Guerra en las calles

Siempre ha existido violencia urbana en el país pero el término no parece suficiente para describir lo que sucedió este año en las ciudades. La advertencia del 'Mono Jojoy', recién roto el proceso de paz, en el sentido en que en el monte sólo quedarían culebras porque la guerrilla se iba para las ciudades fue el primer anuncio de las Farc de que no habría espacios de la geografía por fuera de la tenaza letal de la guerrilla.

El secuestro de 16 diputados en pleno centro de Cali sembró el temor que si la guerrilla podía realizar operativos en el corazón mismo del poder era porque estaba a un paso de tomarse la ciudad. Los combates entre milicias y autodefensas en la comuna 13 en Medellín le confirmaron a los colombianos lo que ya hacía tiempo muchos presentían: que la guerra había llegado a las ciudades.

Y los rockets lanzados al Palacio de Nariño durante la posesión presidencial le ratificaron al presidente Alvaro Uribe, y al país, que la guerra contra las Farc se pelearía en las ciudades y bien cerca de los centros de poder nacional. Un mensaje que quedaría corroborado con los últimos hechos como el atentado al senador Germán Vargas y la bomba en las Residencias Tequendama, donde se hospedan varios congresistas.

A pesar del fuerte impacto en la sicología colectiva que generan estas situaciones la pregunta es ¿hasta dónde ha crecido un poder real de guerrillas y autodefensas en las grandes ciudades? La respuesta varía de una región a otra.

La inserción de las guerrillas en la ciudad ha fracasado por las vías políticas. Cada vez están más lejos de las organizaciones sociales y ahora poco se les asocia como instrumento de las luchas populares. A veces, desde luego, se atrincheran en zonas donde los favorecen las precariedades económicas de la población y las características topográficas. Pero el factor que más aprovechan es el vacío de Estado en el aspecto de seguridad ciudadana. Las guerrillas, y de contrapartida los paras, tienden a asentarse en territorios con índices de criminalidad altos y persistentes, donde ofrecen a los pobladores una 'seguridad', que a veces las comunidades aceptan a pesar de los costos.

Es el caso de la comuna 13 en Medellín, que se convirtió en el ejemplo típico de la urbanización del conflicto. Medellín es la ciudad que presenta las cifras más dramáticas de homicidios, cerca de 200 por 100.000 habitantes año, que superan ampliamente los promedios internacionales y nacionales. Esto corrobora que inseguridad ciudadana y presencia de actores irregulares son dos facetas de un mismo problema.

La capital paisa es la ciudad donde la guerrilla ha mantenido controles de territorio por más largos años y donde las autodefensas han logrado un rápido asentamiento en los dos últimos años. Ambos actores han reclutado para la confrontación a bandas de delincuentes comunes produciendo una mezcla de singular complejidad.

El alcalde Luis Pérez insistía en que la situación de la ciudad no era grave y soltaba frases en las que aseguraba que "hay zonas de Medellín tan seguras como en Nueva York", hasta que la crisis de la comuna 13 le explotó en sus manos (ver recuadro). Y desde luego muchos sectores le han reclamado su tardanza en diseñar estrategias de seguridad y convivencia para la ciudad.

Lo cierto es que la confrontación trasciende en todo caso las grandes urbes. Otras tantas de menor escala, como Cúcuta y Arauca, viven hoy la disputa de guerrillas y paras, en una guerra cruenta y silenciosa. Otras más, como Montería, mantienen una aparente calma porque son controladas por una sola fuerza irregular.



Operaciones comando

Durante este año las Farc desarrollaron una modalidad de operaciones de comando para las ciudades que rompe su tradición de guerrilla campesina, que sólo actuaba en combates de fila. Una de estas acciones, finamente planeada, fue el secuestro de 16 diputados en Cali a principios del año. Pese a la espectacularidad del operativo lo sucedido no obedece a un control territorial en predios urbanos sino a acciones de comandos especializados, que luego se repliegan a sus frentes rurales. En el Valle el nicho de las Farc y del ELN sigue siendo su zona rural y en especial las montañas del occidente, que les han servido de fortín. Por esto, el gobierno planea conformar un batallón de alta montaña en Los Farallones.

