¿Qué hacer con las cárceles de Bogotá?

Esta semana se hizo control político en el Concejo de Bogotá sobre la situación de las cárceles de cla ciudad, que albergan a cerca de 16.000 personas aunque sólo cuentan con recursos para atender a 10.000 presos que ya fueron condenados. Con un sobrecupo de más del 50 por ciento, los tres centros penitenciarios de la capital no dan abasto pero tampoco hay dinero para aliviar el problema. Según cifras del Inpec, cada recluso puede costar 18 millones de pesos al año. Esto significa que para sostener a esas 6.000 personas de más se necesitan, por lo menos, 108.000 millones de pesos.

La solución provicional ha sido enviar a los sindicados a las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y a las espaciones de Policía. El inconveniente es que en estas celdas no se puede cuidar a los reclusos, pues no cuentan las condiciones de habitabilidad necesarias, por lo que no se pueden garantizar salud, alimentación, visitas ni traslados. 

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Según la Personería de Bogotá, las URI con más hacinamiento son Puente Aranda, con 147 detenidos y capacidad para 80 personas; Kennedy, con 94 detenidos y capacidad para 50; y Molinos, con 85 detenidos y capacidad para 50 personas. Todas superan el 70 por ciento de hacinamiento, pues muchos presos llegan a estar allí hasta 6 meses. 

La situación de los 300 reclusos que hoy están las estaciones de Policía no es mejor. Difícilmente reciben visitas y viven en muy malas condiciones higiénicas: no tienen duchas, ni baterías sanitarias y menos a buena alimentación, están obligados a dormir en el piso mientras hacen turnos para poder descansar. Además, esta situación trastoca las labores de la Policía, pues se descuidan en promedio 60 cuadrantes —180 barrios— por estr vigilando a los reos, quienes deberían estar bajo vigilancia del Inpec. Esto sin contar que el Estado se expone a demandas. 

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"Cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume la responsabilidad de esta vida, pero hay presos sin condena, es el Distrito el que se debe hacer cargo", explicó el concejal Germán García, quien desde 2016 ha denunciado la violación de los derechos humanos de los reclusos. Y agregó: "El Distrito de Bogotá tiene 22,5 billones de presupuesto— lo que tiene Uruguay de presupuesto— por eso debe pensar en contribuir en el mejoramiento de las condiciones carcelarias".

Ahora bien, construir más cárceles o ampliar las existentes no es una solución definitiva, paralelamente habría que hacer reformas al sistema judicial para que sea más eficiente. Hay casos de personas que cumplen más de 5 años de prisión sin ser juzgadas. García de hecho ha denunciado que el acceso a la justicia es uno de los problemas estructurales más graves y uno de sus argumentos es que para los 16.000 reclusos solo hay 6 abogados, lo cual retrasa el trámite juidicial.  

Por otro lado, el concejal Armando Gutiérrez destaca que los centros penitenciarios deben enfocarse en su función social de resocialización: "La reincidencia es una de las razones por las que los presos están en condiciones de hacinamiento y se da porque no hay un verdadero acompañamiento en su rehabilitación para que no vuelvan a cometer delitos". 

Si bien se han desarollados algunas actividades para esta población, varios concejales denuncian que la mayoría quiere estudiar o vincularse a alguna actividad deportiva, artística o de construcción de la memoria, pero estos programas no alcanzan a cubrir ni al 3 por ciento de las personas privadas de la libertad. 

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En Colombia hay 115.792 privadas de la libertad y el hacinamiento supera el 365 por ciento, situación que ya ha sido denunciada, entre otros, por los alcaldes de Medellín y Cali. Y en países como México, Nicaragua y Honduras la situación es similar. Si a los Estados a veces les cuesta garantizar los derechos de las personas que no han cometido delitos, cuánto más de aquellos que han infringido la ley.