de los países fronterizos que al mismo tiempo son principales socios comerciales.

Dice la teoría del caos que el aleteo de una mariposa en Pekín puede causar un huracán en Texas. Pues esta vez la decisión del juez local en un pueblo perdido del Amazonas se ha convertido en el primer asalto de una pelea que va a ser larga. Y que será de todas maneras un gran desgaste para el país y, por supuesto, para Juan Manuel Santos.