Política
Cielo Rusinque, la razón por la que no está funcionando la Comisión de Acusación
La Comisión de Acusación es la única instancia del Legislativo que no está en funcionamiento. Además del desprestigio que ha conservado históricamente, ahora hay una parálisis que tiene en vilo cientos de procesos.
La Comisión de Acusación siempre ha sido blanco de críticas por la lentitud y la ineficacia en la toma de decisiones contra los aforados que investiga. Históricamente, ha cargado con esa cruz. Además de que algunos de los miembros de esta célula legislativa no han pasado por facultades de Derecho, muchas de sus actuaciones han sido criticadas por no cumplir con los parámetros mínimos.
Su poca importancia, para algunos, ha llegado a tal punto que nadie se ha dado cuenta de que ha pasado más de un mes desde la posesión del Congreso y es la única comisión legal que no se ha instalado, no tiene una mesa directiva ni secretaría, por lo que los procesos están durmiendo el sueño de los justos.
Pero lo que está ocurriendo tiene un trasfondo político. El Pacto Histórico lo quiere todo, y desde que se definieron los acuerdos entre los partidos políticos quedó claro que el partido de gobierno quería la Secretaría General de la Comisión de Acusación. Nadie tuvo reparo alguno y se aceptó esa petición con base en los resultados de las elecciones al Congreso, en los que el petrismo obtuvo una mayoría aplastante.
Sin embargo, todo ha venido cambiando, pues la postulada que presentó el Pacto Histórico para ese cargo fue la abogada Cielo Rusinque, lo que causa desconfianza en otros sectores al considerarla una activista muy cercana al presidente Gustavo Petro. El problema de fondo es que por ese cargo que asumiría pasan todas las investigaciones relacionadas con el nuevo mandatario de Colombia, expresidentes, magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Según representantes a la Cámara, si se le entrega ese poder a Rusinque, ella podría actuar para que una u otra investigación avance más rápidamente, lo que causa incertidumbre.
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Esa ha sido una de las razones por las que no se ha instalado la comisión. De los 16 integrantes designados, 10 han dicho que eligen a cualquier persona postulada por el Pacto Histórico menos a Rusinque, quien renunció a la lista al Congreso de esa alianza política, según dijo, por sufrir “varios agravios” que la llevaron a tomar esa decisión.
La abogada se dio a conocer por un episodio en 2021 en el que increpó al presidente Iván Duque en Francia para reclamarle por la reforma tributaria. Meses después, reconoció que al Pacto Histórico, y a la campaña de Gustavo Petro, llegó una invitación del condenado exsenador Iván Moreno para visitar la cárcel La Picota a fin de hablar con los presos.
Por ese tipo de situaciones no la quieren tener en la Comisión de Acusación, pero se desconoce si el petrismo cuenta con otra carta para presentar a dicho cargo. Además, varios congresistas no quieren que Petro tenga el control pleno para definir los rumbos de las investigaciones. Algunos representantes creen que con Rusinque en la Secretaría General se podría despertar un sentimiento de venganza por parte de integrantes del partido de gobierno, quienes tendrían la intención de revivir procesos hoy engavetados o empujar algunos radicados en los últimos años contra altos funcionarios del Estado, como los expresidentes Iván Duque o Álvaro Uribe.
Como si esta diferencia fuera poca, otro punto de discordia es que la presidencia de la Comisión de Acusación, según los acuerdos, está en manos del Partido de la U y el respaldo sería para Wilmer Carrillo, un polémico congresista investigado por la Corte Suprema de Justicia y que fue llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción por un caso relacionado con su gestión cuando se desempeñó como secretario de Infraestructura de Norte de Santander.
Según las pesquisas, Carrillo habría ordenado el pago a contratistas que no cumplieron con el objeto de sus contratos y no ejecutaron las obras requeridas. Esto significa que, en un hecho sin precedentes, una persona vinculada con una investigación asuma la presidencia de la Comisión de Acusación, la cual, justamente, se encarga de investigar a los magistrados de la Corte Suprema. Es decir, Carrillo podría pasar de investigado a investigador y ese asunto tampoco cuadra en la Cámara de Representantes.
El presidente de la Cámara, David Racero, ha convocado a los 16 integrantes de la comisión en cuatro ocasiones para instalarla, pero no ha sido posible. Así las cosas, la Comisión de Acusación sigue entre la inoperancia y el desprestigio.