Hallazgos de la Contraloría en la Universidad Militar dejan escandaloso informe sobre la pasada administración y sus directivas

El listado de irregularidades que identificó la Contraloría en la pasada administración de la Universidad Militar, bajo la rectoría del general en retiro Fernando Puentes y que fueron advertidos por los sindicatos de la institución, ahora tienen alcance penal. El ente de control fiscal, por solicitud de la misma Universidad, hizo un barrido por los contratos y, al parecer, encontró mucha mugre escondida.

En diciembre de 2023 la Contraloría redactó y entregó el informe de auditoría financiera realizado a la Universidad Militar Nueva Granada con vigencia de 2022 y los resultados fueron escandalosos. Entre los hallazgos fiscales se advierte al menos uno con carácter penal, que abre nuevas líneas de investigación en la Fiscalía por las presuntas irregularidades en millonarios contratos que se firmaron en la Universidad.

“La CGR, en el ejercicio de la auditoría financiera a la vigencia 2022, evidenció que la Universidad y la actual administración no cuentan con documentación y/o soportes que dieran cuenta de la ejecución de los contratos, contabilidad y sobre el presupuesto de la misma entidad, situación que ocasionó que en reiteradas veces la Contraloría oficiara a la Universidad para que allegaran dicha información, encontrando y como se evidencia en las observaciones, que no contaban con insumos suficientes”, señala el informe de la Contraloría.

El ente de control advierte de una serie de contratos que firmó la Universidad, con el general en retiro Puentes como rector. Entre los beneficiados de esos contratos se incluyó a la asociación de egresados de la misma Universidad, identificada como Fedegranadinos y que dejaron algunos vacíos en materia de cumplimiento de los requisitos legales para la ejecución de los mismos.

“Lo que genera incertidumbre sobre los efectos legales que para la Universidad puede representar el no pago oportuno de sus obligaciones. De igual forma, se genera incertidumbre sobre si los pagos efectuados a Fedegranadinos bajo la ejecución del Acuerdo N.° 10 a la fecha, debían o no ser sujetos de este impuesto”, advirtió el informe de la Contraloría.

En lo que encontró la Contraloría, se anticipa buena parte de los comunicados y denuncias de los sindicatos de la propia Universidad, incluso algunos funcionarios que estaban pendientes de la administración del general en retiro Fernando Puentes, sobre la falta de control en la adjudicación y ejecución de los contratos firmados con la asociación de egresados de la institución.

“Hallazgo por debilidades en la supervisión, deficiencias en el control, verificación y seguimiento de la ejecución contractual de órdenes, convenios y contratos que generan riesgo de incumplimiento de los objetos contractuales y de las obligaciones de los contratistas”, señala el informe.

Insiste la Contraloría que las respuestas del exrector y de la propia Universidad resultan insuficientes para explicar de manera detallada lo que estaba ocurriendo al interior de la institución y relacionado con los contratos firmados durante la vigencia 2022, que ahora son materia de verificación.

“Revisadas y analizadas, la respuesta, tanto de la UMNG, como la enviada por el exrector, no desvirtúan la observación, puesto que la respuesta de la UMNG es que no tienen insumos como debatir la misma y que de manera inmediata harán acciones de mejora para que situaciones como la descrita en las observaciones, no se vuelvan a repetir”, señala el documento conocido por SEMANA.

Los hallazgos de la Contraloría hacen parte también de unas indagaciones adelantadas por la Procuraduría y, en particular, los de relevancia penal fueron trasladados a la Fiscalía para avanzar en nuevas líneas de investigación, que se suman a una denuncia presentada por la propia Universidad para verificar lo que ocurrió en el último cuatrienio.