¿Quién está detrás del asesinato de guerrilleros amnistiados y familiares?

Rigoberto Quezada fue asesinado a bala este lunes en la vereda Agua Azul de San Vicente del Caguán. El modo en que fue hallado su cuerpo guarda similitud con lo que se han encontrado las autoridades en las investigaciones que han iniciado tras la muerte violenta de otros tres milicianos de las Farc.

El portador de la noticia fue Timochenko, el máximo jefe de la guerrilla. Él compartió un trino con la borrosa fotografía del hombre de 27 años, seguida de una leyenda donde advierte que el crimen contra Quezada se cometió mientras se reencontraba con su familia, después de recuperar la libertad de la que estuvo privado en la cárcel de Rivera en Huila.

La dejación de armas es un hecho y la reincorporación de los hombres que han alimentado las filas de la guerrilla, sí que cierto. Por eso es que resultan tan preocupantes las noticias de los últimos días. Un rosario de casos proliferan desde que arrancó la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

"Somos optimistas con el proceso, lo estamos haciendo con el corazón. Sin embargo, nos preocupan enormemente los asesinatos a compañeros. Somos conscientes de que hemos corrido riesgos en la guerra y aquí también se van a correr, solo que hay que prevenirlos", manifestó Sandra Ramírez, una de las voceras del grupo guerrillero en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. La mujer que compartió más de 24 años con el fundador de las Farc, Manuel Marulanda Vélez.

Aún no se sabe el dictamen final de las autoridades, los móviles del hecho y mucho menos se han divulgado pruebas que corroboren si se trata o no de asesinatos relacionados con el conflicto armado. Lo cierto es que a seis días de que concluya el almacenamiento del arsenal que por más de cinco décadas portó esa guerrilla, a más de uno se le empiezan a poner los pelos de punta.

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Entre otras cosas porque el caso de Quezada tiene ya tres antecedentes. El primero de ellos ocurrió el pasado mes de abril en zona rural del municipio de Tumaco donde fue hallado el cuerpo sin vida de Luis Alberto Ortiz Cabezas, quien usó la llave del indulto para recuperar su libertad y también se encontró de frente con la muerte.

Quince días después de haber salido de la cárcel de Vista Hermosa (Cali) fue asesinado en su casa mientras se reunía de nuevo con su familia. "Este hecho criminal se suma a otros homicidios causados según personas de la comunidad por un hombre apodado ‘Renol’ quien pertenece a un grupo armado que hace presencia en la zona", informaron voceros de la zona veredal a través de un comunicado.

Aunque en esa ocasión la Fiscalía se movió con prontitud y en cuestión de horas se anunció la captura de Hernán Pai Pascal, alias Renol, el hombre sindicado del homicidio, la respuesta no ha sido igual en los otros casos. Al menos, eso fue lo que ocurrió con el del guerrillero amnistiado José Huber Yatacué. Un curtido jefe de milicias de las Farc que llevaba 18 años dentro de la organización y que fue sorprendido por la muerte cuando empezaba el proceso de reincorporación junto a su familia.

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Los hechos se presentaron en el municipio de Toribío después de Yatacupé se reportó en la zona veredal de Miranda. Salió de su casa el pasado 27 de abril a las 8:20 p.m. a atender una llamada y minutos después fue hallado sin signos de vida frente al hospital de Toribío. Versiones de personas cercanas al miliciano manifestaron que Jhon Ramírez, un hombre al que señalan de ser integrante de los nuevos grupos armados ilegales, estaría detrás de los hechos.

Desde hace por lo menos tres décadas las guerrillas empezaron a crear las milicias. Bajo la lógica insurgente la única manera de sostener la lucha en el campo era contando con el apoyo de personas que en las grandes ciudades les dieran información, transportaran explosivos, o incluso llevaran a cabo  acciones militares.

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Cuando arrancó la concentración en las zonas veredales, las Farc advirtieron que tenían varios tipos de colaboradores. Se trataba de una red que también decidió acogerse a los acuerdos. Unos estaban ligados a las operaciones de combate y otros, que tenían vida de civiles, trabajos y familias, sólo registraron el arma y su nombre, pero no entraron a la zona veredal.

