Justicia: El ventilador a toda máquina

El ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, detenido hace unas semanas, resolvió su dilema, y de qué forma. Luego de que el CTI, hace un par de semanas, allanó su celda en la cárcel La Picota, su situación se convirtió en un infierno mayúsculo. Los agentes llegaron sorpresivamente hasta el piso 12 de la Unidad de Medidas Especiales, en La Picota, donde están recluidos no solo extraditables, sino otros internos de gran peligrosidad.

Moreno decidió destruir los cuadernos donde estaba preparando los argumentos de su defensa a riesgo de perderlos en una nueva redada. Se sintió tan vulnerable como abandonado. Pasó varias noches en vela antes de concluir que lo importante era salvar su pellejo, y decidió hablar.

De ese modo encendió el ventilador que tiene a la cúpula de la Justicia en el peor escándalo de corrupción de su historia. Y esto incluye denunciar a su ‘papá’, el poderoso expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos. Moreno llegó a esa determinación aconsejado por el penalista Pedro Enrique Aguilar León, quien aceptó asumir su defensa con la convicción de que el camino sería confesarlo todo, con una verdad completa, pronta y al más alto nivel. Aguilar, tras un par de conversaciones con Moreno en la cárcel, llevó ese mensaje a la Corte Suprema de Justicia, y esta de inmediato se dirigió a la Fiscalía General de la Nación. En cuestión de horas, el testigo que ya tiene temblando al establecimiento judicial fue sacado de La Picota –donde estuvo poco más de dos meses– y trasladado al búnker.

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Desde el pasado lunes, Moreno trabaja en un calabozo en reconstruir sus cuadernos de notas. Aunque los términos de la colaboración no han sido aún detallados del todo, como muestra de voluntad Moreno decidió ir a la Corte Suprema para una primera sentada. Y lo que relató dejó atónito al magistrado Luis Antonio Hernández, responsable de la investigación para acabar el tumor de corrupción enquistado en la más alta esfera de la Justicia. El tamaño del escándalo apenas está empezando a aparecer y promete ocupar un lugar en la historia, al lado del proceso 8000 o la parapolítica.

Caso Musa, versión ‘no light’

Lo que narró Gustavo Moreno frente al caso del senador Musa Besaile dinamitó la versión del político. Como se recuerda, Besaile acudió a la corte hace cerca de un mes y admitió que en 2015 pagó 2.000 millones de pesos para impedir su captura, pero como víctima de extorsión. En sus declaraciones, Besaile aseguró que tuvo que pedir prestado el dinero y que hizo los pagos por medio de su abogado Ignacio Lyons España, quien le entregaba la plata al abogado Gustavo Moreno para que este se la llevara al entonces magistrado Leonidas Bustos, su ‘papá’.

El congresista señaló que en el asunto el exmagistrado Francisco Ricaurte tuvo un papel menor y que solo lo vio una vez cuando este le presentó a Moreno. La versión de Musa encaja plenamente con lo que contó Lyons España cuatro días antes que él, ante la corte y la Fiscalía. Este abogado, tras confesar que entregó la plata enviada por Musa a Moreno y negar haber participado de la coima, solicitó un principio de oportunidad a la Fiscalía.

Pero Moreno, ahora en tónica de colaborar con la Justica, le contó a la Fiscalía y a la corte que estando en La Picota recibió varias veces la visita del abogado Ignacio Lyons. Y aseguró que este llegó con un mensaje del exmagistrado Francisco Ricaurte: que a cambio de su silencio, él se encargaría de ponerle abogados para que lo defendieran. Moreno dice que hizo sus cuentas y decidió hablar.

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La versión del exfiscal Moreno tiene efecto dominó. A la luz de su primera confesión se revelan tres cosas. Primero, que el expresidente de la corte Francisco Ricaurte tiene un rol protagónico dentro de la ‘organización criminal’. Segundo, que el magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo participa activamente en esa camarilla de corrupción. Y tercero, que las versiones del senador Musa y el abogado Ignacio Lyons quedan en entredicho.

El exfiscal Moreno aseguró que el magistrado Ricaurte le propuso directamente al senador Besaile resolverle su expediente por parapolítica en la Corte Suprema, y que aunque le exigió en principio 3.000 millones llegaron al acuerdo de 2.000. “No hubo ninguna presión al senador, fue un acuerdo con un objetivo ilícito”, dijo. El grueso de la plata, aseguró Moreno, era para los magistrados Ricaurte y Gustavo Malo, pues el primero es jefe del segundo, y en ese último despacho se hallaba el expediente del senador Besaile. El acuerdo era que 1.800 millones les corresponderían a Ricaurte y Malo, y 200 a Moreno y Lyons por servir de intermediarios.

