Nación

Gustavo Moreno entuteló al director de la Policía

El exdirector anticorrupción aseguró que el general Óscar Atehortúa se niega a cumplir las órdenes de una jueza sobre su sitio de reclusión.

18 de diciembre de 2020
Esta es la primera foto que las autoridades de Migración Colombia le tomaron al exfiscal. Viajó al país, en calidad de deportado, en un vuelo comercial.

Gustavo Moreno fue el funcionario que en algún momento tenía la misión constitucional, desde la Fiscalía, de perseguir a los corruptos del país, pero fue capturado por el mismo delito que se supone debía combatir. Lo extraditaron a Estados Unidos y a su regreso, en calidad de deportado, lo notificaron de una orden de captura por otra condena en su contra.

El exdirector anticorrupción de la Fiscalía tiene una condena de 58 meses de prisión por sus actuaciones, como abogado litigante, en el llamado Cartel de la toga. La juez que emitió la orden de captura advirtió los riesgos en materia de seguridad para Moreno y pidió al Inpec adelantar las gestiones necesarias para trasladarlo al Centro de Estudios Superiores de la Policía – Cespo en el noroccidente de Bogotá.

Sin embargo, 15 días después de llegar al país y de ser recluido en el bunker de la Fiscalía, el traslado ordenado por la jueza no se ha cumplido, lo que ahora motivó una acción de tutela contra el director de la Policía, el general Óscar Atehortúa.

“Se dirigió ante el Señor Brigadier General Norberto Mujica Jaime, con la finalidad de ponerle en conocimiento los hechos aquí narrados en los numerales precedentes, e informarle que el ciudadano MORENO RIVERA estaba próximo a llegar deportado de los Estados Unidos y por tanto debía tener un lugar asignado para cumplir la pena impuesta en Colombia”, se lee en la acción de tutela radicada por la defensa del ex director anticorrupción.

En el documento, que fue radicado ante un juez del circuito de Bogotá, los abogados hicieron un relato detallado del proceso contra Moreno y de las órdenes de distintas autoridades relacionadas con los protocolos de seguridad en favor de su cliente.

“Decisión que fue tomada con base en los argumentos esbozados por la Fiscalía en su sustentación, acerca del peligro a que se vería expuesto el procesado, fundamentos coadyuvados por el representante del Ministerio Público”, explican los abogados en la acción de tutela.

En la tutela, que principalmente busca conseguir el traslado de Gustavo Moreno, la defensa del ex director anticorrupción, advierte que el director de la Policía, con su negativa a las órdenes de los jueces, está afectado los derechos de su cliente y de paso pone en riesgo su vida.

“Establecen que todas las personas pueden exigir ante los jueces, mediante un procedimiento preferente, la protección oportuna de sus derechos fundamentales, cuando de alguna manera resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier entidad pública o de un particular”, señala la defensa del exdirector anticorrupción.

La tutela también relata las respuestas y pronunciamientos de la Policía, en contra posición, con las órdenes de la juez, respecto del traslado de Moreno a la unidad policial.

“En rueda de prensa ofrecida por el Brigadier General Norberto Mujica, sostuvo públicamente que el centro de estudios superior no es un centro penitenciario ni carcelario, que ofrecía 132 centros penitenciarios del INPEC carcelarios para que el Juez Tercero de Ejecución de Penas escoja”, se lee en el documento.

Sin embargo, los abogados detallan que Cespo es un espacio donde otros condenados han pagado sus penas, esto para insistir que los argumentos del director del Inpec y de la Policía, carecen de validez.

“Es un hecho público, que el conocido CESPO es un lugar donde han estado recluidos privados de la libertad, pluralidad de personajes de la alta dirigencia estatal, es más, aún se encuentran allí personas privadas de la libertad”, resaltó la defensa de Gustavo Moreno.

En el documento, los abogados le insisten al juez, en el capitulo de peticiones, que se ordene la Policía ofrecer el espacio de reclusión y de no cumplirse la orden, que los superiores del director de la Policía e Inpec, en este caso, el presidente de la república y el ministro de justicia, los conmine a cumplir las órdenes de los jueces.