“Hay hostigamiento del magistrado César Reyes”: Comisión de abogados europeos advierte persecución jurídica en Caso Uribe

“Según la última información que hemos recibido, el abogado Víctor Mosquera Marín sigue siendo víctima de persecución y hostigamiento judicial arbitrario. Se informa que, a pedido del magistrado César Reyes, el presidente de la Sala Especial de Instrucción interpuso otra denuncia contra el abogado Víctor Mosquera Marín ante la Comisión de Disciplina Judicial de Colombia, solicitando una investigación disciplinaria con el objeto de sancionar al abogado con el retiro o suspensión de su tarjeta profesional de abogado”.

De esta manera, el Consejo de Abogacía Europea señala que existe persecución o, en otras palabras, hostigamiento en el denominado Caso Uribe. Especialmente, dicha persecución con sesgo -señala- se estaría evidenciando en esas decisiones contra el equipo de abogados del expresidente.

El documento está dirigido al presidente Iván Duque y firmado por James MaGuill, presidente del Consejo de Abogacía Europea.

“Entendemos que la denuncia contra el abogado Víctor Mosquera Marín fue interpuesta nuevamente como represalia por su labor como abogado. Se informa que la denuncia fue realizada poco tiempo después de que el abogado Víctor Mosquera Marín informara al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre las graves y severas violaciones a las garantías judiciales del señor Musa Besaile Fayad perpetradas por la Corte Suprema de Justicia de Colombia”, dice el documento.

Sobre esto, el texto -conocido en primicia por SEMANA- argumenta que el magistrado César Reyes fue asignado por la Corte Suprema para responder a la denuncia hecha por el abogado Víctor Mosquera Marín ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

¿En qué va el caso?

Hace apenas un par de semanas, con una extensa lectura, la jueza 28 penal de conocimiento explicó las razones de su decisión de no precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe y de ordenar continuar las indagaciones, ahora en etapa de juicio, como lo pidieron las víctimas de este proceso.

La jueza inició resaltando cómo comparte la posición de la judicatura sobre la indagatoria que rindió el expresidente ante la Corte Suprema de Justicia y cómo la misma es equiparable a la imputación de cargos en la Ley 906. Esta fue la instancia que acogió el proceso luego de la renuncia de Uribe a su fuero como senador. Para la jueza, no hay duda al respecto y, por tanto, comenzó su decisión descartando las dudas.

Es claro para la jueza que la petición de la Fiscalía debía estar debidamente sustentada, no solo en su larga exposición, sino en el material probatorio que era su responsabilidad entregar en la misma solicitud. Para el caso, en criterio de la jueza, no fueron suficientes, en ese propósito de probar los requisitos mínimos de la preclusión.

“Igual que respecto de la misma no exista duda o posibilidad de verificación contraria con un mejor esfuerzo investigativo, bajo ese entendido la Corte también ha indicado que la preclusión, sólo será viable cuando el peticionario, en este caso la Fiscalía, acredite argumentativa y probatoriamente que, primero, se han agotado plenamente las posibilidades investigativas y segundo, que la causa invocada está configurada más allá de cualquier duda” (sic), dijo la juez.