Moreno explicó que él y el abogado Lyons se encargaron de mover la plata del bolsillo de Besaile al de Ricaurte, dado que había total confianza y cercanía entre ambos. Y para sustentar esto, Moreno entregó los contratos de arriendo de dos oficinas que tuvo como litigante y en los que Lyons fue su fiador, además de aportar fotografías y otros documentos (ver imágenes). Además pidió que se revise el registro de visitas en La Picota.

Pero lo más sorprendente fue lo que contó el propio Moreno sobre los pagos. Dio cuenta de dos. Dijo que el primero debía ser por 1.000 millones y que Lyons lo llamó para que pasara por su oficina a recoger la plata. Pero no llegó la suma esperada, sino apenas 390 millones en efectivo, y ya al filo de la medianoche. Como era muy tarde para llevarle el botín a Ricaurte, resolvieron guardarlo en casa de Moreno, pero en el trayecto los paró la Policía y se vieron en apuros a tal punto que tuvieron que regalarles un par de millones a los agentes “que terminaron escoltándome hasta mi apartamento”, aseguró Moreno. Agregó que al siguiente día le entregó a Ricaurte 350 millones porque Lyons había tomado anticipadamente cerca de 40 millones.

El segundo pago fue de 300 millones y Moreno aseguró que Lyons se trasladó a su apartamento para dárselos, pero que en realidad solo le entregó 200, pues una vez más el abogado de Besaile decidió quedarse con 100 millones, lo que provocaría una nueva furia de Ricaurte. Moreno explicó que tras este pago el senador Besaile exigió resultados y que le dijo: “De ahora en adelante voy a hablar con el dueño del circo no con los payasos”.

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Según Moreno, el negocio inicial era lograr el archivo de la investigación preliminar por parapolítica que cursaba en la corte contra al senador Besaile, pero eso no fue posible pues el magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, instructor del mismo expediente, creía que había elementos para abrir investigación formal y capturarlo. Y por ello Gustavo Malo le pidió la renuncia protocolaria a todos sus auxiliares, pero solo echó a Rodríguez, quien era “una piedra en el zapato”. Ese impase llevó al cambio de estrategia para evitar llamar la atención: ya no buscarían el archivo, sino que el expediente que se empolvara hasta prescribir “tal como estaba ocurriendo”, concluyó Moreno.

Ante el destape del escándalo, la Corte Suprema le solicitó la renuncia al magistrado Malo, y ante su negativa, resolvió quitarle los expedientes, someterlos a una minuciosa revisión y compulsar los hechos a la Comisión de Acusación para que lo investigue.

Pero Ricaurte, el expresidente de la corte, quien el jueves llegó esposado al complejo judicial de Paloquemao, recibió el efecto más potente de la primera sentada de Gustavo Moreno.

La prueba reina desaparecida (que luego apareció)

Ese día, a las cuatro de la tarde, la prensa registró una imagen inédita en la historia judicial del país. Ricaurte, un cartagenero alto, de 54 años, se vio totalmente desdibujado y con voz temblorosa cuando lo sentaron frente a una jueza joven que, tras escuchar a la Fiscalía, decidió su suerte.

La batería de argumentos y evidencias presentadas por el fiscal Jaime Camacho Flórez fue simplemente demoledora. “Usted y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron, entre otros, a Gustavo Moreno, a Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo –dijo el fiscal mirando a los ojos a Ricaurte, y siguió–: Una organización que utilizaba información privilegiada, manipulaba testigos para cambiar versiones, instrumentalizaba a los medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, desaparecía evidencias y obtenía decisiones con apariencia de legalidad”.

Camacho, en una exposición concisa y directa, refirió seis casos en los que la Fiscalía tiene documentada la danza de millones a cambio de retorcidas determinaciones judiciales. El fiscal explicó que la banda, aprovechando su influencia en toda la Rama Judicial, torcía casos en los que senadores, representantes y gobernadores aparecían como indiciados.

