¿Habrá audiencia pública sobre aborto en Colombia? Así va la discusión en la Corte Constitucional

Hace pocos días, a la Corte Constitucional llegó un nuevo concepto sobre el aborto. La procuradora Margarita Cabello, siguiendo la misma línea del exprocurador Fernando Carrillo, insiste en que debe ser el Legislativo el que regule este tema que genera tanta polémica en Colombia.

El pasado 15 de febrero, la Corte Constitucional envió a la Procuraduría los conceptos especializados allegados al proceso de constitucionalidad D-13956. El Ministerio Público reiteró la solicitud de inhibición del 14 de diciembre de 2020 al considerar que la determinación de la política de Estado en materia criminal y, en especial, sobre la penalización de aborto, se encuentra en cabeza del Legislativo.

En este momento, existen al menos 52 solicitudes (sumando las que han llegado a los despachos de los magistrados Antonio Lizarazo y Alberto Rojas Ríos) en las que se solicita una audiencia pública para discutir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, un tema que sigue generando opiniones divididas en el país.

A las mujeres colombianas se les está permitido abortar si se encuentran en alguna de las tres causales estipuladas por la jurisprudencia: (i) cuando exista peligro para la salud mental o física de la mujer, (ii) cuando exista grave malformación del feto, o (iii) en casos de violación.

De un lado, están quienes apoyan el tema. Por ejemplo, hace pocos meses, a partir de investigaciones y estudios, el movimiento Causa Justa concluyó que existen barreras estructurales que aún impiden que a las mujeres se les practique un aborto seguro a pesar de que estén amparadas por alguna de las tres causales.

Por ejemplo, encontraron que la falta de conocimiento legal, la interpretación restrictiva de las normas y las fallas en la prestación del servicio de salud son realidades reinantes en Colombia y que se ven seriamente ahondadas por el hecho de que el aborto sea considerado un delito y se mantenga en el Código Penal.

Básicamente, si el aborto continúa siendo tipificado, así sea parcialmente, es altamente probable que las mujeres no puedan acceder a él.

Registros demuestran que de 910 mujeres denunciadas por el delito de aborto, el 29,77 por ciento está en los registros del ente de control por haber sido víctimas de algún delito. De esta porción, 30 por ciento sufrieron violencia intrafamiliar, 26 por ciento lesiones personales y 11 por ciento delitos sexuales.

Con respecto a los profesionales de la salud que llevan a cabo estos procedimientos, la demanda resalta el riesgo que corren frente a las autoridades judiciales si se considera que lo hicieron por fuera de las tres causales estipuladas —interpretadas usualmente de forma conservadora y poco amplia— y las posibles penas de cárcel a las que se exponen. Su licencia médica también estaría en juego. Adicionalmente, revela que desde su formación académica, remontándose a los años de su pregrado, a estas personas no se les enseña cómo lidiar con pacientes que desean abortar.

Por su parte, sectores como la denominada Bancada Provida han insistido en que no es viable despenalizar el aborto.

Por ejemplo, recientemente cuando se aprobó la legalización del aborto en Argentina, expresaron el temor que existe de que eso mismo ocurra en Colombia: “Con gran preocupación nos hemos enterado de la propuesta de ley que busca legalizar el aborto en Argentina hasta la semana 14 del proceso gestacional, así como en niñas menores de 13 años de edad sin el consentimiento de los padres y además sin ninguna limitación de tiempo o causal. Pretende también esta ley penalizar a cualquiera que se oponga a este crimen, en especial y de manera cruel contra el personal de salud que se resista al mismo”, señalaron en ese momento en un comunicado conjunto.

Lo que consideran es que el derecho a la vida es el primer derecho. Si se desconoce o se niega, todos los demás derechos desaparecen por sustracción de materia. Por ahora, el debate está en la mesa y pronto se iniciará una nueva discusión.