BOGOTÁ
Gustavo Petro, bajo la mira de la Fiscalía y la Procuraduría
Se abrió investigación disciplinaria contra el alcalde por supuestas faltas en la prestación del servicio de aseo.
El 7 de diciembre del 2012, el personero de Bogotá, Ricardo María Cañon, le envió una carta al procurador Ordóñez en la que reclamó que Petro no respondió adecuadamente la petición que le presentó para que le informara el plan de acción de la Alcaldía, “para dar continuidad a la prestación del servicio del aseo”.
Lo propio hizo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien el 18 de diciembre también pidió a la Procuraduría abrir una investigación al considerar que estuvo “en juego la salubridad pública de los bogotanos”.
En la Procuraduría General de la Nación cursan otras quejas contra Petro. Una de ellas se desprende de la sanción proferida por la Procuraduría Segunda contra la mano derecha del alcalde, el secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla.
En el auto de citación a la audiencia pública, presentado en julio, el procurador segundo Óscar Rodríguez le solicitó a Ordóñez, “iniciar acción disciplinaria contra el alcalde mayor”. La razón: haber posesionado en el cargo al director de la (UAESP) y secretario de Gobierno “a sabiendas” de que podría estar inhabilitado.
Aunque no se conoce la fecha, el alcalde deberá atender el llamado, decidido en respuesta a una denuncia penal, la misma a la que se refirió en el pasado mes de diciembre, el fiscal general, Eduardo Montealegre.
En diálogo con el noticiero CM&, el fiscal protocolizó la decisión. “Queremos escuchar las explicaciones del señor alcalde, que diga cuáles fueron los motivos para hacer los cambios que tuvo en materia de recolección de basuras”.
Se conoció, además, que son dos las investigaciones que adelanta la Fiscalía. La primera, por la contratación en el tema de las basuras, y la segunda, una de oficio por el daño en el medio ambiente.
Con la declaración de Petro, el ente acusador busca establecer su responsabilidad en la finalización de los contratos a las empresas privadas recolectoras de basuras.
El alcalde, quien ha mantenido un aparente desinterés frente a las investigaciones en su contra, también tendrá que responder por una queja por el llamado ‘carrusel de la contratación’. En septiembre pasado, el periodista Felipe Zuleta presentó queja por un presunto vínculo entre el alcalde y los cuestionados contratistas del grupo Nule. El tema es analizado por el Ministerio Público.
En la información consignada en el Sistema Misional de la Procuraduría, por presunta violación del régimen de inhabilidades disciplinarias, el alcalde tiene una indagación preliminar por una supuesta irregularidad relacionada con su posesión en el cargo de senador para el periodo 2006-2010.
Porte de armas
En manos del Consejo de Estado se encuentra una investigación que busca determinar la responsabilidad del alcalde ante una presunta inhabilidad para ejercer la Alcaldía. El concejal Orlando Parada, quien presentó la solicitud, argumentó que hace más de 25 años, cuando Petro militaba en el M-19, fue condenado por un tribunal militar por el porte ilegal de armas.
Petro tiene una carta a su favor. En julio, cuando el alcalde asistió a una audiencia, el procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado Isnardo Jaimes, les solicitó a los magistrados del alto tribunal "desechar" la demanda.
Por el tema de las basuras también existen quejas de los operadores ante la Superintendencia de Industria y Comercio. A lo anterior se suma que el operador de la basura LIME, la empresa a la que Petro vinculó con el paramilitarismo, también estudia una demanda.
Lo anterior hace prever que el 2013 no será un año fácil para el alcalde en los temas judicial y disciplinario.