Hasta el presidente de la Corte Constitucional debe pedir tutelas a EPS por medicamentos: esta es la grave situación que denuncia

Desde hace algunos meses, la situación del sistema de salud se ha vuelto más precaria y los pacientes han sido los más afectados con los distintos cambios en las EPS. Uno de los efectos ha sido el desabastecimiento de medicamentos y la poca disponibilidad de algunas referencias para enfermedades o patologías específicas.

Hace poco más de un mes el Invima se pronunció sobre la problemática y el plan de acción que se ha tomado desde el Gobierno para atender el desabastecimiento. Estos atribuyeron la situación a problemas estructurales en la fabricación de los medicamentos y el reporte tardío de los fabricantes sobre la disponibilidad de estos.

Una nueva denuncia sobre una grave situación con la entrega de medicamentos se conoció hace algunas horas, en boca del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes.

En una entrevista en Noticias RCN, Reyes aseguró que lleva afiliado a una EPS con medicina prepagada desde el año de 1997 y que hasta hace muy poco nunca había tenido que interponer una tutela para exigir la entrega de sus medicamentos. Sin embargo, en los últimos dos meses ha tenido que interponer dos acciones por la omisión de la entrega de sus medicinas.

“Yo creo, por mi caso particular, que será el de muchísimos colombianos, que es verdad que las cosas pueden no estar funcionando como nosotros quisiéramos”, comentó. Además, aseguró que son miles las demandas que llegan al alto tribunal, lo que quiere decir una alta demanda de justicia en el sector de salud.

“Las tutelas de salud siempre van al alza y digamos que cuando los sistemas se tornan deficitarios, pues estas crecen”. Se estima que mensualmente al alto tribunal llegan entre 60.000 y 90.000 tutelas reclamando derecho a la salud.

Quejas disparadas y pérdidas en aumento: la intervención a las EPS no funcionó

El sistema de salud en Colombia está hecho un caos. No sirvieron las intervenciones a las EPS, con las que el Gobierno prometió mejorar el servicio para los usuarios. Tampoco funcionó que la mayoría de ellas se arrodillaran ante la Casa de Nariño. Las denuncias de posible corrupción contra ciertas prestadoras avanzan en las autoridades competentes. Han pasado cinco meses desde que el Gobierno Petro puso en marcha un plan para intervenir las principales EPS.

La Superintendencia Nacional de Salud lo hizo bajo dos argumentos principales: un grave deterioro del servicio, reflejado en miles de quejas de usuarios, y que las entidades no cumplían con indicadores financieros.

Amenazó y cumplió: el 2 de abril de este año, Sanitas, la EPS privada más grande del país, vivió una intervención forzosa administrativa. Una semana después cayó Nueva EPS. El 10 de abril, el turno fue para Servicio Occidental de Salud (SOS). Así, con la toma de estas EPS –además de las que ya vivían procesos similares, como Emmsanar, Savia Salud, Famisanar y Asmet Salud–, Petro tiene en sus manos la salud de 26 millones de colombianos. De esa cifra, forman parte 800.000 maestros del magisterio, que viven un verdadero viacrucis para acceder a servicios a través del Fomag. El remedio ha resultado peor que la enfermedad.

SEMANA consultó con expertos, médicos, pacientes y veedores, y recorrió hospitales, IPS y sedes de las entidades. Las intervenidas muestran casos dramáticos y números en rojo: las quejas se dispararon y los estados financieros son incluso más graves desde que pasaron a ser manejadas por el Gobierno. En materia de reclamos, la Superintendencia Nacional de Salud emite reportes mes a mes.

El más reciente, publicado en septiembre y con corte a julio, muestra que los requerimientos presentados por usuarios subieron significativamente en EPS intervenidas, pese a que son administradas por agentes interventores nombrados por la misma entidad vigilante.

Los datos más recientes dejan ver un total de 928.268 quejas, comparadas con las 816.555 que hubo para el mismo período de 2023.