Hambre, abandono del Estado e inducción a la prostitución: el grave panorama que encontró la Procuraduría en la comunidad indígena nukak, en el Guaviare

La crisis en el departamento del Guaviare reviste una gravedad absoluta. A esta conclusión llegó la Procuraduría General después de realizar una inspección en la región, atendiendo los llamados de la comunidad que se siente abandonada por el Estado y en una situación de riesgo constante.

Los reclamos de la comunidad indígena nukak, que se ha visto obligada a migrar hasta el municipio de Agua Bendita por diferentes factores, han sido ignorados por las autoridades. En la actualidad, se encuentran en una situación calamitosa que los lleva cada día más hacia la extinción.

Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, advirtió que tras escuchar a la comunidad se identificaron graves problemáticas, entre las que se encuentran: falta de agua potable, problemas en el acceso a la salud y alimentación, fallas en el saneamiento básico e inducción a la drogadicción y a la prostitución.

Niños, jóvenes y mujeres se han visto obligados a ejercer acciones alejadas de la legalidad para así poder comer, puesto que no encuentran una fuente para aprovisionarse y sobrevivir. “Tristemente, hemos observado más de 60 menores en unas condiciones que no son adecuadas”, precisó el procurador delegado.

Por esto, hizo un reclamo ante la falta de presencia estatal y a las autoridades departamentales, advirtiendo que no han tenido contacto o comunicación alguna con la comunidad indígena. “Por tal motivo, le hacemos un llamado al Gobierno nacional para que venga al territorio, atienda a esta población y empiece a solucionar todos los inconvenientes que se encuentran más que identificados”.

En la inspección se encontró que muchos de los indígenas van hasta la cabecera del municipio a ejercer actividades como la prostitución “por la falta de alimentos. Son una comunidad cazadora y no cuentan con acceso a los alimentos, esto ha generado enfrentamientos con colonos de predios colindantes para acceder a alimentos, por falta de acceso a los mismos”.

Para el procurador Sarmiento, la situación “es muy triste” y ya se “desbordó”, por lo que es necesario la presencia de todas las autoridades. “San José del Guaviare es un municipio de sexta categoría, por lo que no tiene cómo dar una solución de fondo a lo que estamos evidenciando”.

Recordó que la Corte Constitucional ha sido reiterada en señalar que la comunidad indígena nukak se encuentra en vía de extinción por la falta de atención estatal.

La grave denuncia por abuso sexual

En la Procuraduría están las declaraciones que rindieron algunos militares, ahora testigos en la investigación por presuntos hechos de abuso sexual en contra niñas indígenas en el departamento de Guaviare y que comprometen justamente a uniformados del Ejército Nacional.

Los hechos ocurrieron, de acuerdo con la declaración, entre el 12 y 15 de septiembre de 2019, cuando se reportó la desaparición de una menor indígena de la etnia nukak maku. De acuerdo con un soldado, que entregó su declaración a la oficina de disciplina del Ejército, algunos compañeros advirtieron que tenían una “guajiva” y que varios sostenían relaciones sexuales con ella.

“Le fue a decir a otro compañero que arriba andaba una guajiva y que subiera para que se la comiera, pero el compañero dijo que él no iba a subir, que él no se metía en esos problemas; de ahí se fueron como 6 y los 6 andan ahí metidos”, así quedó reseñada la declaración de un soldado que se convirtió en testigo de los hechos.

Las declaraciones están en poder de la Procuraduría y hacen parte del proceso que justamente se abrió en 2019, con la reseña exacta de un presunto caso de abuso sexual que dejó a cinco militares: un sargento, un cabo y tres soldados, en medio de un proceso, que a decir verdad, no concluyó en nada.

“Por hechos acontecidos en la base de Charras, en el cual resulta una menor, indígena, de la comunidad nukak, quien al parecer desapareció aproximadamente por cuatro días y presuntamente la tenían retenida unos soldados pertenecientes a la compañía ASPC4″, señala el documento que está en poder de la Procuraduría.

En las declaraciones, los militares entrevistados contaron detalles de lo que, en criterio de delegados de las Naciones Unidas, era un caso de abuso sexual, incluso de secuestro de una niña que estuvo bajo intimidación, en una sede militar y en contra de su voluntad. Sin embargo, lo que aparece en esos testimonios es una versión distinta.

“Esa misma noche, allá arriba la cogieron y la metieron en un matorral que está al frente de la guardia y luego fue que ahí, al otro día, empezaron los rumores… Yo solamente vi una vez a la peladita, una vez que salí a llamar a las 19:00 horas y se quedaba como hasta las 3:00 a. m.”, dijo el solado en su declaración, en la misma que explicó cómo la niña llegaba a la sede militar y esperaba a los uniformados.

En los documentos obtenidos por SEMANA también aparece una declaración de un mayor, comandante de los soldados, el sargento y el cabo que aparecieron implicados en todo esta investigación. Allí, asegura el mayor, que una vez conocidos los hechos, ordenó abrir las investigaciones y dispuso ante las autoridades a los uniformados implicados.

“Lo plasmé en el informe en base en la declaración de los dos soldados que me informaron, los cuales se enteraron personalmente, ya que ellos manifiestan de que en ese momento, en horas de la noche, había alrededor de 4 o 5 soldados en el sector de La Vara llamando”, dijo el mayor en su declaración.

En los documentos también aparece un informe de investigación de campo, ordenado por una fiscal seccional en Guaviare y que cumplieron los funcionarios de policía judicial. Los investigadores adjuntaron varias fotografías del lugar de los hechos donde, supuestamente, ocurrieron los abusos en contra de la niña. Toda esa documentación se complementó en un proceso que, hasta hoy, no conoce resultados.