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Sede Fiscalía Atlántico
La sede contará con una sala de audiencia, despacho de juez, el Centro de Atención a la Fiscalía (CAF), entre otros servicios para atender a la ciudadanía y garantizarles el acceso a la justicia. | Foto: Fiscalía General de la Nación

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Grave denuncia contra una juez en Medellín. Magistrados de la misma ciudad aseguran que usaron sus firmas para fallar más de 30 tutelas

El enredo tiene a una juez a punto de ser investigada por la misma justicia que representa. La denunciaron por suplantar, supuestamente, a magistrados.

Redacción Semana
17 de octubre de 2024

Sorpresa la que se llevaron tres magistrados del Tribunal Superior de Medellín cuando descubrieron que más de 30 tutelas falladas en sus despachos, no pasaron por sus manos, aunque tenían sus firmas. El asunto resultó, según la denuncia, en una manipulación de las firmas digitales que una funcionaria utilizó para fallar las tutelas, sin la revisión de los responsables.

La denuncia aterrizó en la Fiscalía con el nombre de Tatiana Alexandra Arroyave Baena, una juez de Medellín que estuvo por más de una década como funcionaria del Tribunal Superior de la misma ciudad y donde se encargaba de proyectar las acciones de tutela que llegaban al despacho de un magistrado.

Tribunal Superior de Medellín | Foto: Imagen tomada de internet

El pasado primero de septiembre, Arroyave Baena fue promovida al cargo de juez, en el despacho Catorce Penal Municipal con funciones de control de garantías de Medellín, un puesto de relevancia y mucha responsabilidad que se empaña por la denuncia de quienes fueron sus jefes en los últimos años: tres magistrados del Tribunal.

En el documento se advierte que la entonces funcionaria del Tribunal aprovechó su cargo y la confianza para proyectar y firmar, sin autorización o revisión, más de 30 acciones de tutela en temas clave, que, en algunos casos, ni siquiera eran de su competencia, como procesos con menores de edad.

“En el mes pasado el Magistrado Bustamante Hernández evidenció varias irregularidades en el trámite de tutelas, pues supo que tutelas que se debieron resolver en el año 2023 no habían sido notificadas a la fecha… En razón de lo anterior, el Magistrado Bustamante le solicitó un informe detallado de las anomalías que se venían presentando a la Secretaría de la Sala”, señala la denuncia que, ahora sí, firman los magistrados.

Sede Bunker Fiscalía Bogotá
Sede Bunker Fiscalía Bogotá | Foto: Fiscalía

El escándalo para los magistrados, según la denuncia, fue mayor cuando recibieron un reporte de la secretaria del Tribunal con el detalle de las decisiones que salieron de los despachos sin que ellos las revisaran, mucho menos firmaran, como efectivamente ocurrió. El reporte los dejó sentados y con una preocupación que redactaron en la denuncia.

“No fueron debidamente tramitados, esto es, que nunca fueron puestas a consideración de la Sala para ser discutidos los respectivos proyectos, revisados los mismos, ni mucho menos aprobados y, sin embargo, aparecieron sentencias con las firmas escaneadas de los magistrados de esta Sala las cuales han sido notificadas”, explicaron los magistrados en la denuncia.

En la denuncia, los magistrados advierten que una vez la funcionaria fue advertida de las presuntas irregularidades, ella aseguró que eran situaciones que previamente resolvió. Sin embargo, en la revisión que hicieron desde la secretaría general, los detalles escriben escenarios complejos, que ahora llevan a los magistrados a desconocer el contenido y el sentido de las decisiones firmadas, de manera fraudulenta.

“Hasta ahora se han evidenciado 32 eventos en los cuales la señora Tatiana Alexandra Arroyave Baena falsificó las decisiones al interior de los trámites constitucionales y consignó en ellos firmas de los tres magistrados, obviamente sin ningún tipo de conocimiento ni aprobación por parte de los suscritos, y a continuación procedió a la respectiva notificación de las espurias decisiones”, señala denuncia.

Los propios magistrados le piden a la Fiscalía que, de manera célere, adelante en las investigaciones correspondientes, para establecer la responsabilidad de la funcionaria que hoy día ostenta el cargo de juez de control de garantías y, de ser necesario, tomen las decisiones correspondientes.