NACIÓN
Habilitan a la Unidad de Restitución de Tierras para realizar procesos de gestión catastral
La gestión se podrá aplicar en predios que cuentan con sentencia de restitución a nivel nacional.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) habilitó a la Unidad de Restitución de Tierras para realizar procesos de gestión catastral como conservación, actualización y difusión; focalizado en los municipios y predios que cuentan con sentencia ejecutoriada de restitución a nivel nacional; lo que será fundamental para el cumplimiento de la política de Catastro Multipropósito.
“Esta es una buena noticia para las víctimas del desplazamiento y para el catastro multipropósito, ya que luego de cumplir con los requisitos de ley, la Unidad se habilita como gestor catastral. Dicha entidad cuenta con una estructura administrativa descentralizada, lo que le permite contar con sedes, equipos y tecnologías propias a lo largo del territorio y prestar de manera diligente el servicio público de catastro”, señaló Ana María Aljure, directora general del IGAC.
A partir de esta habilitación, el IGAC inicia un proceso de empalme con La Unidad y con los demás gestores catastrales con influencia en los predios correspondientes que tendrá una duración máxima de tres meses. Es importante hacer énfasis que la gestión catastral por parte de la Unidad de Restitución de Tierras se desarrollará en función de los predios que se encuentren inscritos en el RTDAF (Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente) y que tengan sentencia ejecutoriada favorable.
La Unidad trabajará durante los tres primeros años sobre 11.235 predios en 23 departamentos y 302 municipios, cubriendo más de un millón 300 mil hectáreas del territorio. Este número de predios se incrementará de manera gradual y progresiva, a partir de la generación de sentencias por parte de los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras. “El equipo de la Dirección de Regulación y Habilitación del IGAC, encabezará el proceso de empalme para garantizar que todas las partes involucradas realicen lo correspondiente a sus funciones y prestará acompañamiento permanente a la entidad”, señaló Aljure.
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La Unidad de Restitución de Tierras iniciará acciones como Gestor Catastral una vez termine el proceso de empalme. A la fecha, el país cuenta con 36 gestores habilitados por parte del IGAC para la prestación del servicio público catastral.
La Unidad es la entidad del Gobierno nacional que actúa como órgano administrativo de la restitución de tierras y territorios; y tiene como propósito la protección y el reconocimiento de los derechos y la reparación integral de las víctimas de despojo y abandono forzado, aportando al desarrollo rural, la consolidación y a la construcción de la paz.
En lo que va de implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que arrancó en 2011, se han devuelto a sus legítimos propietarios cerca de 550 mil hectáreas. Esto es, para hacerse una idea, un territorio más grande que todo el departamento del Atlántico. En reciente diálogo con SEMANA, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, reveló que son más de 51 mil familias las beneficiadas con las restitución hasta el momento.
La inversión del Gobierno nacional, a la fecha, es de más de $72 mil millones, lo que ha significado emprendimientos de ganadería, apicultura, avicultura, piscicultura, porcicultura y cultivos de hortalizas, pimienta y ají, entre otros. La inversión del Gobierno nacional, a la fecha, es de más de $72 mil millones, lo que ha significado emprendimientos de ganadería, apicultura, avicultura, piscicultura, porcicultura y cultivos de hortalizas, pimienta y ají, entre otros.
De otro lado y desde que entró en operación, en el Fondo de Tierras se han ingresado 1.904.400 hectáreas, de las cuales el Gobierno del presidente Duque incorporó 1.683.073 hectáreas, beneficiando a familias campesinas y comunidades étnicas. Myriam Carolina Martínez Cárdenas, directora de la Agencia Nacional de Tierras, dio cuenta de los obtenidos hasta ahora. “El Fondo de Tierras es un mecanismo que se crea con el acuerdo de paz, en el que se estableció que, en un término de 12 años a partir de su implementación, dispondrá de 3 millones de hectáreas destinadas a comunidades rurales. Este se alimenta de diferentes fuentes: los bienes fiscales patrimoniales, que son los inmuebles propiedad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y los bienes baldíos, que son predios de la Nación administrados por nosotros y con los que buscamos, principalmente, garantizar el acceso a la tierra de los sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural”.
