Hallazgos fiscales en la alcaldía de Bucaramanga por pérdida de luminarias. El daño fue valorado en $23.442 millones

La desaparición de unas luminarias que la ciudad de Bucaramanga tenía guardadas en dos bodegas y que correspondían a la actualización del alumbrado público (con el objetivo de cambiar bombillos incandescentes por LED), se ha convertido en un dolor de cabeza para la administración del alcalde Jaime Andrés Beltrán.

Todo comenzó en el primer trimestre de este año, cuando las luminarias antiguas y otras nuevas LED, que estaban guardadas en dos bodegas del municipio ubicadas en un sitio conocido como la Puerta del Sol y en un colegio en el norte de Bucaramanga, empezaron a ser retiradas de manera irregular. “Se hizo un proceso administrativo interno para darlas de baja. No hubo una oferta pública para poner en consideración a través de una subasta o a través de una licitación la adquisición de estas luminarias por parte de particulares o de terceros y, por el contrario, fueron retiradas de manera irregular”, explica el excandidato a la gobernación de Santander, Emiro Arias, quien ha alertado sobre este caso en sus redes sociales y también lo denunció ante la Fiscalía.

Su preocupación se basa en que encontró que “quien orquesta todo el retiro de la chatarra, es el hermano de la esposa del alcalde, de nombre Oscar Ramírez y lo articula con un encargado de la alcaldía que acepta todas las disposiciones, sugerencias y órdenes que da el cuñado del alcalde para retirar chatarra”, precisa.

El caso llegó a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, donde se hizo una queja por la pérdida de las luminarias y el ente de control concluyó el viernes 22 de noviembre que hay un daño fiscal, pues el valor de las luminarias embolatadas es de aproximadamente 23.422 millones de pesos.

Según la Contraloría, los bienes presuntamente perdidos, no se pueden catalogar como residuos de actividades que desarrolla la administración, pues en ningún momento del proceso auditor se logró demostrar que hacían parte de un proceso de chatarrización, ni tampoco que hubiesen sido declarados en baja contable. “Lo cierto es que, en las bitácoras de las empresas de vigilancia se logra demostrar que el retiro de material de alumbrado público se llevó a cabo en la vigencia 2024″, sostiene el informe del organismo, el cual concluyó que “se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal”.

Los involucrados

Paralelo al proceso en la Contraloría regional, corre la demanda penal que interpuso Arias junto con Edgar Mauricio Díaz Millán, un experto en el tema de alumbrado público. La querella es contra el alcalde Jaime Andrés Beltrán; su secretario de Infraestructura, Jorge Alejandro García, como ordenador del gasto y otros tres funcionarios por la pérdida de los elementos almacenados en las bodegas de Alumbrado Público.

“A ellos se les ha solicitado información al respecto y han incurrido en imprecisiones de tiempo, modo o lugar en sus respuestas, llevando a confrontar algunas de ellas, donde se ha mencionado a Oscar Ramírez (hermano de Paula Ramírez esposa del alcalde), lo cual nos lleva a concluir que se pueden tipificar los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad material en documento público y concierto para delinquir”, reza el texto de la demanda.

Este proceso ya lleva tres meses en la Fiscalía y Arias espera que con el informe de la Contraloría y otras pruebas que ellos adjuntaron como audios y fotos, se pueda avanzar más rápido. Agrega que es una situación similar a la que ocurrió con el también exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, quien el pasado 21 de noviembre fue condenado a 17 años y 11 meses de prisión.

La investigación contra Bohórquez tardó unos ocho años y se originó en contratos por 17.000 millones de pesos que entregó a miembros de la iglesia cristiana Manantial de Amor durante su administración, entre 2013 y 2016. Entre esos contratos estaba el tema de alumbrado público.

Arias dijo que la oficina de alumbrado público de Bucaramanga se ha prestado para malos manejos, “porque recauda cerca de 120.000 millones de pesos al año y hace contrataciones amañadas, debido a que es un ente descentralizado”.

Agregó que considera el caso actual un déjà vu de Bohórquez, pues en él también estuvieron involucrados el secretario de infraestructura, el jefe de la oficina de alumbrado público y el cuñado del entonces alcalde, quien fue el contratista. “Ahora tenemos los mismos protagonistas 17 años después”, se lamenta.