Golpe bajo

Usualmente, poner de acuerdo a decenas de profesores y miles de estudiantes es una proeza. Pero así ocurre en la Universidad de Magdalena, gracias a la gestión de su rector, Carlos Caicedo Omar. Durante sus nueve años al frente de la institución educativa, ha liderado una transformación sin precedentes. Por eso causó estupor el arresto de Caicedo por orden de la Fiscalía 12 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Es acusado de haber conciliado y pagado irregularmente unas cesantías a 47 empleados que sus antecesores habían dejado en el aire. Para varios sectores sociales y académicos, la medida es una retaliación de los políticos, que están molestos porque Caicedo no les ha dejado meter las manos en la universidad.

Cuando Caicedo asumió el cargo, en 1997, la universidad tenía las puertas cerradas. Era el fondo de la crisis tras décadas de desgreño. Era tan pesada la carga y tan oscuro el camino, que el Icfes aconsejó que a cada estudiante le dieran tres millones de pesos y la cerraran definitivamente. Pero Caicedo se la jugó toda para acabar con un déficit de 27.000 millones de pesos y hacer viable financieramente la institución educativa. Propuso sanearla reduciendo la planta de personal a la mitad y con el reto de volverla atractiva académicamente. Redujo la nómina y denunció las convenciones colectivas. Entre estas cayó la de los barrenderos, que les permitía sólo barrer máximo 12 metros diarios. En poco tiempo se vieron los resultados de la reestructuración: la universidad comenzó a pagar los salarios y en 2003 el déficit había desaparecido; la población estudiantil había pasado de 2.400 a más de 9.000 estudiantes, de nueve programas pasó a 27, y de un presupuesto de 6.000 millones pasó a cerca de 40.000 millones de pesos anuales.

A pesar de haber arrancado con pie derecho, quedaban cosas por resolver. En 1998 comenzó un proceso de conciliación para pagar las cesantías a un grupo de 47 empleados que reclamaban 17.000 millones de pesos. Después de cuatro años de negociaciones, el rector logró disminuir las pretensiones a 3.600 millones. Los términos de la conciliación fueron revisados y aprobados por la Procuraduría y el Tribunal Contencioso y los pagos fueron depositados en los fondos de pensiones.

Pero en 2003 la situación cambió en la campaña para la Gobernación de Magdalena. El candidato único, Trino Luna Correa, manifestó que su primer acto de gobierno sería sacar de la rectoría a Caicedo. Aunque Caicedo quiso renunciar un mes antes de las elecciones, estudiantes, profesores y funcionarios se dieron a la tarea de recoger más de 11.000 firmas para que no lo hiciera, y así evitaron su retiro.

En 2004, una vez posesionado Luna, la Gobernación y la Contraloría Departamental denunciaron a Caicedo por el tema de los cesantías ante la Procuraduría y la Fiscalía. La Procuraduría no encontró mérito para sancionarlo y el fiscal que inicialmente calificó el proceso no sólo no encontró irregularidades, sino que dijo que había una persecución contra el rector que calificó de "politiquera y rastrera".

Sin embargo, el fiscal fue trasladado y su reemplazo reabrió el proceso y dijo que Caicedo había pagado de manera irregular las cesantías . Y ordenó su detención.

Estudiantes y docentes consultados por SEMANA creen que lo ocurrido contra el rector tiene un claro tinte político. "Imagínese, dice un estudiante, en el año 1997 cada político tenía un cupo de recomendados". Otros estudiantes creen que se trata de una estrategia del Gobernador y sienten amenazada la universidad, porque en reiterados actos Luna se ha manifestado en contra del bienestar que hoy disfrutan. Como prueba de su respaldo al rector, el miércoles pasado 15.000 personas marcharon para exigir la libertad de Caicedo. Un hecho sin precedentes en la historia reciente de Santa Marta.