Gustavo Petro criticó la ley de seguridad en Colombia y generó fuerte polémica

El martes, el Senado de la República aprobó la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la cual busca crear escenarios de legítima defensa en los cuales no exista responsabilidad penal, además de la regulación del uso de armas y otros dispositivos no tan letales para la vida humana. Así mismo, se pretende aumentar la pena de cárcel a un máximo de 60 años.

Como era de esperarse, este proyecto, que ya pasaría a conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes, ha causado una serie de controversias entre los distintos grupos políticos de oposición del país, especialmente entre los sindicatos y movimientos estudiantiles, que ven en su aprobación una “excusa para el aumento a la violencia en Colombia”.

De igual manera, la oposición dentro del Congreso indicó que avalar este proyecto, liderado por el Gobierno nacional, sería dejar a consideración de las personas lo que es o no la legítima defensa en medio de la conservación de los derechos patrimoniales.

Esa es la posición del líder de izquierda, Gustavo Petro, quien además tildó la propuesta como una “inmundicia”.

“Detrás del crecimiento de la inseguridad ciudadana está el hambre. Esa hambre no se debe a la covid. La mayoría de los países que han sufrido (la pandemia) no tienen hambre, porque una política de sus gobiernos privilegió cuidar la estabilidad emocional y física de su población. Este gobierno condenó al hambre a la sociedad colombiana, quebró 600 mil empresas en 2019 solo porque eran pequeñas, para salvar a las mismas grandes empresas. Le iba a poner IVA a la comida”, aseguró el precandidato del Pacto Histórico.

Igualmente, añadió: “Quieren fusilar a los ladrones, encerrarlos en la cárcel. Vean, denles comida. Denle comida al pueblo de Colombia y verán cómo se reduce la inseguridad. Quieren avalar el fusilamiento de los que protestan. Ahí se juntan a la vertiente clásica del paramilitarismo en Colombia”.

Por su parte, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda indicó que es tal la indignación de la oposición hacia este proyecto de ley que están pensando en entablar denuncias, incluso ante las altas cortes internacionales.

“Así que la demanda de inconstitucionalidad, que, por supuesto ya estamos preparando, la vamos a remitir en cuanto sea aprobado el texto de esta norma, todo su contenido, y sus anexos a la Comisión Interamericana para que constate el flagrante incumplimiento de sus recomendaciones internacionales”, explicó Cepeda.

En cuanto a los puntos que buscan privatizar el cuerpo de custodia dentro de las cárceles en Colombia, uno de los sindicatos del Inpec aseguró que esta nueva estrategia intenta quebrar la justicia y causar un revolcón en medio de los empleados carcelarios en el país.

“Privatizar el cuerpo de custodia y vigilancia va en contra de los tratados internacionales del tratamiento al recluso, debido a que estos tratados informan o sugieren a los Estados de que la custodia y vigilancia debe ser por parte del Estado mas no por privados”, explicó Óscar Robayo, miembro de uno de los sindicatos del Inpec, asegurando que si esta ley no se modifica, entrar en paro sería una opción viable.

Finalmente, Laura Alzate, dirigente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), manifestó que “uno de los aspectos más graves de este proyecto de ley es que no le da garantías a la movilización, así el gobierno de Iván Duque se haya encargado de decir que en su mayoría no fueron movilizaciones. Pero, además, legitima el abuso de la fuerza pública, que ya fue demostrado no solo por organismos nacionales, sino internacionales. No solo legitima eso, sino el abuso de la fuerza pública”.

Cabe recordar que este proyecto de ley también avala penas mayores para los agresores contra la fuerza pública, tema que los sindicatos han considerado como arbitrario y ventajoso.