Gonzalito, jefe del Clan del Golfo detrás del secuestro de 3 fiscales en Tarazá y a quien Petro quería quitarle órdenes de captura

El nombre de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como Gonzalito, es sinónimo de terror y zozobra en el oriente de Antioquia. La fracción del Clan del Golfo que comanda ha ejecutado innumerables acciones contra la población civil en su búsqueda desenfrenada por el control del tráfico de drogas y los negocios ilícitos que dejó Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, cuya captura el 23 de octubre de 2021 motivó una división interna dentro de la banda criminal.

Gonzalito se aprestaba como el nuevo máximo jefe del Clan del Golfo; sin embargo, esa distinción quedó para Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Esta situación generó que ejecutara una serie de acciones en contra de la población civil, representada en extorsiones y amenazas. Igualmente, se generó una lucha a muerte por las rutas del narcotráfico en ese punto estratégico del país donde, según las autoridades, el Clan del Golfo comandado por Otoniel traficó toneladas de cocaína y armas.

“Hay tensión, disputa y automatización de estas estructuras. Gonzalito, con algunos delincuentes del Caribe y Magdalena Medio, también está llevando unos negocios del narcotráfico”, le contó en agosto de 2022 el entonces director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.

Su nombre ha sido recurrente desde hace algunos meses, primero con el Paro Armado que comenzó en mayo de 2022, y el cual aumentó la tensión el oriente antioqueño, así como su sorpresiva aparición en la lista de los jefes de bandas criminales cuyas órdenes de captura iban a ser levantadas en parte por el proyecto bandera del Gobierno de Gustavo Petro de la ‘paz total’.

Las autoridades judiciales registran que Gonzalito cuenta con 16 órdenes de captura vigentes, por delitos como homicidio agravado, desplazamiento forzado, uso de menores de edad para la comisión de delitos, amenazas y concierto para delinquir; asimismo, una solicitud de extradición por parte de una corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La información de inteligencia reveló que Gonzalito, quien nación en Montería (Córdoba), comenzó su vida delictiva en el año de 1996, llegando a ser comandante de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que delinquía en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre.

Fue sentenciado por conformar grupos armados ilegales, hecho por el cual estuvo privado de su libertad en la cárcel de Bellavista, en Bello (Antioquia). Tras cumplir su pena, se sumó a las filas del Bloque Catatumbo de las AUC hasta el año de 2004 cuando se desmovilizaron. Gonzalito no entregó las armas y se sumó a la banda criminal que fundó Diego Rendón Herrera, alias Don Mario.

Los hombres fuertemente armados comandados por Gonzalito —según señalaron habitantes de la región— se pasean por las calles, amenazan e imponen su ley. El más reciente hecho, con el que quisieron demostrar su poder, fue el secuestro de tres funcionarios de la Fiscalía General y una secretaria de un despacho judicial en el municipio de Tarazá.

Esto llevó a que este lunes, 6 de febrero, el fiscal general Francisco Barbosa anunciara al cierre de la sede de la Fiscalía en esta zona del país por cuestiones de seguridad. Lo cual demuestra que la situación es insostenible en esa región del país. “Frente a estos hechos que afectan la seguridad de los servidores públicos de la Fiscalía en Tarazá, se ha decidido, temporalmente, cerrar la sede de la Fiscalía en ese municipio y trasladar la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en este municipio”, advirtió.

Frente a esto, anunció que se citará a los funcionarios y autoridades de la Policía y Fuerzas Militares responsables de la seguridad en la zona, para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector.