Gustavo Petro fue elegido presidente de la República y no como dictador: la fuerte arremetida del fiscal general

“El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”. Esta frase emitida en su visita a España por el presidente Gustavo Petro sentó una crisis sin precedentes en la historia del país y una verdadera tormenta política en la cual, la mayoría de los sectores, le pide al jefe de Estado respetar la división de poderes.

En rueda de prensa, este viernes (5 de mayo), el fiscal general aseguró que Petro está desconociendo por completo lo contemplado en la Constitución Política de 1991. “Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no dictador en Colombia”

Recordó que el 7 de agosto de 2022, cuando se posesionó como presidente, juró proteger la Constitución Política y “no su Constitución”, recordó el fiscal general bastante molesto.

El fiscal general celebró el pronunciamiento hecho por la Corte Suprema de Justicia que le pidió al presidente Petro respetar la independencia de los poderes en Colombia que está contemplado en la Constitución Política de 1991.

En un fuerte pronunciamiento hecho este viernes, el alto tribunal advirtió que el fiscal general, contrario a lo publicado por Petro, “no tiene superior jerárquico” y es elegido directamente por el alto tribunal de una terna que envía el jefe de Estado. “Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.

En un comunicado, el alto tribunal advierte que las declaraciones emitidas por el presidente generan una “gran inquietud”, puesto que se trata de “la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia”. Esto, en referencia, a uno de los trinos publicados por el presidente Petro para justificar las declaraciones que hizo desde España.

Le recordó que las funciones del fiscal general están reguladas por el ordenamiento jurídico y enmarcada en la autonomía de la rama judicial. “La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia”.

En este sentido se advierte que se debe respetar la separación de poderes que contempla la Carta Política. “La Administración de Justicia, de la cual forma parta la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico”.

El Twitter de Gustavo Petro

El fiscal general advirtió que el presidente usó las redes sociales como su plataforma para lanzar declaraciones que a la postre se convierten en amenazas contra la seguridad, no solo del fiscal, sino de los funcionarios de alto nivel en la entidad. Por eso, aseguró, hace responsable al primer mandatario de lo que pueda ocurrirle a él y su familia.

En criterio del fiscal Barbosa, las declaraciones del presidente básicamente anuncia el “fin del Estado Social de Derecho” y todo nació desde la cuenta de redes sociales de Gustavo Petro, un punto que abre más dudas, en el entendido de que, para el fiscal, no es claro si fue el presidente quien los redactó o un robot quien escribió esos comentarios.

Hay un atropello a la rama judicial y a los funcionarios de la Fiscalía, por eso también advierte el fiscal que la misma contundencia que usa el presidente contra la rama judicial, no la tiene contra los criminales como el Clan del Golfo.

“Levantamiento de órdenes de captura a unos extraditables del Clan del Golfo cuando no había sustento legal y constitucional buscando una obstrucción a la justicia con mi firma donde yo hubiese firmado bloqueando esas extradiciones”, dijo el fiscal.

Hay una situación de riesgo para el fiscal y para su familia, por eso tomó la determinación de sacar a su núcleo familiar del país. Lo hará en las próximas horas mientras le pide a la Unidad Nacional de Protección que garantice la seguridad de los funcionarios.