Hace 20 años se desmovilizó el EPL

De seguir existiendo, el Ejército Popular de Liberación (EPL) tendría hoy la misma edad que el Plan de Desarrollo del Alto Sinú, lanzado por el presidente Carlos Lleras Restrepo en 1968. En los casi 40 años transcurridos, el EPL dejó de existir y los campesinos de esa región, que padecen desde entonces, sin respiro, una de las guerras más feroces de Colombia, todavía siguen esperando el desarrollo prometido.

El primero de marzo de 1991, 2.200 combatientes de esa guerrilla y su partido madre (el PCC ML, disidencia maoísta del tronco madre estalinista), congregados en cinco campamentos en Urabá, el centro de Antioquia, Risaralda, Córdoba y Norte de Santander pusieron fin a 23 años de ‘guerra popular prolongada’, entregaron sus armas y se embarcaron en el movimiento político ‘Esperanza, Paz y Libertad’. Atrás quedaba una disidencia de 150 hombres, encabezada por Francisco Caraballo, que se negó a desmovilizarse y fue capturado dos años después. Por delante, uno de los procesos más dramáticos de reintegración a la vida civil que ha habido en Colombia.

De esos 2.200 desmovilizados, que pasaron del monte a tener cuatro representantes en la Constituyente del 91, 500 murieron en refriegas tremendas, unos aliados con los paramilitares de Carlos Castaño contra las FARC y Caraballo, otros rearmados, para defenderse, en los fugaces Comandos Populares. Todo ello, en Urabá que, de plaza fuerte del EPL se volvió la tumba de muchos miembros de una guerrilla que, como todos los grupos armados de Colombia, cargaba a cuestas, al desmovilizarse, su cuota de atrocidades ideológicamente bendecidas. Su movimiento político terminó desapareciendo y muchos pasaron a la Alianza Democrática M-19.

Pese a sus tremendos costos, a juicio de los ex militantes que hoy lo miran desde sus nuevos lugares en la sociedad, el proceso valió la pena. Aunque el debate pasional o interesado de hoy poco lo recuerda, no se trató de una amnistía completa: 120 guerrilleros fueron a prisión, por delitos no indultables. Veinte años después de esa desmovilización, muchos antiguos líderes están en el liberalismo, en los Verdes, en el Polo y algunos fueron destacados funcionarios uribistas. Tres han sido congresistas; otros tantos, diputados; muchos, consejeros de paz a nivel departamental, y hay una larga lista en ONG y en programas que han reinsertado a la vida civil combatientes de desmovilizaciones posteriores. Los miembros de base tienen empresas de transporte, proyectos productivos que se volvieron pequeñas empresas, o están empleados.

Un balance que, pese a los fallos del proceso y a la persistencia del conflicto armado, muestra que la reintegración, bien manejada, funciona, aun después de una desmovilización que empezó por un baño de sangre. Una lección positiva para el país de los desmovilizados de las AUC y las BACRIM. Y una constatación que todavía demasiados se resisten a hacer en Colombia: en los 23 años de violencia desplegada por el EPL a lo largo de su existencia, ni la guerrilla ni el Estado lograron cambiar la miseria sin esperanza en la que, entonces como hoy, siguen viviendo los campesinos de la región que vio nacer esa aventura maoísta criolla. En lugar de cambio y desarrollo, la lucha armada y la respuesta oficial solo han abonado un cultivo: la violencia.