Grupos armados amenazan la seguridad de comunidades en el Eje Putumayo y el Trapecio Amazónico

La Defensoría del Pueblo emitió la segunda alerta temprana de 2021 por el peligro que corren los 59.639 habitantes de municipios del Amazonas y algunas áreas no municipalizadas del departamento, específicamente en la zona del Eje Putumayo y el Trapecio Amazónico, debido a la presencia de grupos al margen de la ley.

Según el documento, el riesgo se cierne sobre las comunidades indígenas y colonas ubicadas en las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo en el departamento de Amazonas, especialmente en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, cuyos pueblos indígenas predominantes son yaguas, ticunas y cocamas, entre otros.

“El río Amazonas y algunos de sus afluentes –Amacayacu, Loretoyaco y Boyahuazu– permiten conectar la subregión del Eje Putumayo con la triple frontera que engloba a los municipios de Puerto Nariño y Leticia. Este último, conforme lo señalado, comparte fronteras con Perú y Brasil”, dice el documento.

Explica que estas condiciones geográficas les sirven a los actores armados ilegales presentes en las zonas focalizadas para el tránsito de hombres y armas, la regulación de actividades de explotación de recursos naturales y, sobre todo, su interacción con grupos de crimen organizado que operan en Brasil y el Perú.

De hecho, según la Defensoría, en el municipio de Tabatinga y sobre la frontera de Brasil hacen presencia grupos de crimen organizado dedicados al narcotráfico, como la Familia del Norte, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, estructuras del vecino país que estarían relacionadas con los grupos armados ilegales.

Sobre estos es que advierte la Defensoría, en su alerta temprana (disidencia del Frente Primero, Sinaloa-La Mafia), “vínculos con los que pretenderían sostener la dinámica del narcotráfico y que servirían igualmente para el ingreso de armamento”.

“En lo que respecta a la frontera con Perú, aunque la Defensoría del Pueblo no identifica cuál es la denominación empleada por los grupos de narcotráfico que operan en dicho país, sí reconoce la presencia de cultivos de uso ilícito en jurisdicción peruana. Estos son de interés de la facción disidente del Frente Primero, el grupo de crimen organizado Sinaloa-La Mafia y grupos de delincuencia de menor envergadura para la comercialización de cocaína y marihuana. Asimismo, son de especial interés las rentas derivadas del comercio irregular de madera en esta zona de la Amazonia”, señala la alerta.

El riesgo también comprende la subregión Eje Putumayo, que abarca las áreas no municipalizadas de Puerto Alegría, El Encanto, La Chorrera, Puerto Arica y Tarapacá, y concentra varios pueblos indígenas como los muina, inga, uitoto, murui, ticuna, ocaína, bora y muinane. En esta subregión, las comunidades indígenas afectadas se asientan sobre la cuenca de los ríos Putumayo, Cotuhé e Igara Paraná en el departamento de Amazonas.

En este caso, el hecho de que las principales vías de conexión a puntos más cercanos al centro del país sean fluviales o por vía aérea hace que los habitantes permanezcan aislados a sus comunidades y que brinde ventajas estratégicas para la presencia, el tránsito y el ocultamiento de grupos armados ilegales, principalmente disidencias de las FARC, que han profundizado sus incursiones desde los departamentos de Putumayo, Caquetá, Vaupés y Guaviare.

Con todo, la Defensoría explica que la facción disidente del Frente Primero busca controlar las rentas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, así como la obtención de exacciones ilegales provenientes de extorsiones a contratistas, comerciantes y/o transportadores.

Por su parte, el grupo de crimen organizado autodenominado Sinaloa-La Mafia busca capturar y mantener el control de dichas economías ilegales a lo largo del Eje Putumayo y, con esto, contrarrestar la expansión y el dominio del Frente Primero en las zonas de advertencia.

La desprotección y exclusión social, política y económica de los habitantes de estos territorios, que se manifiesta en la poca oferta pública y privada en municipios y áreas no municipalizadas, le restan a la capacidad de respuesta preventiva e integral del Estado, según la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la entidad expresa preocupación por los indicadores socioeconómicos de los habitantes de algunas de las áreas mencionadas.

Amenazas, extorsiones, desplazamiento forzado, confinamientos, reclutamiento y uso ilícito de niños, niñas y adolescentes, así como homicidios selectivos, sobre todo en contra de autoridades tradicionales, incluyendo a los defensores de derechos colectivos y del ambiente, son algunos de los riesgos para la población residente.

Considerando que el riesgo es alto, la entidad hace un llamado a las entidades y ministerios del Estado a tomar medidas para impedir que se materialice el peligro descrito en el documento emitido el pasado 26 de enero.