JUSTICIA

“No van a amilanarnos”: magistrado Eyder Patiño tras cancelación de su visa a Estados Unidos

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue uno de los tres magistrados a los que Estados Unidos les revocó la visa. Esta fue su reacción a la decisión de las autoridades diplomáticas de ese país.

11 de mayo de 2019
Magistrado Eyder Patiño, presidente sala penal Corte Suprema de Justicia | Foto: CORTESÍA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Al término de un evento judicial en Cartagena, el presidente de la Sala penal de la Corte Suprema, magistrado Eyder Patiño, se pronunció sobre la decisión de la Embajada de los Estados Unidos de cancelar su visa para el ingreso a ese país.

Patiño consideró que esa determinación del cuerpo diplomático norteamericano obedeció a algunas de sus posiciones jurídicas que en su criterio “le han resultado incómodas a algún sector de la opinión”.

Pese a ello aseguró: “Eso no va a amilanarnos. La corte siempre ha tenido una posición enhiesta (recta) a nivel social (...) siempre ha sido quien marque el derrotero ético y moral, pese a los sobresaltos que ha habido”, según declaraciones recogidas por el diario capitalino El Tiempo.

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El caso del retiro de la visa de Patiño tendría relación directa con el trámite de extradición de José Martín Yama Guacanés, un indígena de la comunidad San Juan de los Pastos, en Ipiales (Nariño). El hombre fue grabado por la DEA adelantando transacciones de droga y fue requerido en extradición por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

La Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Patiño tomó la decisión de negar la extradición a Estados Unidos bajo la protección del principio del non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo delito) en vista de que la comunidad indígena ya lo había sancionado. El resguardo anexó incluso la constancia según la cual ya había sido condenado por narcotráfico a diez años de prisión por las autoridades de su resguardo bajo los parámetros de la jurisdicción indígena. Aunque el concepto de extradición fue proferido el 21 de marzo del 2018, viene generando malestar desde entonces.

El magistrado Patiño también se refirió a los escándalos de corrupción que han manchado a la Corte Suprema de Justicia, caso del cartel de la toga, al señalar que están trabajando para limpiar esa imagen.

“Todos los conocemos (esos hechos) y nos avergüenza. Pero estamos en el propósito de purgar y de limpiar, porque tenemos que rescatar la administración de justicia”.

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La confirmación de la suspensión de las visas del magistrado Patiño, además de la de los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, generó un terremoto político y judicial y provocó un rechazo unánime y rotundo de la cúpula de la Justicia.

Los primeros en responder fueron los magistrados del Consejo de Estado, quienes subrayaron que "ningún elemento, decisión, o actuación" de representaciones diplomáticas en el país debe ser usado como "mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales". "Esto afecta la autonomía esencial en la actividad judicial, por cuanto esto afecta la autonomía esencial en la actividad judicial, bajo esta premisa somos solidarios con la autonomía e independencia de la Corte Constitucional".

La Corte Suprema de Justicia rechazó lo que denominó el ataque "sistemático a la integridad del Poder Judicial" contra uno de sus magistrados de la Sala Penal y contra  algunos magistrados de la Corte Constitucional.

"Cualquier interferencia, acto injusto, persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra sus magistrados, es también una agresión contra la independencia judicial, la cual no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y bastión de los estados constitucionales que todas las democracias deben defender como una de las mayores conquistas de la civilización", manifestaron a través de un comunicado leído por el presidente de la corporación, magistrado  Álvaro García.

Esta corte, hizo un llamado a los jueces a "permanecer fieles al cumplimiento de su deber y alejados de presiones indebidas". Igualmente, pidieron a la sociedad y a las instituciones rodearlos de garantías en el desempeño de su misión.