Hasta un perro antidrogas de la Policía resultó enredado en tráfico de estupefacientes

Una investigación de varios meses, a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico, permitió identificar la forma, el tiempo y lugar que una organización criminal usó para completar el tráfico de estupefacientes, desde Colombia hasta Centroamérica y Europa. El negocio ilícito fue posible, según la Fiscalía, con la colaboración de varios uniformados y hasta un perro antidrogas de la Policía en la ciudad de Santa Marta.

Los investigadores identificaron una red delincuencial que logró enviar toneladas de cocaína a México y España desde el puerto de Santa Marta. Les hicieron seguimiento y descubrieron que los cargamentos de droga se escondían en mercancías acopiadas en los puertos del departamento de Magdalena, supuestamente vigilados y verificados por la Policía.

Se estableció que los uniformados de la Policía, que se encargaban de revisar y garantizar que la mercancía, lista para exportación, estuviese libre de sustancias ilícitas, fueron los mismos que permitieron la contaminación de esos contenedores, que metieron, camuflaron o escondieron la droga, en lugar de evitar el tráfico de sustancias ilícitas.

“La Fiscalía General de la Nación, en una labor investigativa y operativa articulada con la Policía Nacional, identificó y logró la captura de cuatro integrantes de la Policía, quienes estarían al servicio de una red transnacional narcotraficante”, dijo María Elena Monsalve Idrobo, directora especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía.

Los cuatro policías fueron identificados como: el intendente Luis Fernando Ramírez y los patrulleros Jesús Armando Bermeo, John Jairo Suárez y Óscar Javier Romero, todos capturados en operativos simultáneos en los municipios de Puerto Giraldo, Atlántico, Cúcuta en Norte de Santander y Girardot, Cundinamarca.

El intendente, según la Fiscalía, se encargó, como comandante, de reclutar a los trabajadores de los puertos y convencerlos de permitir la contaminación de los contenedores con la droga. Era el intendente quien también recibía el pago de la organizaciones criminales y la repartía entre los otros uniformados, menos con el canino antidrogas que al final también participó, bajo la manipulación de su guía, en la cadena criminal.

“En las investigaciones se constató que los uniformados, encargados de las labores de inspección en la plataforma de la terminal marítima, habrían recibido sumas de dinero para no cumplir con sus funciones y facilitar el paso de las cargas contaminadas con estupefacientes”, dijo la Fiscalía.

El patrullero Bermeo era el encargado, junto a su compañero de patrulla, un canino antidrogas, de revisar los contenedores y según los investigadores, manipuló el entrenamiento del perro para que al pasar junto a la droga no la detectara, “al parecer, alteró el entrenamiento de su canino para que no hiciera la señal de alerta cuando detectaba la presencia de sustancias ilícitas en los contenedores”, señaló la fiscal Monsalve.

Los otros dos patrulleros eran los encargados de hacer recorridos, revisar e identificar situaciones extrañas que ameritaran una revisión más detallada, justamente lo que no hicieron. Ellos tenían la información del momento, lugar y en qué mercancía llegaría la droga a traficar. Garantizaban que las sustancias ilícitas pasaran sin problema e incluso evitaban que otros uniformados se acercaran a revisar.

Los cuatro policías fueron judicializados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cargos que no fueron aceptados por los policías, pero que fueron suficientes para que un juez los enviara a la cárcel por considerar que son un peligro para la sociedad y el proceso.