Pero el gobierno sabe que es una posibilidad real que las guerrillas y los paras traten de tomarse territorios de la ciudad. El déficit histórico de Estado en algunas zonas deja espacios vacíos, sin regulación de la vida ciudadana, que tienden a ser copados por los actores armados. Jorge Iván Ospina, secretario de Gobierno de Cali, insiste en ese aspecto: el control de los actores armados exige acciones especificas pero está conectado con la seguridad ciudadana en su conjunto.

La experiencia de su ciudad, que sufrió la primera epidemia de violencia en mitad de los años 80, cuando, en el proceso de negociación con el gobierno de Belisario el M-19 instaló campamentos guerrilleros en zonas populares, lo ratifica en su opinión. Se desató entonces una ola de violencia cuyo pico más alto, en 1989, produjo 124 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cifra que ha descendido con mucho esfuerzo para llegar a 89 víctimas por 100.000 habitantes en el año 2001.

Por ello la Alcaldía de Cali ha ubicado tres sectores -la zona de ladera, que incluye Terrón Colorado y Siloé; el oriente, que incluye a Agua Blanca; y el centro oriente, donde han hecho presencia actores armados o han tenido altos índices de violencia- para desarrollar Distritos de Paz. En ellos promueven acciones como formación de jueces de paz, policía comunitaria y promoción de organizaciones sociales, en especial de jóvenes, con las que buscan sellar los intersticios por donde se pueden colar los irregulares.

En esta línea de articular la política de seguridad y convivencia con el conjunto de proyectos que la ciudad establece como plan de gobierno Bogotá es, sin duda, la pionera. Lo de Bogotá indica además que la coherencia de una política de seguridad no se mide sobre sí misma. La seguridad y convivencia no han sido una pieza accesoria, sino un eje transversal de una política que asume la defensa de la vida como su prioridad. Y las cifras marcan el contraste: es la única ciudad que ha disminuido en los últimos ocho años su tasa de homicidios en más de un 50 por ciento hasta llegar a una de 30 por 100.000 habitantes año.

Por la coherencia con que las últimas administraciones capitalinas han asumido esta política de seguridad ciudadana es que ha habido una baja penetración de la guerrilla y autodefensas entre la población. Aunque El Espectador y El Tiempo reportaron un crecimiento de actores armados en las zonas periféricas, donde estarían reclutando jóvenes y disputando control de zonas, el alcalde Antanas Mockus ha insistido en que la situación de Bogotá es muy diferente a la de Medellín. "Bogotá está lejos de tener una comuna 13", insiste el alcalde Mockus. Aunque reconoce la existencia de siete zonas críticas afirma que no han encontrado territorios controlados. El indicador del Alcalde es sui generis: dos policías en una moto pueden recorrer todo el perímetro urbano de Bogotá. El día que no lo puedan hacer hay que disparar las alarmas.

De todas maneras ante síntomas de una mayor presencia de actores armados en la ciudad, y ante los atentados desarrollados por la guerrilla contra infraestructuras públicas, se ha optado simultáneamente por el desarrollo de su campaña de resistencia civil y la creación de un cuerpo antiterrorista de la Policía.

El Distrito también contribuirá al fortalecimiento de la presencia militar en su zona rural que se extiende hasta el páramo de Sumapaz, que es un talón de Aquiles en este ajedrez que la guerra tiene Bogotá.

La administración sabe que si bien su balance hacia adentro es positivo, en los alrededores abundan las amenazas. "Los bogotanos tienen sensación de encierro por la presencia de la guerrilla en los entornos", reconoce Mockus. El factor más crítico está identificado en Soacha, que por su compleja realidad social y su interacción con Bogotá, ha llevado a sus autoridades a plantearlo como una prioridad para el gobierno de Cundinamarca y el gobierno nacional.

En un reciente foro realizado en Bogotá, los alcaldes de Bogotá, Cali, Barranquilla y Barrancabermeja concluyeron que para enfrentar el conflicto urbano es necesario desarrollar políticas sociales, en especial para nueve millones de jóvenes que requieren opciones de educación y empleo. También coincidieron en la necesidad de elevar el número de agentes de la Policía, que está por debajo de los promedios internacionales. Y en especializar y diferenciar las funciones de Ejército y Policía, y desarrollar inteligencia táctica y estratégica en la que se ha detectado una gran falencia.

Mirando además la situación dramática de los desplazados, en alguna medida se podría decir que no sólo es la guerra la que se ha trasladado, es casi todo el país el que se está trasteando a las ciudades.