La prescripción ronda uno de los procesos del caso grafitero

Alarmados se vienen mostrando los allegados al proceso por el asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra ante la eventual prescripción de la actuación disciplinaria contra Héctor Hernando Ruiz Echavarría, el abogado a quien se le enrostra ser el supuesto cerebro de la alteración de la escena de los hechos en los que murió el adolescente hace casi un lustro.

Puede interesarle: Diego Felipe: una muerte y muchas preguntas

El jurista, que asesoraba a la Policía Metropolitana de Bogotá cuando tuvo lugar el bochornoso episodio, fue sancionado con la exclusión de la profesión por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá hace unos dos meses, pero podría quedar exento de castigo disciplinario si el Consejo Superior de la Judicatura no resuelve el caso en segunda instancia antes del 19 de agosto.

Le sugerimos consultar: Caso grafitero: en libertad exasesor jurídico de la Policía de Bogotá

Si pasada esa fecha no hay decisión, Ruiz Echavarría podría salvarse de la actuación disciplinaria sin haberse finalizado su juzgamiento, pues se cumplirían los cinco años que la ley ofrece como plazo máximo para adelantar este tipo de investigaciones.

El 19 de agosto del 2011 el joven Diego Felipe Becerra apareció muerto en un paraje de la Avenida Boyacá con calle 116, en el barrio Pontevedra del norte de Bogotá, en confusos hechos de los que también fueron protagonistas algunos patrulleros de la Policía.

La versión oficial indicaba que los agentes habían tenido que dispararle porque el muchacho los amenazaba con otra arma de fuego mientras intentaba atracar al conductor de una buseta que pasaba por el sector. Supuestamente, mientras los uniformados trataban de impedir el delito se produjo el disparo que segó la vida de Diego Felipe.

Desde ese momento, lo amigos del muerto y sus familiares trataron de demostrar que todo era una patraña urdida por integrantes de la Policía que trataban de encubrir al patrullero William Alarcón, presunto autor del disparo que mató al adolescente.

Meses después se descubrió que lo del intento de robo y el supuesto porte de un arma de fuego por parte de la víctima era una farsa. Lo que en realidad ocurrió fue que el policía le disparó cuando él y uno de sus amigos trataban de huir, luego de haber sido sorprendidos dibujando grafitis en el sector.

Para la Fiscalía, se hizo evidente que el cerebro de toda la operación con la que se trató de encubrir el crimen fue el abogado Héctor Hernando Ruiz, quien por ese entonces asesoraba jurídicamente a la Policía Metropolitana. Por eso, le imputó los cargos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, alteración por destrucción y supresión de material probatorio.

El jurista, que fue detenido y acusado por estos mismos hechos recuperó su libertad el 13 de agosto del 2015, debido a que se vencieron los términos legales para el inicio del juicio que muy probablemente enfrentará en los próximos días por estos hechos.

Nueve meses más tarde el jurista recibió otra mala noticia relacionada con su supuesta participación en el caso, al ser sancionado con la exclusión de la profesión de abogado, por determinación del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Sin embargo, el fallo fue apelado y ahora le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura tomar una decisión definitiva. Lo preocupante es que los magistrados de la Sala Disciplinaria de esta alta corte tendrán que empezar a correr una carrera contra el reloj, pues solo queda poco más de un mes para que se venzan los términos.

Se espera que si este profesional del derecho logra salir avante en este caso sea porque logró demostrar que no tuvo nada que ver con la alteración de la escena del crimen del grafitero y no porque la justicia disciplinaria no contó con el tiempo suficiente para poder juzgarlo.

Puede leer: El abogado que terminó implicado en el caso del grafitero