Guido Nule niega su participación en el contrato de Centros Poblados

Guido Nule, excontratista, quien fue condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, negó haber tenido injerencia en la estructuración de la propuesta de Centros Poblados ante el Ministerio TIC.

“El día de ayer circuló en medios de comunicación una información que debe ser objeto de rechazo y aclaración de mi parte. Se afirma que participé en la estructuración de la propuesta que presentó Centros Poblados al Ministerio TIC, afirmación total y abiertamente falsa. No tengo contacto alguno con ninguna persona involucrada directa o indirectamente en esos hechos”, señaló Nule, en un comunicado de prensa.

“Se ha mencionado que personas a las que en algún momento tuve el infortunio de cruzarme están directa o indirectamente relacionadas con el nuevo escándalo, y por ello se deduce mi participación en estos hechos. Debo afirmar que se equivocan quienes hacen esta afirmación y reitero que no he reunido con absolutamente nadie ni he prestado colaboración en ningún trámite precontractual para acceder a contrato alguno”, agrega Nule.

¡Qué vergüenza!: portada de SEMANA

Cuando la unión temporal Centros Poblados se ganó el millonario contrato con el Ministerio TIC para llevarles internet a los niños de las escuelas más apartadas del país, hubo júbilo en la oficina 601 de un edificio cercano al Parque de la 93, en Bogotá.

Emilio Tapia, el mismo que fue condenado por el carrusel de la contratación en la capital del país, brindó ese día con whisky junto a algunos de sus compinches. De nuevo lo había logrado. A un grupo de empresas que él había coordinado le acababan de adjudicar, en diciembre de 2020, un contrato por más de un billón de pesos para instalar más de 7.000 puntos digitales.

Así se lo contó a la Fiscalía Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, dueño de la firma Novotics y uno de los involucrados en el sonado escándalo que decidió colaborar con la justicia, y cuyo testimonio fue conocido en exclusiva por SEMANA. “Ese día estábamos en las oficinas de la 93 en Bogotá, estaban Emilio, la esposa, Robert Gómez, yo, la doctora María Mónica Pino, el doctor Lucas, había otro abogado, y ese día llegó el momento de abrir los sobres”, les confesó Cáceres a los investigadores, el pasado 3 de septiembre.

Luego, cuando se dieron cuenta de que eran los ganadores del jugoso contrato, empezó la fiesta. “Yo inmediatamente celebré y todos celebramos, eso fue una gritería porque nos la habíamos ganado, yo me fui a una oficina, oré, lloré, llamé a mi esposa, llamé al doctor Oswaldo Medina y dije que Dios había hecho justicia porque nos la habíamos ganado. Abracé a Robert y lloramos, entonces ofrecieron una copa de whisky y después llegó el doctor Pino Ricci (...) Como a las 5:30 o 6:00 de la tarde nos fuimos a una cena todos los que estábamos ahí”, agregó Cáceres en su relato.

Este hombre dejó al descubierto que Emilio Tapia era el verdadero dueño del contrato de Centros Poblados, que le costó la renuncia a la ministra Karen Abudinen, y por el cual acaba de ser nuevamente capturado.

Hoy, el país, en medio de la indignación, no entiende cómo un condenado por corrupción, que obtuvo beneficios de la justicia, reincidió olímpicamente pasando por encima de los organismos de control y todas las autoridades y burlándose de los colombianos.

Pero las cosas se les pueden complicar aún más a Tapia y a sus socios. Hace apenas unos días, tras las gestiones del fiscal Francisco Barbosa en Estados Unidos, una comisión del FBI estuvo en Colombia y se llevó todas las pruebas del caso tras una reunión con el director anticorrupción de la Fiscalía, Edward Alirio Calderón.

En las últimas horas se confirmó que la justicia de Estados Unidos ya tiene abierto un proceso por lavado de activos, teniendo en cuenta que 58.000 millones de pesos del anticipo del contrato con Centros Poblados habrían circulado por el sistema financiero de ese país. Los giros, al parecer, fueron hechos directamente por Cáceres, a quien ya le congelaron sus cuentas. En las próximas semanas podrían librarse órdenes de captura con pedidos de extradición contra algunos de los protagonistas de este escándalo.