Gustavo Malo | Foto: Guillermo Torres

CONGRESO

Gustavo Malo, primer magistrado del cartel de la toga que iría a juicio

La Comisión de Instrucción del Senado aceptó la acusación formulada por la Cámara de Representantes y pedirá a la plenaria que se le despoje de su fuero.

28 de noviembre de 2018

Gustavo Malo Fernández está a muy poco de convertirse en el segundo magistrado en la historia en ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Tras ser acusado por la Cámara de Representantes por su participación en el llamado cartel de la toga, la próxima semana la plenaria del Senado podría despojarle de su fuero y declararle la indignidad política.

Este miércoles la Comisión de Instrucción del Senado tomó una determinante decisión en este proceso. Acogió los cargos formulados por la Cámara de Representantes en contra del magistrado tal como lo pidió en una ponencia el senador Roosevelt Rodríguez (Partido de la U).

Luego de la decisión de los senadores instructores, el expediente será enviado a la plenaria del Senado con la petición de despojarle el fuero constitucional a Malo, para que luego las conductas penales que se le atribuyen puedan ser de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, precisamente a la que perteneció este magistrado.

La Comisión de Acusaciones, en primer término, y la plenaria de la Cámara posteriormente, habían acusado a Gustavo Malo por cuatro delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asuntos sometidos a secreto de reserva.

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En la investigación adelantada por el Congreso se encontraron evidencias de la presunta responsabilidad de Gustavo Malo en la conformación de un grupo de personas, tanto de funcionarios públicos como particulares, con los cuales se concertó para afectar ilegalmente procesos de congresistas que se adelantaban en la Corte Suprema de Justicia.

Entre las evidencias que reposan en el expediente que ahora está en la jurisdicción del Senado están las investigaciones que cursaban en el despacho del magistrado Malo, las de Musa Besaile y Álvaro Ashton, dos excongresistas actualmente privados de libertad.

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También la interceptación de comunicaciones que hizo la DEA al exgobernador Alejandro Lyons y al abogado Leonardo Pinilla las cuales revelaron que se habrían pagado al menos 2.000 millones de pesos en uno y 600 millones en otro, para frenar esas investigaciones.

El dinero -dice la ponencia- se exigió "ya sea para evitar órdenes de captura, para buscar archivos, o simplemente para dilatarlos y buscar en el futuro una posible prescripción".

Musa Besaile admitió haber entregado parte del dinero como parte de una extorsión que le hizo el abogado penalista Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción. Según Besaile, detrás del abogado estaba el magistrado de la corte Leonidas Bustos, cuya investigación está frenada en el Congreso por las recusaciones que presentó contra sus investigadores.

Malo fue el segundo magistrado en ser acusado por la Comisión de Acusación de la Cámara en ser aprobada por la plenaria de esta corporación. El primero había sido el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, por el delito de concusión, quien luego de ser declarado indigno por el Senado, su proceso penal se encuentra en la Corte Suprema.

Gustavo Malo sería el primer magistrado comprometido con el cartel de la toga en pasar a juicio en la Corte Suprema de Justicia. Para ello falta que la plenaria del Senado apruebe petición de levantarle el fuero que harán los senadores de la comisión de instrucción.