Contraloría encontró irregularidades en el uso de recursos para víctimas del conflicto

La Contraloría General de Colombia advirtió que encontró irregularidades en el uso de los recursos de las víctimas del conflicto. El ente de control realizó una auditoría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y encontró que se hicieron pagos de indemnizaciones y ayudas para víctimas del conflicto "de manera indebida a terceras personas".

Entre las irregularidades, el ente de control encontró falsificación de documentos para darles los pagos a personas a las que no les correspondía. Esta conducta fue reportada a la Fiscalía, ya que constituiría un delito.

Puede leer: Una nueva esperanza para los familiares de desaparecidos

El organismo encontró que en 2017 se realizaron unos 90 pagos por más de 72 millones a 100 personas que se aprovecharon de fallas en las estrategias de control para apropiarse del dinero.

En ese mismo lapso de tiempo, se pagaron 95 indemnizaciones a personas muertas, por 1.500 millones de pesos , a través de giros bancarios.

Le recomendamos: “La Unidad de Búsqueda de Desaparecidos debe servir para aliviar el sufrimiento de las familias”: Luz Marina Monzón

La administración de proyectos productivos también dio un saldo rojo, con pérdidas por más de 2.000 millones. En el caso de la indemnización a víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares que se desmovilizaron en el 2005, se encontró que los victimarios entregaron bienes que no eran de ellos o que no servían para reparar a las víctimas.

De acuerdo a la alerta fiscal, algunos pagos de indemnizaciones o ayudas humanitarias destinados a las víctimas fueron entregados de manera indebida a terceras personas. La razón estaría en el registro y el cruce de información o por presuntas conductas como la falsificación de documentos. La suma estaría cercana a los $60 millones de pesos.

Además, se encontraron 70 inmuebles entregados al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) por los bloques Cacique Nutibara y Tolima de las Autodefensas, así como por la Casa Castaño, que en realidad "no pertenecían a los victimarios, por lo que no han debido restituirse".

Puede interesarle: La díficil tarea de cumplir con el posconflicto

Según la Contraloría, de los 1.027 inmuebles bajo custodia del Fondo, el 58%, en su mayoría rurales, se encontraban sin administración, lo que constituye un riesgo de pérdida. Estas irregularidades encendieron alarmas debido a que la Uariv es una entidad clave en el posacuerdo y la reparación a las víctimas.

De Agencia Anadolu