Gran ofensiva de la Fiscalía contra la tala de árboles

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dio a conocer este sábado los resultados de un vasto operativo contra las actividades ilícitas relacionadas con la tala indiscriminada de árboles en varias regiones del país.

El fiscal resaltó el trabajo interinstitucional en la defensa de los recursos naturales. Los operativos se llevaron a cabo en Boyacá, Guaviare, Caquetá, Chocó, Antioquia y Cesar.

Según el reporte del órgano de investigación, en Guaviare fueron capturadas seis personas por actividades ilícitas de ganadería en el resguardo Nukak Makú; así mismo, en Boyacá se desarticuló una red señalada de obtener de manera irregular licencias y salvoconductos para explotación y tráfico de madera en la Serranía de las Quinchas.

En dos días de trabajo articulado con las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, se logró la captura de 40 personas.

La afectación a los recursos naturales en esta zona es evidente. Durante su recorrido, el funcionario constató la pérdida de capa vegetal producto de los cultivos ilícitos y otros fenómenos ilegales, por lo que la zona hará parte de un plan de priorización.

La deforestación no solo afecta la Amazonía. En Boyacá fue desarticulada una red señalada de obtener de manera irregular licencias y salvoconductos para la explotación, el transporte y la comercialización de madera, que era extraída del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. A esta organización le fueron capturadas seis personas que habrían promovido la tala de por lo menos 353 hectáreas de bosque nativo.

Al parecer, la madera era extraída de la zona de reserva forestal y trasladada hasta fincas de algunos conocidos de la organización delincuencial. Luego, con licencias otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el producto era movilizado y soportado como si fuera legalmente obtenido. Para obtener estos permisos, los supuestos integrantes de la estructura les habrían ofrecido dádivas a funcionarios.

Un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los detenidos los delitos de: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, daños a los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. En los procedimientos realizados por el CTI Seccional Boyacá y el Ejército Nacional se inmovilizaron 10 camiones que transportaban cerca de 1.400 bloques de madera.

En San José del Guaviare, la Fiscalía logró la captura de seis personas que realizaban ganadería a gran escala dentro del resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por riesgo de exterminio físico y cultural.

En tres predios distintos, conocidos como Varsovia, La Carolina y La Esperanza, habrían sido arrasadas cerca de 800 hectáreas de selva para levantar asentamientos y corrales para la cría de ganado, una actividad prohibida en esta área de conservación ambiental. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanas imputó a los detenidos el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Carlos René Reyes, el supuesto administrador de estos frentes pecuarios, fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la liberad en su lugar de residencia. El juez de control de garantías dispuso la destrucción de las edificaciones, los corrales y cualquier elemento que pueda alterar las condiciones de vida de la comunidad Nukak Makú.

Auspiciadores de la deforestación en Los Picachos

En San Vicente del Caguán (Caquetá) fue capturado Gildardo Toledo Villa, quien sería uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos. Esta persona, en un predio conocido como El Despecho, supuestamente deforestó 39 hectáreas de bosque primario para acondicionar pastizales y criar ganado.

En ese sentido, fue imputado por ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendio.

Por solicitud de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanas, el procesado recibió medida de detención en un sitio distinto al inmueble que ocupaba en el parque natural. Adicionalmente, fue suspendido el registro sanitario, lo que le impedirá la explotación pecuaria.

Minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño

17 personas fueron capturadas en flagrancia, entre ellas cuatro ciudadanos de Brasil, por extracción ilegal de oro mediante el uso de gigantescas dragas y sustancias tóxicas, sobre el río Nechí, en Caucasia (Antioquia).

Durante las diligencias fueron destruidos dos ‘dragones’, retroexcavadoras y otros elementos que superarían en valor los seis mil millones de pesos. Este resultado representa un duro golpe a las finanzas criminales del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’, que recibirían recursos de este entable de minería ilegal. Los detenidos son presentados ante un juez de control de garantías.

En Unión Panamericana (Chocó), la Fiscalía, a través del CTI, las fuerzas militares y la Policía Nacional llegaron a un entable de minería ilegal justo en el momento en el que se vertía mercurio sobre una vertiente del río Quito, fuente hídrica de especial protección constitucional en Chocó.

En las diligencias se destruyó maquinaria avaluada en 600 millones de pesos y fueron capturadas dos personas, a quienes un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanas les imputó explotación ilícita de yacimientos mineros y delitos conexos.

Daño al río Cesar con minería ilegal

En Valledupar (Cesar), la Fiscalía intervino un enorme yacimiento de material de arrastre y de construcción que, sin licencia ambiental ni autorización alguna, explotaba indiscriminadamente cerca de 40 hectáreas. Este frente de minería ilegal estaría afectando el río Cesar, fuente hídrica que hace parte del ecosistema de la Serranía del Perijá.

Investigadores del CTI capturaron a ocho personas, a quienes una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanas les imputó los delitos de daños en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. En el lugar de la intervención se incautaron tres retroexcavadoras, seis volquetas y otros elementos, cuyo valor alcanza los 2.000 millones de pesos.