Gustavo Bolívar presenta acción de nulidad para quitarles escoltas a funcionarios de Iván Duque

Este martes, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar anunció en su cuenta de Twitter que presentó una acción de nulidad para quitarles esquemas de seguridad vitalicios a funcionarios de Iván Duque.

“Como lo anuncié, hoy hemos interpuesto dos acciones de nulidad contra el presidente Duque, que pretenden entregarles esquemas vitalicios de seguridad, costosísimos para el Estado, a un grupo de amigos que lo acompañaron durante la Presidencia, y que no tienen los criterios para estar en el Consejo Nacional de Seguridad”, dijo el congresista.

“Este es uno de los decretos que expide el presidente, y por el cual modifica la composición de ese consejo, en personas que sí necesitaran ese esquema, pues habrían sido incluidas hace cuatro años. No, lo hace un mes antes de abandonar la Presidencia para gastar más el erario de Colombia, para meternos más gastos vitalicios”, agregó.

“Un esquema de seguridad barato, de un carro con dos personas nos puede costar $30 millones, y él está dejando esquema al minInterior, Daniel Palacios, e inclusive al minDefensa, Diego Molano, al director del Dapre y a la jefe de Gabinete, María Paula Correa”, explicó.

Según el documento, el fundamento jurídico de la pretensión “está direccionado a la declaración de nulidad del Decreto 1064 del 24 de junio de 2022 y del Decreto 1033 del 18 de junio de 2002, toda vez que se configura una falsa motivación del acto administrativo expedido por las autoridades al otorgar estos beneficios, ya que no se plantea un análisis del riesgo en la seguridad de dichos funcionarios y en ninguno de los dos decretos se hace una debida motivación sobre las razones que justifican la designación de estos beneficios”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que antes de que se expidiera el decreto se establecía que los funcionarios que integran el Consejo de Seguridad Nacional tenían acceso a dichos esquemas únicamente por un año después de haber salido de su cargo y que se debía realizar un análisis del nivel de riesgo por parte de la UNP.

“Por los motivos expuestos con anterioridad, la expedición de estos decretos que además de incumplir con la motivación que debe estar contenida en dichos actos, implicaría un aumento injustificado del gasto público por el rubro tan elevado que representa la implementación de dichos esquemas”, dice la solicitud.

UNP desmiente supuestos servicios de seguridad vitalicios para funcionarios públicos

En días pasados, la Unidad de Protección Nacional (UNP) le salió al paso a dichas especulaciones y aclaró que no existen medidas de protección vitalicias para funcionarios públicos.

Para ello, citó el Decreto 1066 de 2015, que establece las poblaciones que son objeto de evaluación para que, en caso de proceder, brindar la protección necesaria para garantizar la seguridad y la vida. “Hoy son más de 37 las poblaciones susceptibles de solicitar una evaluación de riesgo ante las instancias correspondientes”, anotó la UNP en su comunicado.

Adicionalmente, detalló que ser objeto de protección no implica ser beneficiario de medidas, pues estas dependen de la evaluación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), instancia que determina si existe o no riesgo.

De igual manera, establece en qué grado, con el fin de proceder a determinar las medidas de protección que deben aplicarse (en caso tal de que dicho riesgo sea demostrado).

“A las poblaciones existentes se adicionan quienes hayan sido miembros del Consejo de Seguridad Nacional en razón a la información y decisiones que en esta instancia se toman. Esto no implica ni medidas automáticas ni permanentes. Implica la posibilidad de someterse al proceso de evaluación, como las otras 37 poblaciones objeto de protección de la UNP. En caso tal de proceder, serán revalidadas de manera periódica, tal como lo establece la norma”, precisó la Unidad Nacional de Protección.

La entidad, además, indicó que todas las medidas de protección otorgadas posterior a un riguroso análisis y evaluación por parte del Cerrem son reevaluadas anualmente, bianual o cada cuatro años, dependiendo la población, con el objetivo de determinar si ha incrementado o disminuido su riesgo.

Finalmente, la UNP resaltó que no existen medidas vitalicias para exservidores públicos, argumentando que dicha afirmación no corresponde a lo establecido en la ley o en los decretos que regulan la materia. “Mientras cualquiera de las 37 poblaciones en su proceso de reevaluación periódicos siga manteniendo un nivel de riesgo serán beneficiarios de medidas de protección acorde a ese riesgo”, concluyó la entidad.