Este es el recuento sucinto de los seis casos expuestos en la audiencia. Caso 1: el senador Álvaro Ashton pagó 1.200 millones para cambiar la suerte del proceso en su contra por parapolítica. Caso 2: el senador Musa Besaile pagó 2.000 millones para resolver su proceso por parapolítica. Caso 3: el exmagistrado Camilo Tarquino pidió 20.000 millones al gobernador Alejandro Lyons para pilotear la investigación que adelanta en su contra la Fiscalía. Caso 4: Julio Manzur, entonces congresista. El grupo lo presionó con información reservada. “Con datos ciertos ofreció sus servicios, Manzur lo rechazó y la consecuencia es que lo capturan el 24 de enero de 2015”. Caso 5: el exgobernador Juan Carlos Abadía, investigado por varios delitos en la Fiscalía. El fiscal Alfredo Bettín llevaba el proceso y acaba de ser destituido, ya que, por órdenes de Ricaurte, orientó el caso hacía su archivo. Caso 6: Alfredo Dumar. El magistrado Gustavo Malo y Ricaurte lograron ponerlo como gerente de Fonade y lo aprovecharon como un fortín político, “usado para hacer favores burocráticos y comercializar puestos con la finalidad de lograr favores de la organización”.

El fiscal, además, para argumentar que era necesario enviar a la cárcel inmediatamente al exmagistrado Ricaurte, reveló un episodio simplemente increíble. Contó que cuando la corte avanzaba en la investigación contra Álvaro Ashton, ordenó interceptar sus teléfonos. Los registros indicaban que el político se comunicaba con frecuencia con Francisco Ricaurte, entonces magistrado de la Judicatura. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron las carpetas reservadas del caso Ashton en la corte –adscrito al despacho de Gustavo Malo–, no encontraron los informes de tales interceptaciones. Al empolvado expediente le faltaban justamente esas piezas. Pero la Fiscalía entrevistó a los analistas de líneas encargados de ese trabajo, y estos no solo dijeron que en su momento sí habían rendido los informes desaparecidos, sino que lograron recuperarlos “y aportaron copia de los mismos”.

Terminada la intervención de la Fiscalía, la jueza le preguntó a Ricaurte si se declaraba culpable o inocente de los cargos. El exmagistrado dudó. Y la jueza alcanzó a pedir a los asistentes desocupar la sala para que el procesado hablara en privado con sus abogados. Pero en medio de esto, Ricaurte reaccionó, tomó el micrófono y le dijo a la jueza: “¡No acepto los falsos cargos provenientes de reconocidos testigos criminales!”.

Los abogados defensores inicialmente trataron de tumbar la audiencia aludiendo supuestas ilegalidades, y luego cuestionaron que la Fiscalía le diera credibilidad a Gustavo Moreno, “un personaje que a pesar de ser el jefe de los fiscales que investigaban casos contra la corrupción, engañó la institución, y que con mentiras pasó la prueba de polígrafo”. Pero nada de eso persuadió a la jueza. La joven togada, tras una audiencia de 11 horas, resolvió enviar a la cárcel a Ricaurte.

Quedó así probado el filo de todas las confesiones que haga Gustavo Moreno. El ex fiscal anticorrupción solicitó ser trasladado a una guarnición militar donde tenga seguridad plena y un espacio tranquilo para trabajar en la reconstrucción completa de sus delaciones. A cambio aspira a una inmunidad en Colombia y una resolución pronta de su situación ante la Justicia de Estados Unidos.

Dentro de la matriz de colaboración judicial que la Fiscalía y la Corte Suprema están acordando con Gustavo Moreno aparecen, por ahora, estos temas y personajes: el magistrado Gustavo Malo y su auxiliar incondicional Camilo Andrés Ruiz (ver foto). El caso del senador Musa Besaile, así como su hermano, el actual gobernador de Córdoba, Edwin Besaile. El caso del senador Álvaro Ashton y el del exgobernador Juan Carlos Abadía. También vendrían delaciones contra el exmagistrado José Leonidas Bustos y sus alfiles en toda la Rama Judicial. Desde ya se anticipa que vendrán más capturas.

Un detalle cobra particular relevancia ahora. La Comisión de Acusación de la Cámara –juez natural de los magistrados dado su fuero– encontró que el arco temporal de los hechos que incriminan a Francisco Ricaurte se extendía desde 2013 hasta tiempo después de que este terminó su periodo de magistrado. Por eso, parte del expediente se remitió a la justicia ordinaria, con los efectos inmediatos del carcelazo del exmagistrado. Así que si Moreno decidiera contar eventuales delitos cometidos por Bustos tras dejar la toga, este podría correr la misma suerte. Por ahora está claro que el destape del cartel de los togados ya empezó a escribirse, y el inescrupuloso exfiscal Gustavo Moreno tomó la voz cantante.