La fumigación aérea con glifosato se encuentra prohibida en Colombia desde 2015 por la Corte Constitucional. Foto: archivo/Semana. | Foto: archivo/Semana

Nación

En Guaviare iniciaría la aspersión con glifosato

Según el Ministerio de Defensa la composición de la fumigación será 60% agua y 33% del herbicida.

14 de abril de 2021

De acuerdo con el Ministerio de Defensa los departamentos de Guaviare, Nariño y Putumayo serán los primeros donde se reactive la aspersión aérea con glifosato cuando se cumplan todos los trámites exigidos por la Corte Constitucional.

Durante una entrevista reciente con SEMANA Noticias, el director de la Policía Antinarcóticos, el general Hernán Bustamante, aseguró que la base centro será en el departamento de Guaviare y que desde allí se realizaron planes piloto, por lo que en materia logística ya se tiene todo listo para el regreso de las fumigaciones.

Por su parte desde el Ministerio de Defensa indicaron que la mezcla de la aspersión será un 60% agua y 33% del herbicida.

Es de recordar que el regreso de las fumigaciones se puso de nuevo en la agenda del país, luego de que el presidente Iván Duque firmara el decreto que regula la fumigación, un tema en el que viene insistiendo desde que llegó a la Casa de Nariño.

Con la firma del presidente Iván Duque al decreto que reglamenta la aspersión con glifosato para combatir los cultivos de usos ilícito, ya es solo un asunto de trámite para que la fumigación entre a operar nuevamente en el país. Esta era una prioridad para el gobierno, casi una obsesión. Sin embargo, las demandas que se interpusieron por los riesgos que representa el glifosato, tenía frenado ante la Corte Constitucional cualquier intento de fumigación hasta tanto no se cumplieran unas condiciones de seguridad para la vida, la salud y el medio ambiente.

Varios intentos ha hecho el Gobierno para poder retomar la aspersión, pero en todos a fracasado, y aunque la tendencia creciente de hectáreas cultivadas con mata de coca se quebró, eran muy pocos los avances que se lograban en cuanto a la disminución, pues peses a que el año pasado fueron erradicadas cerca de 130 mil hectáreas, la resiembra ha hecho que la reducción sea casi nula.

Firmado el decreto, es cuestión de días para que los aviones cargados de glifosato empiecen con la aspersión, y con ellos los reclamos de las comunidades, ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, y críticos de la medida, que, como ha ocurrido en el pasado, acudirán a los tribunales para intentar frenar la fumigación. Incluso se esperan las denominadas “tutelatones”, pero el Gobierno, con otro decreto, ya parece haber establecido el blindaje.

Se trata del Decreto 333, del 6 de abril de 2021, firmado por el presidente Duque, que en el numeral 12, señala que cuando un ciudadano presente una acción de tutela contra decisiones tomadas por el mandatario, la única instancia que la resolverá será el Consejo de Estado.

“Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado”, dice el decreto.

Es decir, en las zonas donde se va a realizar la aspersión con glifosato se podrán radicar acciones de tutela contra la medida, pero estas serán objeto de reparto y llegarán al Consejo de Estado donde se tomará la decisión final. Este decreto ha sido duramente cuestionado por constitucionalistas que consideran que es un intento de limitar la tutela.

No obstante, el decreto con el que, previo aval del Consejo Nacional de Estupefacientes, se retomará la aspersión con glifosato, manifiesta que que los eventos en salud y las quejas que se deriven de los efectos del programa de aspersión, deberán atenderse de forma imparcial, independiente y comprehensiva, por una entidad distinta al ejecutor del programa. Esta es una exigencia de la Corte Constitucional.