"Está probado que Martínez tenía conocimiento de hechos delictivos en caso Odebrecht"

SEMANA: La demana que ustedes interpusieron hace unos días pide anular la elección del fiscal. ¿Qué argumentos sustentan esa petición?

Gustavo Gallón: La demanda le pide al Consejo de Estado que por falsa motivación se declare la nulidad del acto o los actos mediante los cuales se seleccionó y se nombró a Néstor Humberto Martínez como fiscal general. Para nosotros, la Corte Suprema no tuvo en su conocimiento —porque Néstor Humberto Martínez no lo informó—, que él conocía los graves delitos o algunos de los graves delitos cometidos en el caso Odebrecht. Incluso, había intervenido en gestiones relativas con algunos de ellos, como fue la transacción entre el Grupo Aval y Odebrecht, en virtud del cual este grupo devolvió o le entregó al Grupo Aval una cantidad considerable de dinero producto de operaciones irregulares. Estas fueron las mismas operaciones que descubrió el doctor Jorge Enrique Pizano y de las cuales se enteró el doctor Martínez como amigo suyo en su momento.

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Si la Corte Suprema hubiera tenido conocimiento de estos hechos habría sabido que el doctor Martínez, mas allá del sus innegables virtudes, no estaría en capacidad de conducir la Fiscalía en relación con las investigaciones sobre el caso más grave de corrupción de la historia del país que es el de Odebrecht. Él así lo ha confirmado, por lo menos se ha declarado impedido en tres investigaciones y probablemente tendrá que declararse impedido en más.

SEMANA: ¿Cuál sería la falsa motivación con la que la Corte Suprema lo terminó eligiendo?

G.G.: La falsa motivación se fundamenta en la consideración de que todo Acto Administrativo tiene que tener una motivación, según la jurisprudencia, implícita o explícita. En este caso es implícita, puesto que no hay ninguna manifestación precisa al respecto, pero es claro que esa motivación debió ser que el doctor Martinez era el mejor candidato con los mejores atributos para ser el fiscal general.

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Esa motivación no se habría dado si la corte hubiera sabido que estaba impedido para adelantar esta investigación. Esa motivación, se revela en este momento, fue falsa porque lejos de estar en condiciones de desempeñar el cargo de fiscal, estaba afectado por estas circunstancias que lo obligan a declararse impedido, como en este momento lo está y seguramente lo estará con relación al caso de Odebrecht.

SEMANA: Al comienzo del escándalo, el fiscal se defendió diciendo que no sabía con exactitud qué motivaban esas irregularidades, si corrupción, plata de paramilitares.. ¿Quiere decir entonces que una persona que conozca presuntamente de un delito y quiera ser candidato a fiscal debe anunciarlo a la corte?

G.G.: No es que él tuviera una presunción y no supiera. Por el contrario, lo que se ha hecho público es que consultó el tema con el decano de derecho de la Universidad del Rosario, el doctor Juan Carlos Forero, quien le rindió un concepto escrito en donde le dijo: acá hay tales y tales delitos, en total son como diez. Y él le transmitió esa información en medio de carcajadas y otras expresiones impublicables a su amigo el doctor Pizano. Tanto que le dijo usted está enredado, aquí hay una cantidad de delitos que —no es que no conociera— sino que por el contrario se preguntaba cuál había podido ser la motivación de los delitos, si eran pagos de soborno, si se habían desviado a los paramilitares. Pero él estaba convencido del carácter delictivo de los hechos y así se lo transmite a Pizano. Por lo menos, le resultaban sospechosos en gran medida. Está probado que tenía conocimiento de esos hechos como delictivos.

SEMANA: Han transcurrido dos años de la elección, ¿no hay caducidad ya de esa acción?

G.G.: Efectivamente es un punto sobre el cual la demanda se refiere expresamente para pedir que la caducidad se cuente solamente a partir del momento en que se conocieron estos hechos por la revelación de los videos y de las conversaciones del Pizano y Martínez. Esto ocurrió hacia noviembre del año pasado. Antes de eso no se conocían, entonces, no se podía demandar por este motivo. Pero una vez conocidos, a finales del 2018, se puede intentar la acción. Y es a partir de este momento cuando debe a contarse la caducidad.

SEMANA: Este trámite puede durar muchos años en el Consejo de Estado, ¿por qué creen que podrá tener algún efecto ahora?