"Se hizo un compromiso con el Gobierno de que a las zonas íbamos los guerrilleros activos, pero nos dimos un tiempo. Muchos no están dentro de la zona porque hay mucho miliciano que es jefe de hogar, ve por su familia, ve por su mamá, tiene animales, ganado, cerdos o cultivos de pan coger. Venirse de sus fincas es abandonar todo lo que tienen. De ahí que se haya acordado que van a los puntos cuando se requieran", manifestó uno de los voceros de la guerrilla.

Esa es la explicación que tiene la guerrilla para justificar por qué en cada uno de los tres asesinatos que se presentaron desde el pasado 16 de abril, las víctimas se encontraban por fuera de la zona veredal y en su mayoría en compañía de su familia. Aunque a la fecha no hay pistas que corroboren que ese mismo patrón se presentó en el caso de Rulber Santana, la cuarta víctima. El hombre fue hallado con dos impactos de arma de fuego, días después de haber salido de la cárcel del Cunduy, en Florencia.

Terror familiar

Coincidencia o no, al mismo tiempo que se conoció el asesinato de José Huber Yatacué, una macabra historia que ocurrió en el municipio de Tarazá (Antioquia) revivió los miedos del exterminio de la Unión Patriótica. Tres familiares de Wilson Adrian Tapias, un guerrillero de las Farc, que permanece en la zona veredal en Carrisal, fueron hallados sin vida.

"En el barrio María Gaín hallaron los cuerpos de Kellys Henao, Alberto Osorio y la menor de edad Marcela Osorio. Fueron brutalmente masacrados al interior de su vivienda. Todos ellos son familiares de Guillermo León Osorio", informó el Estado Mayor de esa guerrilla a través de un comunicado.

Aunque para analistas consultados por este portal el "tema es muy serio". Eso no implica necesariamente que haya una estructura criminal detrás de los asesinatos. De ahí, la importancia de que las autoridades se muevan con mayor agilidad para descartar o no si hay un patrón en cada uno de los crímenes que se han reportado. 

Días antes de que se conociera la masacre de Tarazá, en Chocó fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Dalmiro y Anselmo Cárdenas Victoria. Llevaban cuatro días desaparecidos. Eran transportadores fluviales y habían salido a la vereda de Pichima-Playa a recoger a los miembros de la curia que se habían movilizado para celebrar la Semana Santa. Para muchos, su pecado fue tener un hermano prisionero en la cárcel de Chiquinquirá que, afanoso, esperaba la amnistía que le daba su pase a la libertad.

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Según las Farc los hechos ocurrieron con "alarmante sevicia y dan cuenta de la permanencia del paramilitarismo en los territorios, sin que el Estado actúe de manera alguna o ponga en marcha el acuerdo de Garantías de Seguridad. Así mismo, se dan en el marco de las amenazas sistemáticas en contra de los familiares de guerrilleros y guerrilleras en la región del río San Juan".

A esta larga lista de guerrilleros y familiares asesinados, se suma el caso de Ever Criollo, el papá de un guerrillero del Frente 21 que se encuentra en el punto transitorio de la vereda El Oso, en el municipio de Planadas. Los hechos, sin embargo, se habrían presentado en un municipio vecino: San Antonio (Tolima). De este caso las autoridades tampoco han arrojado mayores datos pero se dijo que el hombre había recibido amenazas porque dos de sus hijos estaban en las Farc. Uno murió en combate y el otro hace su tránsito a la vida civil.

Las últimas víctimas que deja esta ola de ataques contra familiares de guerrilleros se reportó el pasado 15 de mayo. Dos familiares de un guerrillero identificado como Fabián García, que permanece en la zona veredal de La Pradera, fueron asesinados en la vereda Teteyé del municipio de Puerto Asís.

Con este contexto es que muchos se preguntan si estos asesinatos forman parte de un sabotaje a la implementación del acuerdo. Mientras tanto, por un lado, a su ritmo la Fiscalía saca adelante las investigaciones, el Gobierno fija la vista en la reconfiguración de poderes armados en los territorios que desocuparon las Farc y los miembros de esa guerrilla se afincan en la idea de que el exterminio político hay que prevenirlo porque puede estar a la vuelta de la esquina.

¿Qué se está haciendo?

Desde La Habana, la amenaza asomó la cabeza y por eso fue uno de los puntos que se negoció. Como parte de los acuerdos, las garantías de seguridad fueron fijadas en dos de los tres puntos: fin del conflicto y participación política. Es decir, "se sabe que es una condición necesaria para poder afianzar la construcción de la paz".

