Nación
Hasta insecticidas “chiviados” descubrió la Fiscalía en un operativo
Al menos 10 personas fueron capturadas por falsificar productos para la industria del agro.
Falsificar un par de zapatos, claramente, no tiene el mismo impacto que adulterar precursores químicos, según la Fiscalía las consecuencias de usar estos elementos “chiviados” va más allá de estafar a empresarios y campesinos que los compran: “Destrucción de cosechas, efectos adversos en los alimentos, riesgo inminente para la salud humana y contaminación de los recursos naturales serían algunas de las consecuencias graves e irreversibles”.
La Fiscalía adelantó una investigación que al final dejó al descubierto una red criminal que desde hace varios años se enfocó en buscar la forma de estafar a los empresarios y campesinos a través de la venta de precursores químicos destinados al agro. Al menos diez personas integraban esta organización fueron capturados en un operativo de la Fiscalía, con el apoyo del Gaula Militar en las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta y Bogotá.
#ATENCIÓN | Trabajo articulado de #Fiscalía, @ICACOLOMBIA y @GaulaMilitares permitió desarticular red delictiva señalada de elaborar y comercializar agroquímicos falsos. Fueron capturadas 10 personas e incautadas 50 toneladas de insumos, maquinaria y producto terminado. pic.twitter.com/uoawqWXX33
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 30, 2021
“En 19 diligencias fueron incautadas más de 50 toneladas de precursores líquidos y sólidos, producto terminado y maquinaria. Los procedimientos contaron con el apoyo del Gaula Militar y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que otorgó el concepto técnico sobre la legalidad, calidad y autenticidad de los insumos que fueron materia de inspección”, dijo la Fiscalía al advertir que los 10 capturados fueron judicializados.
De acuerdo con el material probatorio que recaudó la Fiscalía a lo largo de esta investigación, se pudo establecer que los químicos llegaban de contrabando desde Venezuela, algunos ya vencidos y los escondían en casas de familia en zonas de frontera. en en en esas viviendas empezaban a mezclar los químicos para rendir los además de cambiar las fechas de caducidad para empezar su transporte y comercialización.
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“En casas de familia y bodegas, supuestamente, las mezclaban y rendían indiscriminadamente con distintos elementos tóxicos, las envasaban y rotulaban como herbicidas, fungicidas e insecticidas. Posteriormente, las comercializaban y enviaban a diferentes puntos del país en buses intermunicipales, vehículos de transporte escolar o como encomiendas”, explicaron los investigadores en las audiencias de imputación de cargos.
El problema para los delincuentes es que muchos de estos elementos químicos tenían altos esquemas de seguridad, en materia de identificación, por eso acudieron a litografías y allí diseñar, manipular o cambiar las etiquetas sellos y todas las características de identificación, para completar su comercialización en las ciudades donde tenían injerencia.
“De acuerdo con el material de prueba, al servicio del andamiaje ilícito había litografías dedicadas a simular las etiquetas, sellos y distintos mecanismos de seguridad de marcas reconocidas en el sector agropecuario; así como fábricas de empaques plásticos, tapas, cajas y todo lo necesario para darle la apariencia de autenticidad a las falsificaciones”, señaló la Fiscalía tras informar de qué manera fueron capturados los responsables de esa adulteración de químicos.
Los investigadores también documentaron cómo la organización incluso creó empresas para servir de fachada y evitar el seguimiento de las autoridades, además de obtener los permisos para el transporte y comercialización de esos precursores químicos.
“Los indicios dan cuenta de que los productos alterados o fraudulentos habrían sido vendidos a distribuidores y agricultores de la Costa Atlántica, los Llanos Orientales, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Huila y Arauca, entre otras zonas”, dijo la Fiscalía.
Los investigadores recaudaron el material probatorio y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, imputó cargos por fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, usurpación de derechos de propiedad industrial, y concierto para delinquir.