¿Ha sido víctima de créditos por suplantación? Corte Constitucional revisa proyecto de ley que busca frenar ese tipo de casos

Aunque en junio del año pasado el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que busca proteger a las víctimas de fraude digital, la revisión de esa iniciativa sigue en la Corte Constitucional. Esta vez, la Procuraduría le envío al alto tribunal un concepto que permitiría que esa intención se convierta en una realidad.

SEMANA conoció el documento en el que la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que “declare la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria ‘por medio de la cual se establecen medidas para proteger a las personas del reporte negativo ante operadores de información y el cobro de obligaciones en casos de suplantación de identidad ante los operadores de telecomunicaciones, entidades financieras, crediticias y demás establecimientos comerciales con esta competencia’”.

El concepto del ente de control se basa en que la iniciativa introduce mecanismos de protección de los derechos fundamentales al buen nombre, a la protección de datos y a la propiedad de las personas.

Para la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, el proyecto impone cargas exageradas a esos establecimientos y a comercios que tendrían que asumir las consecuencias de la suplantación. Ese concepto también está en manos de la Corte Constitucional, que dará el visto final antes de que se convierta en ley de la república.

En ese pronunciamiento, Asobancaria argumentó que “para nadie es un secreto los tiempos tan extensos que tardan las investigaciones y los procesos penales. Esta situación pone a las entidades financieras en una situación de incertidumbre respecto de la certeza acerca de cuándo podrán hacer efectivas sus acreencias, puesto que no es posible definir a priori el tiempo en el que estarán suspendidos los procesos de cobro”.

El proyecto de ley, presentado por los congresistas Jota Pe Hernández y Duvalier Sánchez, propone que las víctimas de suplantación no tengan que pagar los créditos que estafadores sacaron con su identidad y los reportes en Datacrédito se eliminarían. Sin embargo, la persona afectada debe reportar ante la entidad, comercio y operadores de telecomunicaciones para que tomen las medidas de seguridad pertinentes para que se verifique la identidad de quien solicita el servicio.

El representante Sánchez destacó en su momento que “lo que busca el proyecto de ley es que tan pronto la persona haya sido víctima de fraude reporte a la empresa de comunicaciones o la entidad financiera y se suspende cualquier cobro de este producto o servicio”.

Uno de esos casos que conoció SEMANA es el de Luis Daza, quien había sido cliente de una empresa de telecomunicaciones durante más de una década. Aunque la empresa debería conocerlo tras tantos años de relación comercial, no vio problema en despachar un televisor de 50 pulgadas, que vendía en su página web, a una dirección distinta a la suya y a una persona que se hizo pasar por Luis, para luego cobrárselo a su cliente en su factura mensual.

Cuando Luis se percató del cobro extra en la factura y de la suplantación, inmediatamente hizo el reclamo, pero en la empresa primero le pidieron que pagara la factura para que no le cortaran el servicio y luego le exigieron demostrar que él sí era él. Le solicitaron una copia de su cédula y otros documentos de identificación, algo que no entiende por qué no le pidieron al suplantador y, más de dos meses después, aún no le han devuelto lo que pagó de más en su factura, pues el falso Luis había debitado la compra a un año.

Ese tipo de casos son los que el Congreso de la República busca combatir a través de ese proyecto de ley y el cual, por ahora, pasa por una minuciosa revisión de la Corte Constitucional.