Hacinamiento en Centro de Detención Transitoria en Huila es del 114 %; Defensoría pide que se garanticen los servicios de salud

La Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, en colaboración con la Regional Huila, llevó a cabo una visita al Centro de Detención Transitoria Bodega Alpina en Neiva, para verificar los derechos humanos de la población privada de la libertad (PPL).

Durante la visita, los funcionarios contrataron que el centro de detención, diseñado para albergar a 85 personas, actualmente tiene a 182 privados de la libertad, lo que representa un hacinamiento del 114 %.

Además, el equipo de la Defensoría del Pueblo recibió quejas sobre la deficiente o inexistente prestación de servicios de salud a las personas privadas de la libertad, y brindó asesoría jurídica.

Por último, los funcionarios identificaron deficiencias en la infraestructura y en la prestación de servicios públicos en el centro de detención.

Hacinamiento alcanza el 151 % a nivel nacional

La muerte de una persona privada de la libertad y otras siete heridas como consecuencia de una conflagración en una de las celdas de la Unidad de Personas Privadas de la Libertad (UPPL) en la ciudad de Manizales, prendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo en marzo pasado.

Luego de lo sucedido en la UPPL, un equipo de la regional Caldas de la Defensoría se desplazó al lugar para adelantar un proceso de verificación de las condiciones de quienes resultaron heridos, así como también de las demás personas privadas de la libertad que continuaban en las instalaciones de la UPPL.

“Las condiciones de hacinamiento en los Centros de Detención Transitoria (CDT), que alcanzan el 151 % de sobrepoblación a nivel nacional, están poniendo en riesgo la vida e integridad de personas privadas de la libertad. En muchos casos las condiciones son inhumanas, con claras vulneraciones a los derechos a la salud y a la justicia”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

De manera articulada entre el organismo, la Personería Municipal y la Procuraduría Provincial, se realizaron solicitudes a las Secretarías de Gobierno y de Salud de Manizales para que “se brinden y se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad, no solo de este sitio, sino también de los demás CDT de la ciudad”.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo anunció que estará atenta al resultado de las investigaciones para que se determinen las causas de la conflagración y se puedan establecer las responsabilidades, “pero principalmente para que se tomen los correctivos para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar”.

A través de la Defensoría Delegada para la Política Penitenciaria y Carcelaria, se anunció que se “continuarán efectuando visitas periódicas, como organismo de control en materia de derechos humanos, a los diferentes CDT en todo el país, con el fin de seguir poniendo en evidencia esta grave situación”.

Procuraduría sobre el hacinamiento

Por otra parte, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo realizaron recientemente una visita a cinco centros de detención transitoria en Risaralda, donde encontraron que el hacinamiento en estos centros alcanza un 144 %.

Este hacinamiento está causando graves problemas de salud y vulnerando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentran allí, de acuerdo con el organismo de control. Además, las entidades identificaron deficiencias en la adquisición y preparación de alimentos, así como en las instalaciones, que están empeorando la situación de los reclusos.

Ante esta situación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, convocó a una mesa de trabajo interinstitucional en la que se acordaron compromisos para solucionar la crisis lo antes posible.

Entre las medidas más importantes, se estableció la suscripción de convenios entre los entes territoriales y el Inpec para el traslado de los sindicados a establecimientos de reclusión del orden nacional, con el fin de reducir el hacinamiento. También se acordaron brigadas de salud quincenales para atender a los reclusos y prevenir brotes de enfermedades, así como la creación de un fondo común entre la Gobernación y las alcaldías para mejorar la infraestructura de los centros.