Como parte de esas medidas que se desprendieron del acuerdo final, el Gobierno puso a funcionar una Comisión de Garantías conformada por el mismo presidente Juan Manuel Santos; los ministros de justicia, defensa e interir. Además, del director de la Policía, el comandante de las Fuerzas Militares y dos representates de organizaciones de derechos humanos.

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"Se trata de garantías para todos los habitantes del territorio nacional. No es sólo para una población especial, sino que son garantías para el ejercicio de la política, medidas de protección para las colectividades y excombatientes que hacen su tránsito a la vida civil con sus familias, explicó una fuente del alto gobierno a Semana.com.

La preocupación está en que toda la arquitectura de seguridad que se pactó en la isla se quede sobre el papel. El contexto en el que se empiezan a ver involucrados los excombatientes y muchas de sus familias dejan al descubierto que el Gobierno está en mora de poner a andar lo que se pactó en materia de garantías de seguridad para evitar que la guerra se recicle.

Entre otras cosas, urge que el Fiscal General Néstor Humberto Martínez nombre a la persona que asumirá la Unidad Especial contra el Crimen Organizado, que tendrá que funcionar a la manera de un bloque de búsqueda. Con ese tema fue que el fiscal le ganó un pulso a las Farc hace un mes y consiguió que la nueva dependencia no sea una rueda suelta de la Fiscalía.

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En ese sentido, no será autónoma. Es decir, ya sea el fiscal Martínez o quien lo suceda -pues la Jurisdicción Especial durará 15 años mínimo-, puede nombrar los funcionarios, reasignar los casos y llevar los procesos a los Comités técnicos legales que ha implementado esta administración. Además, se precisó que la unidad debe concentrar sus esfuerzos en los casos que se presenten después de la firma de la paz.

A seis días de que concluya la dejación de armas por parte de las Farc y a un mes de que desaparezca la figura de la zonas veredales, que brindan seguridad a los excombatientes concentrados en los 26 puntos, es crucial que la Policía y la Justicia demuestren que realmente están preparadas para el posconflicto en las zonas rurales.

Para activar todos los mecanismos locales, el pasado viernes el vicepresidente Óscar Naranjo lanzó el ‘cuerpo élite para la paz‘. Se trata de un equipo de los 1.088 mejores policías del país, quienes tendrán como misión principal contener las acciones de las organizaciones criminales que atenten además contra movimientos sociales y políticos, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

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"Un país que tiene un acuerdo que puso fin al conflicto con las Farc, tiene que significar un país más seguro para los colombianos", aseguró Naranjo que también está al frente de la subcomisión técnica que se creó para impulsar las decisiones que se toman en la Comisión de Garantías. Por eso además anunció que se ejecutarán dos planes piloto de intervención contra organizaciones criminales en Buenaventura y Tumaco. Incluso, este miércoles el ministro del interior, Guillermo Rivera, también se refirió al tema desde Tumaco.

Existe todo un plan de acción contra las organizaciones criminales. Un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política y la convivencia que debe terminar de calentar motores y de una vez por todas prender su marcha.  "Ese sistema ya salió por decreto presidencial y lo que pretende es articular los mecanismos, instrumentos y medidas para que de forma articulada se permitan cumplir", explicó la fuente.

A la par de estas estrategias, hace dos semanas 315 excombatientes de las Farc empezaron un curso de la Unidad Nacional de Protección. No sólo los hombres y mujeres de confianza del Estado Mayor se postularon para hacer parte de la UNP, sino también los familiares de muchos de ellos que por años esperaron su retiro de la clandestinidad. Falta ver, al cabo de 45 quienes están aptos o no para brindarle seguridad al nuevo partido de las Farc.

"En este momento estamos creando al estructura que debe desarrollar ese plan de seguridad. Hay varios muertos de excombatientes indultados y familias de ellos. El tema es bastante complejo, pues una vez desaparezca la figura de las zonas veredales y no tengamos armas a nivel local el nivel de amenazas y riesgos muy posiblemente va a aumentar", explicó Fabio Borges, integrante de la Mesa Técnica de Seguridad de las Farc.

Por estos días, para muchos militantes de izquierda y excombatientes, el tema es como mirar en un espejo al pasado. Falta a ver que resultados arrojan las estrategias que pactaron el Gobierno y las Farc en La Habana, ahora que Colombia empieza a lidiar con los problemas del posconflicto. Al tema hay que ponerle los ojos encima porque de la reinserción depende en buena medida que Colombia de el salto a un país sin tanta violencia.