‘La gestión del procurador Ordóñez fue indecente’

Diferentes organizaciones le solicitaron hace tres años y medio al Consejo de Estado declarar nula la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, argumentando que él habría nombrado familiares de funcionarios que podían incidir en la decisión que lo favorecería. Este miércoles, el alto tribunal tumbó la reelección de Ordóñez.

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Entre los demandantes estuvo la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Semana.com habló con su presidente, Gustavo Gallón, sobre el fallo que les dio la razón.

Semana.com.: ¿Cómo recibieron la decisión del Consejo de Estado?

Gustavo Gallón.: Es un sentimiento doble. Por una parte, satisfacción porque se hizo justicia, pero cierta tristeza por todo el tiempo que se tomó y por la capacidad que tuvo el procurador de retardar esa decisión. Pero en últimas, el balance es positivo.

Semana.com: ¿Por qué el proceso se demoró tanto?

G. G.: Lo que se ha conocido es que el procurador movió todos los hilos que pudo, de carácter tanto legal como informal, a través de recursos de todo orden. Por ejemplo, la semana pasada, recusó a la magistrada ponente del caso, en un intento desesperado por evitar la decisión. Antes lo había hecho a través de todos los recursos legales. También, a través de acciones de sus amigos, amigas, en instituciones, en el Consejo de Estado y en otras instancias –seguramente- porque él desarrolló un gran poder.

Semana.com.: ¿Qué viene después de la decisión del Consejo de Estado?

G. G.: La designación de un nuevo procurador o procuradora. La asignación de unos candidatos y posiblemente su nombramiento. Lo segundo, aunque no me hago mayores ilusiones en esa materia, es que no solamente se declararon nulos esos vicios en relación con la reelección, sino que detrás de ello hay conductas que son ilícitas. Hay prevaricatos, muy probablemente.

El procurador no ocultó sus sesgos, condenó a personas que pensaban distinto a él, absolvió –sin ningún escrúpulo- a personas cercanas a él incursas en delitos relacionados con paramilitares. Y todo ese manejo de favores, nombramientos, aparte de sus intervenciones abiertamente ideológicas en plaza pública a partir de su cargo, deberían ser objeto de investigación.

Semana.com: ¿Qué reflexión deja este episodio?

G. G.: Esto deja una reflexión muy grande acerca de qué hacer para evitar que se repita. La Constitución le entrega al procurador unas funciones muy importantes relacionadas con los derechos humanos, con la correcta sentencia de los funcionarios. El procurador interpretó eso como la capacidad de estar opinando a diestra y siniestra, más a diestra diría yo, cuando quisiera. Pero su facultad se debe hacer con ponderación, como lo habían hecho sus predecesores.

Todo esto da para pensar cómo hacer para inscribir eso en las normas que rigen la ley en el cargo del procurador. Cómo se va a hacer para que la Constitución diga “la Procuraduría se debe ejercer por una persona decente”.

Aquí lo que se presentó fue eso. Una falta de decencia, una falta de consideración con las responsabilidades que se le entregaron a una persona. Es una pena decirlo, pero va a tocar poner en la Constitución que una de las condiciones para ser procurador es ser decente, tocará definir en qué consiste la decencia. Esta fue una gestión indecente.

Semana.com.: Después de conocer la noticia, el procurador dijo que respetaba la decisión pero no la compartía. ¿Eso qué significa?

G. G.: Se podrían evidenciar las aspiraciones políticas del procurador. Por otra parte, nadie puede creer que respeta la decisión pero no la comparte, cuando al mismo tiempo dice que esta decisión se tomó en cumplimiento de un pacto en La Habana. Esto es un insulto para los magistrados que decidieron.

Catorce magistrados estuvieron a favor de esa decisión y cinco en contra. Entonces el procurador está diciendo que esos funcionarios responden a los acuerdos de La Habana, que son fichas funcionales del Gobierno y de las FARC. Eso es irse muy lejos y eso no es respetar. Eso es un juego de palabras. Eso es irrespetar una decisión e insinuar que esas personas están comprometidas con lo que ha sido negociado en La Habana.

Estas afirmaciones no son extrañas de él. Esto es una confirmación del carácter sesgado del procurador, de su actuación y de la ausencia de condiciones para ejercer su cargo, de su falta de estatura para asumir esa responsabilidad.