¿Habrá cárcel en el posconflicto?

Aunque muchos colombianos sueñan con ver a Timochenko vestido a rayas y en una prisión de máxima seguridad, seguramente eso nunca va a ocurrir. Y no porque la paz que se está negociando en La Habana entre el gobierno y las FARC vaya a terminar en una fórmula de impunidad absoluta, como dicen algunas voces de la oposición, sino porque la discusión sobre la justicia, en el marco de una negociación para ponerle fin al conflicto, es mucho más compleja que definir, solamente, si habrá cárcel o no. El propio exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo esta semana que Colombia va a tener que aplicar toda su sabiduría para encontrar un balance entre justicia y paz.

Y eso es lo que a esta hora tratan de hacer gobierno y guerrilla en La Habana: buscar la fórmula salomónica para ponerle una cuota seria de castigo que no ponga en peligro la negociación. La gran pregunta es si se puede encontrar un castigo, alternativo a la cárcel, que satisfaga a la opinión pública y que cumpla los compromisos internacionales que obligan a Colombia a evitar la impunidad. Lo que viene es una justicia transicional creada para pasar de la guerra a la paz, y cualquier receta que se pacte en La Habana seguramente va a ser muy distinta a la que se les aplicó a los paramilitares: la de la Ley de Justicia y Paz, con penas máximas de ocho años de cárcel.

Del lado del gobierno parece haber realismo. El presidente Juan Manuel Santos dijo esta semana: “No queremos firmar un acuerdo que luego sea derrotado en las cortes”. En otras palabras, no habrá una amnistía al estilo de las que ya se han hecho en Colombia en el pasado.

El expresidente César Gaviria hizo hace unos días una propuesta audaz, pero muy controvertida, de ampliar la justicia transicional a los cómplices de la guerra -no combatientes-, lo que resultó música para muchos oídos.

La guerrilla, por su parte, ha mandado mensajes contradictorios. En ocasiones ha dicho que está dispuesta a ser juzgada, si lo son también los “presidentes y ministros de Defensa” que han sido sus adversarios. Pero en los últimos días han repetido ante los micrófonos que no pagarán ni un solo día de cárcel.

Esta posición tiene lógica: nadie negocia para ir tras las rejas. Las FARC se amparan en la naturaleza política del conflicto y en la paz como un derecho supremo, y reclaman un derecho a la rebelión. Pero ni ellos, ni el gobierno pueden ignorar que en la última década la justicia internacional se ha fortalecido, y que el perdón y olvido, a rajatabla, ya no son posibles. Para demostrarlo están Guatemala, Irlanda o Argentina, donde la justicia resucitó de entre los muertos, años después de firmada la paz.

Por eso el debate hoy no es si habrá cárcel o no, sino cómo será el modelo que Colombia se inventará para hacer justicia sin sacrificar la oportunidad de la paz. Como dijo Annan, en esta materia no hay fórmulas mágicas y a cada país le toca lidiar con sus peculiaridades.

Los máximos responsables

Si algo se ha ido aclarando en el debate jurídico es que se juzgará solo a los “máximos responsables” de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y para eso está aprobado ya hace tiempo el Marco Jurídico para la Paz. Se trata de un número entre 30 a 50 personas, entre los que habrá guerrilleros, pero también militares e incluso políticos o financiadores, que tengan relación directa con los episodios más sangrientos del país. Lo que asusta, con toda razón, tanto a los jefes de las FARC como a los militares es que estos “máximos responsables” tendrán nombre propio. Y nadie quiere pasar a la historia como responsable de haber causado 7 millones de víctimas.

Posiblemente en el caso de las FARC sea más fácil definir quiénes son los máximos responsables, pues a pesar del daño que han causado son una estructura relativamente pequeña, con un mando muy vertical. Más difícil será ponerles rostro a los responsables de los crímenes cometidos por agentes del Estado. No porque –como dijo el expresidente Gaviria– en el lado del Estado solo se hayan cometido algunos abusos en materia de derechos humanos, sino porque hoy las Fuerzas Armadas son una estructura de casi medio millón de hombres y probar la responsabilidad directa de algunos altos mandos, con políticas como los falsos positivos, será más difícil. Las FARC incluso van más allá y plantean que entre los “máximos responsables” debe haber miembros de las elites económicas y políticas que han determinado el rumbo e intensidad de la guerra.

“En un país como Colombia, donde el estamento militar ha estado subordinado al civil, donde la dictadura castrense no se ha tenido que ejercer desbancando a civiles electos, la cadena de mando no termina en los cuarteles sino en los salones diversos de las instituciones que funcionan formalmente como democráticas y en los cubículos civiles del poder político y empresarial”, escribió Carlos Alberto Ruiz, uno de los abogados cuyas tesis siguen las FARC, la semana pasada en el portal rebelión.org.

Así las cosas, un punto álgido es quiénes serán los encargados de hacer la lista de los “máximos responsables” que llevarán sobre sus hombros la “culpa” de 60 años de conflicto.

¿Un tribunal mixto?

Las FARC se oponen a ser juzgadas por tribunales nacionales pues consideran que la Fiscalía y los jueces son parte de su enemigo, y por tanto no serían neutrales. El año pasado propusieron una idea que a lo mejor por traída de los cabellos no prosperó: que Unasur creara un tribunal internacional para estos efectos. Es muy remoto que algo así prospere, pues los tribunales internacionales necesitan la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, y están reservados para casos muy críticos o países fallidos, y Colombia no lo es.

