¿Peligra la curul de Gustavo Petro en el Senado?

La presencia de Gustavo Petro en el Senado está en veremos. La Corte Constitucional acaba de emitir un fallo según el cual quienes sean responsables en términos fiscales –o sea que no han pagado una sanción judicial– no pueden aspirar a cargos públicos. Y al senador lo sancionó la Contraloría distrital, cuando era alcalde de Bogotá, por haber causado un detrimento en los ingresos de la ciudad. ¿La razón? Un decreto de 2012 mediante el cual redujo las tarifas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

El caso lleva seis años, aunque Petro participó en las elecciones presidenciales y luego se posesionó como senador. Ganó ese derecho por la nueva norma que establece que quienes pierden en segunda vuelta la presidencia y la vicepresidencia reciben una curul en el Senado y en la Cámara, respectivamente. Para posesionarse, el exalcalde logró que el Tribunal de Cundinamarca suspendiera la multa mientras el Consejo de Estado decide de fondo sobre el caso. Con el fallo de la Corte Constitucional, si el Consejo confirma la sanción, el senador podría perder la curul en el Congreso.

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Pero el tema tiene de largo y de ancho. Primero, por sus consideraciones políticas. Aunque el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, ha dicho que se trata de una decisión de carácter general –que afectaría a quienes estén en la misma situación–, Petro considera que forma parte de la larga persecución legal en su contra. Argumenta, entre otras cosas, que el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, pertenece a la cuerda del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, rival acérrimo de Petro. Granados, de paso, ha sido llamado a declarar por los posibles sobornos de la constructora Odebrecht.

El caso parece un nuevo capítulo de una novela conocida. Cuando Petro ejercía la alcaldía de Bogotá, el procurador general Alejandro Ordóñez lo sancionó con el retiro del cargo. Sin embargo, el entonces alcalde pudo regresar a su despacho gracias a una estrategia de tres elementos. En primer lugar, apeló la decisión. En segundo, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Y en tercero, salió repetidamente al balcón de la Alcaldía desde donde lanzó emotivos discursos para ganar apoyo popular ante una plaza de Bolívar con frecuencia colmada de seguidores.

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Por sus declaraciones, todo indica que el senador Petro repetirá la receta. Anunció que hará marchas populares para denunciar la persecución y lograr respaldo popular. Y acudirá, de nuevo, a la Comisión Interamericana. En ambos escenarios le puede ir bien. En la convocatoria popular, porque su sintonía con la gente ha ido en ascenso y porque cuenta con un sólido grupo de seguidores. Los 8 millones de votos que alcanzó en la segunda vuelta y su crecimiento en la última encuesta de Invamer –46 por ciento de imagen favorable– constituyen un momento de fortaleza ante sus seguidores.

En cuanto a la Comisión Interamericana, el exalcalde confía en normas contenidas en la Carta de Derechos Humanos de la OEA, que establecen que una decisión de control político no puede limitar los derechos políticos de una persona, a menos que esté condenada. Y ese no es el caso de Petro.

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Queda la tercera fase, la de la decisión de fondo, que, en primer lugar, está demorada y, en segundo, tiene que enfrentar un debate sobre el supuesto detrimento patrimonial del Distrito. Y, al fin y al cabo, al reducir tarifas Petro tomó una decisión administrativa. Controvertida desde el punto de vista técnico y tachada de demagógica, pero solo calificable como delito o falta disciplinaria si se demuestra que no estaba en la potestad del alcalde de la ciudad.

Por lo pronto, en consecuencia, mientras la CIDH se pronuncia y la justicia emite un fallo de fondo, Gustavo Petro seguirá ejerciendo de senador y desde su curul promoverá manifestaciones de respaldo a su favor. La historia se repite.