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G.G.: Precisamente por esto se pide la suspensión provisional de los actos o el acto relacionado al nombramiento del Fiscal (hay un acto de selección de él como candidato y otro de confirmación). Le exponemos al Consejo de Estado que el trámite de la nulidad es imperioso por eso activamos el recurso para la suspensión provisional porque, de lo contrario, probable la decisión se produciría muy tarde y sin mayores efectos, se tomaría después de que se cumpla el periodo del fiscal en agosto del año entrante. No se puede repetir la historia que conocimos con el procurador Alejandro Ordóñez, que el Consejo de Estado anuló su nombramiento pocas semanas antes de terminar su periodo, con lo que se escapó a las consecuencias reales y materiales de la declaración de nulidad.

SEMANA: ¿Por qué en la demanda sostienen que Martínez está presuntamente implicado en los hechos que se están investigando ahora?

G.G.: Decimos que esta involucrado en la demanda, no vamos mas allá. Ya otras investigaciones de carácter distinto en el Contencioso Administrativo serán el escenario para profundizar en este asunto. Es evidente que está involucrado, conoció las irregularidades, participó de la elaboración del contrato de transacción entre Odebrecht para devolverle al Grupo Aval el dinero que fue mal manejado, que fue entregado a terceros. En desarrollo de esos actos irregulares, a mi juicio delictivos, terminó también haciendo un concepto sobre la validez de la fase dos de Ruta del Sol. Evidentemente esta involucrado en estos hechos de manera notoria, por lo menos objetivamente. La calificación de la licitud o no de su comportamiento no es objeto de análisis para efectos de la demanda contencioso administrativa. Lo que era pertinente saber es que estaba involucrado en todo el procedimiento y conocimiento de los hechos a los que me he referido.

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SEMANA: Muchos fiscales generales se han declarado impedidos. ¿Por qué el caso de Néstor Humberto Martínez es diferente? ¿Por qué él sí debió advertir antes, sin que ni siquiera hubiera estallado el escándalo en Colombia, del conocimiento que tenía de estos hechos?

G.G.: Repito, la falsa motivación. Se trata de las investigaciones relacionadas con el caso de corrupción más grave de Colombia y el fiscal no está en capacidad de desarrollar las investigaciones. Si la Corte Suprema de Justicia hubiera sabido que estaba involucrado en los hechos, repito, independientemente de la responsabilidad y la participación en operaciones jurídicas relacionadas con los hechos, no hubiera llegado a la conclusión de que era el mejor candidato para ser seleccionado. Y la razón es que no hubiera podido llevar a cabo su función como investigador en relación con un caso de trascendencia enorme en materia de investigación judicial y de desempeño de la justicia. No se trata de un delito menor, no se trata de que el fiscal, como es normal, tuviera que apartarse de la investigación de un hurto x o y, estamos ante una gigantesca operación de corrupción que involucra a altos poderes del Estado, a altos funcionarios públicos, todos los días aparece uno nuevo, y con graves implicaciones para el país en su conjunto. Por consiguiente, en esas condiciones no hubiera sido posible que se le considerara como la persona más adecuada, mas allá de sus innegables virtudes personales. Las circunstancias lo inhabilitan de manera grave.

SEMANA: El escándalo, por lo menos lo que tiene que ver con Colombia, estalló cuando Martínez ya había sido elegido. Entonces, ¿un candidato a fiscal general, al margen de la coyuntura, tiene que poner toda la información que tiene en conocimiento de la corte? ¿No sería interminable?

 

G.G.: El país no lo sabía, pero si usted se remite a las propias conversaciones del fiscal en el momento en que conoció —desde el 2013 ya tenía información si mal no recuerdo—, él mismo manifiesta a Pizano “esto es gravísimo”. Borre las expresiones desagradables que utilizó pero la esencia de lo que dijo fue acá hubo delitos gravísimos e incluso esto lo va a implicar a usted, lo van a enredar en esto. El país no tenía por qué saberlo, pero él sí sabía de esa situación gravísima. Y con la inteligencia que lo caracteriza, concluyó que estaba frente a un asunto considerablemente grave. Además de eso, en el 2015, un año antes de ser candidato, Marcelo Odebrecht es privado de la libertad en Brasil y poco tiempo después fue condenado por estos hechos. Es decir, que él sabía que esto venía desarrollándose para abril o mayo, cuando se presentó como candidato, sabía que estaba en esa circunstancia de haber conocido e intervenido con hechos relacionados con esta acusación de corrupción de proporciones enormes.

SEMANA: El pronunciamiento que haga el Consejo de Estado, como medida cautelar o como fallo, ¿tendría consecuencias en los procesos investigativos que adelanta la comisión de Acusación contra el fiscal?

G.G.: Debería tenerlos, pero las circunstancias en las cuales se desenvuelven las investigaciones en la Comisión de Acusación de la Cámara son bastante complicadas, así que de momento no me hago mayores esperanzas. Pero en un estado de derecho, debería ser así.