Hasta 60 años de cárcel para quien mate un policía, dice proyecto de ley que está a punto de aprobarse

El proyecto de ley de seguridad ciudadana del Gobierno tuvo un gran avance en la Cámara de Representantes este lunes, luego de que fuera aprobado con 102 votos a favor y solo 22 en contra, tras varias horas de discusión que se alargaron hasta casi la medianoche.

La iniciativa pretende aumentar penas privativas de la libertad a quienes cometan hurtos urbanos y delitos relacionados, así como a quienes atenten contra los bienes públicos y las autoridades.

Pero hay un artículo que ha llamado la atención y es que se establece que quienes cometan asesinato contra uniformados de la Policía podrían pagar una pena entre los 41 y los 60 años de prisión.

En medio del paro de comienzo de este año dos uniformados fallecieron, el capitán Jesús Alberto Solano en Soacha y el patrullero Juan Sebastián Briñez en Cali, y 1.364 resultaron lesionados en medio de sus funciones.

Se trata del artículo 8 que en esencia modifica el artículo 104 del Código Penal que habla de las circunstancias de agravación de una pena cuando se trata de un asesinato. Lo que se aprobó en la Cámara es que la pena será de 500 a 700 meses de prisión cuando la conducta se cometa a un miembro de la fuerza pública que esté en el cumplimiento de sus funciones.

Este y otros artículos despertaron polémica en la oposición, quienes argumentan que se estaría atacando el derecho a la protesta social. Del otro lado están quienes concuerdan con la idea del Gobierno de que estas prácticas están alejadas de ese propósito y que deben ser fuertemente sancionadas.

Por ejemplo, también se habla del delito de “obstrucción a la función pública” y hace referencia al hecho de que funcionarios públicos intercedan en procedimientos policiales como sucedió en medio del paro con congresistas, especialmente de oposición que intercedieron para que las autoridades no procesaran a ciudadanos retenidos.

“El Proyecto de ‘seguridad ciudadana’, del gobierno Duque, se debe llamar el proyecto Turbay, porque revive el trágico Estatuto de Seguridad. Legaliza el fusilamiento en las calles de los jóvenes; legitima la justicia por ‘propia mano’ y masacres como la de Llano Verde en Cali”, aseguró Roy Barreras, hoy en el Pacto Histórico.

Quienes apoyaron al Gobierno argumentan que fue un gran paso para garantizar que no se repitan de nuevo los hechos de violencia que se vivieron en varias ciudades en medio del paro.

El representante Christian Garcés del Centro Democrático recalcó que se establecerán mayores sanciones en lo que se refiere a bloqueos y violencia contra bienes y servidores públicos y privados.

“Se deja claro el derecho a la legítima defensa en nuestra legislación, dándole el beneficio, el privilegio a la persona que es amenazada en su integridad por alguien que invade su propiedad, como es el caso de la vivienda, de su negocio comercial, o inclusive su vehículo”, aseguró el congresista.

Este punto fue denominado por la oposición como “el artículo Andrés Escobar”, porque dicen que permitiría que se repita el episodio por el que Escobar fue imputado por la Fiscalía por presuntamente haber disparado contra manifestantes en Cali en medio del paro.

Mientras que los miembros de la oposición calificaron la iniciativa como “populismo punitivo”, muchos han reconocido el esfuerzo del Gobierno y de los congresistas que la sacaron adelante previniendo que se pueda llegar a presentar otra situación como la del paro de este 2021, que dejó no solo afectaciones en la vida de varias personas, sino pérdidas económicas y de infraestructura que tuvieron dificultades para recuperarse debido a los bloqueos y hechos vandálicos.

“Hoy podemos decir que por fin ese clamor de la reincidencia esté quedando aprobado en esta cámara y que estará a un debate en pocas horas de ser ley de la república es un mensaje que había esperado la ciudadanía hace mucho tiempo”, recalcó el ministro del Interior, Daniel Palacios.

El ministro criticó que hay políticos que hablan y cuestionan la inseguridad pero que cuando votan los proyectos “les tiembla el voto”. “Es más importante salir a hacer política barata que salir a dar resultados, cómo es que por fin la reincidencia en Colombia se vaya a sancionar”, puntualizó Palacios.

Al proyecto le falta ahora la discusión en Senado para que quede aprobado. Este martes a la 1 p.m. ya fue citada la plenaria de esa corporación que deberá estudiar el texto. Si se aprueba, luego habrá una conciliación entre ambas corporaciones y posteriormente pasará a sanción presidencial.