La idea de un tribunal mixto que viene agitando la exministra Marta Lucía Ramírez suena más interesante, pues les daría garantías de equilibro a todas las partes. Este modelo híbrido entre jueces del propio país y extranjeros se está aplicando en Camboya para juzgar a los jemeres rojos.

¿Debe haber cárcel?

No existe ningún tratado ni ley o acuerdo que diga que los criminales de guerra o de lesa humanidad deban ir a la cárcel, por brutal que haya sido su actuación. Lo que pide la comunidad internacional es que se les juzgue y sancione.

En la práctica, tanto los tribunales de Yugoslavia, Sierra Leona, Ruanda y todos los demás han privado de la libertad, así sea por poco tiempo, a sus condenados. Y nunca en prisiones como La Picota, ni mucho menos como Guantánamo ni Abu Ghraib. Charles Taylor, el sanguinario dictador de Liberia, condenado por la Corte Penal Internacional, por ejemplo, está preso en una prisión en La Haya que se parece más bien a un hotel de cinco estrellas.

Privación de la libertad también se puede considerar el confinamiento en un lugar. En Chile, los militares condenados por los crímenes de la dictadura pagaron sus penas en prisión domiciliaria. Incluso se puede pensar en áreas más grandes como un pueblo o ciudad, y no ha faltado quien proponga que la permanencia en Cuba se les cuente a los miembros de las FARC como si estuvieran en prisión. La cárcel entonces no tiene que ser una celda en el infierno y en eso está de acuerdo hasta el procurador Ordóñez.

Ahora, una cosa es el debate dentro de Colombia y otra la visión que impera en La Haya, donde la Corte Penal Internacional, CPI, actúa como los ojos morales del mundo. Fatou Bensouda, fiscal de ese tribunal, en una carta dirigida a la Corte Constitucional en 2013, dijo: “La suspensión de la pena de prisión significa que el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera advertirle que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.

Y aunque muchos consideran a la CPI un tigre de papel, en realidad dejar la puerta abierta para que esta intervenga es un riesgo para la sostenibilidad de los acuerdos de paz en el futuro. Menos en un país que tiene algunas de las ONG con más experiencia en litigio internacional en derechos humanos.

¿Peor que la cárcel?

Tampoco la cárcel es la única manera de hacer justicia. En El Salvador, Joaquín Villalobos, comandante del FMLN, perdió los derechos políticos por 20 años por recomendación de la Comisión de la Verdad y no pudo participar en elecciones ni en cargos públicos, a pesar de ser el más destacado de los negociadores de la guerrilla. Esta es una sanción moral y política muy contundente para los “máximos responsables”, pues verlos en el Congreso -sean Iván Márquez o Rito Alejo del Río- es un sapo más difícil de tragar que verlos libres.

Según el experto en derecho internacional Alejandro Valencia Villa “si hay altas dosis de verdad y reparación, y se asumen responsabilidades, la justicia se puede dosificar”.

Esto es importante porque propuestas como la del expresidente Gaviria, de que la justicia transicional cobije a todo el mundo, genera la sensación de que todos los que participaron en la guerra se quieren ‘hacer pasito’ cuando en realidad la justicia transicional es un camino realista para garantizar que las víctimas y la sociedad tengan verdad y algo de resarcimiento.

¿Qué justicia habrá para el resto?

Una vez resuelto el problema de los “máximos responsables” la pregunta es qué pasará con los demás guerrilleros. El Marco Jurídico para la Paz contempla que no se les persiga siempre y cuando pongan sobre la mesa mucha verdad y reparación y, por supuesto, se porten bien el resto de sus vidas.

En ese paquete entrarían por lo menos 15.000 guerrilleros, la mayoría de los cuales tienen a cuestas crímenes de guerra y delitos atroces. Esta medida cobijaría también a los 6.000 militares que tienen procesos por violaciones a los derechos humanos, seguramente incluyendo los falsos positivos; y de paso a los cerca de 14.000 cómplices de los paramilitares a los que les han sido compulsadas copias en la Fiscalía, y que están expuestos a condenas mayores de las que obtendría, por ejemplo, Timochenko, si son juzgados por la justicia ordinaria. Eso sí, también tendrían que reconocer lo que hicieron y reparar a las víctimas.

La verdad es la llave

La semana anterior, en un foro de alto nivel organizado por el Instituto de Justicia Transicional sobre este tema, quedó claro que la verdad es tan importante como los otros mecanismos de justicia. El alto comisionado Sergio Jaramillo dijo que era el momento de reconocer todo lo que ha ocurrido en el conflicto y las responsabilidades compartidas sobre la tragedia nacional. Incluidas las del Estado.

Los expertos aterrizaron aún más el tema y advirtieron que la verdad es crucial y que necesita la participación de toda la sociedad. Pero que una Comisión de la Verdad deberá tener un alcance limitado, pues es imposible contar todo sobre un conflicto largo y enmarañado como este.

Lo que va quedando claro hasta ahora es qué castigo por los pecados de esta guerra tendrá que haber. Que sea con cárcel o con otro tipo de sanciones está por verse –y ese es el meollo de la negociación de La Habana–, y que las fórmulas dependen en buena medida de qué tanta verdad y reparación ofrezcan guerrilla, militares y los cómplices de todos los grupos armados.

La sociedad colombiana, en cuya cultura política la cárcel es considerada el remedio contra sus males, tendrá que sopesar las ganancias de la paz, y la necesidad de ser flexible en materia de justicia, para poder pasar la página de horror de un conflicto de más de medio siglo.

En pocas palabras, llegó la hora de tragarse el sapo.